Ningún crimen contra un juez, fiscal o auxiliar de la justicia quedará impune.
El 10 de mayo de 2022 fue un día desolador para la justicia. Sicarios asesinaron al fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini, mientras estaba con su esposa, disfrutando de su luna de miel, en la isla de Barú.
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“Con lo sucedido, la majestad de la justicia y la institucionalidad de la lucha contra el crimen en el mundo tiene de frente un reto de enormes proporciones y repercusión…”.
Por sus características, el crimen cometido era una operación internacional y el mensaje recibido, claro. La delincuencia iba a vengarse contra quien los enfrentara, sin importar frontera geográfica alguna.
Con lo sucedido, la majestad de la justicia y la institucionalidad de la lucha contra el crimen en el mundo tiene de frente un reto de enormes proporciones y repercusión: demostrar que quien atente contra cualquier persona del aparato de justicia será perseguida, capturada y sometida para que pague por su crimen.
Aquí no puede haber lugar a equívocos. Hay seres humanos que por su trabajo y papel en la sociedad deben gozar de especial protección y respaldo, sin límite alguno.
Las personas vinculadas con la justicia y en especial investigadores, fiscales y jueces junto con las fuerzas de seguridad, que luchan contra el crimen organizado, pertenecen a esta categoría.
Los Estados deben emplearse a fondo, no solo para protegerlos, sino también para someter ante la justicia a quien se atreva a ejecutar una acción criminal contra alguno de ellos. Esta máxima debe regir en todos los países.
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“En el caso del fiscal Marcelo Pecci, la Fiscalía y la Policía colombiana hicieron honor a esa máxima y no fueron inferiores a la responsabilidad que enfrentaban”.
Si se concreta una amenaza contra la integridad de un fiscal, de un juez o de un auxiliar de la justicia que persigue el crimen, no debe haber descanso hasta capturar a los autores materiales y a los determinadores. No importa dónde cometan el crimen, cómo lo cometan o cuánto cueste perseguirlo, este no debe quedar impune.
Que la próxima vez que un narcotraficante o delincuente de cualquier tipo quiera hacerle daño a quien lo persigue, no solo lo piense dos veces, sino que desista, porque podría ser el segundo peor error de su vida. El primero fue haber escogido el camino de la ilegalidad como forma de vida.
En el caso del fiscal Marcelo Pecci, la Fiscalía y la Policía colombiana hicieron honor a esa máxima y no fueron inferiores a la responsabilidad que enfrentaban. Trabajaron articuladamente y sin descanso. Veintidós días después del asesinato capturaron a la mayoría de sus ejecutores. El que falta y que se presume escapó a Venezuela, tarde o temprano atenderá el llamado de la justicia.
Las autoridades colombianas apoyadas por las paraguayas estudiaron 120 cámaras de seguridad, analizaron 2500 horas de video, revisaron decenas de registros de líneas telefónicas, recogieron cientos de elementos probatorios entre muchas otras actividades investigativas. Tal fue la contundencia del trabajo de las autoridades y de las pruebas que la mayoría de los capturados aceptaron haber participado en el crimen.
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“El homenaje no será completo ni el mensaje suficientemente contundente sino se logra capturar a quienes ordenaron su muerte”.
El mensaje enviado es claro para los determinadores y los ejecutores del crimen organizado: si van a cometer un crimen en Colombia contra un juez, fiscal o auxiliar de la justicia -sin importar su país de origen-, no va a quedar impune y se perseguirá hasta doblegar y someter ante la justicia a quienes hayan participado en él.
El siguiente paso es continuar con la investigación hasta llegar a los determinadores del crimen del fiscal paraguayo. La Fiscalía colombiana expresó que el mejor homenaje que se le puede hacer a la memoria de Marcelo Pecci es haber logrado la captura de los ejecutores del crimen. Sobre los determinadores, la Fiscalía señaló que continúan las investigaciones y que van por buen camino. El homenaje no será completo ni el mensaje suficientemente contundente sino capturan a quienes ordenaron su muerte.
La efectividad de la Fiscalía y de la Policía colombiana no puede limitarse solo a casos de la importancia del que enfrentaron. Debe, como regla general, primar en todos los escenarios en donde se comprometa la integridad de quienes le sirven a la justicia para defender el estado de derecho de las acciones del crimen organizado.
Días antes del asesinato, Pecci anunció junto con su esposa que iban a tener un hijo. El futuro de él y de las nuevas generaciones dependerá de la capacidad de los Estados de no dejarse amedrentar del crimen organizado. Lo que hizo la Fiscalía y la Policía colombiana es un ejemplo a nivel mundial y debe ser inspiración para continuar protegiendo y apoyando la institucionalidad y la majestad de la justicia.
