Desde que comenzó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Amlo, la estrategia de seguridad en México ha sido la de no enfrentar la violencia con más violencia. Tristemente, cuatro años después, la política de “Abrazos, no balazos” no solo no ha dado resultados, ha aumentado la violencia, expandido las organizaciones criminales y diezmado la capacidad de inteligencia del Estado mexicano. Lo anterior quedó en evidencia esta semana cuando la captura de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo, desató la furia del Cartel de Sinaloa que demostró una vez más que aún tiene el poder de secuestrar una ciudad.
Lo que ocurre en México nos revela mucho sobre lo que podría pasar en unos años si el gobierno colombiano sigue improvisando con su política de paz total. Aunque tanto Amlo como Petro tienen razón en que la guerra contra el narcotráfico fracasó, las treguas sin compromisos verificables, la candidez o el exceso de confianza con el adversario y los acuerdos bilaterales espontáneos, sin negociaciones previas, pueden resultar peores.
Lo cierto es que en Colombia las comunidades más azotadas por la guerra vienen pidiendo hace mucho tiempo que pare la violencia. Desde hace varios años en el Bajo Calima y San Juan, por ejemplo, la fuerza pública, las AGC y el ELN están enfrentadas en una guerra por el control de estos territorios. Las consecuencias han sido una población confinada, desplazada, asesinada y torturada. Según la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, solo para el Medio San Juan, un municipio de 15.000 habitantes, se reportaron 4.004 víctimas durante 2022, mientras para el Litoral de San Juan, otro municipio colindante de 11.000 habitantes, se reportaron 7.973 víctimas en lo corrido del año.
Por esta razón, en el primer ciclo de negociaciones con el ELN se pactó, a mediados de diciembre, la implementación de un plan de alivios humanitarios en estos territorios. Y aunque este sí fue un acuerdo bilateral pactado en la mesa de negociación, la violencia no ha cesado, y las comunidades del Bajo Calima, después de un enfrentamiento entre el ELN y el Clan del Golfo en los primeros días de enero, comenzaron 2023 sin alimentos, medicinas y buscando otra vez a sus muertos en el río.
Son justamente estas personas, que sobreviven en medio de este fuego cruzado, las que saben que los anuncios de ceses bilaterales, o acuerdos humanitarios, cambian poco su realidad mientras no sean acuerdos multilaterales y verificables. De hecho, en una declaración publicada por Colombia 2020, firmada por la Juntanza Humanitaria de Buenaventura, el Consejo Comunitario General del río San Juan (Acadesan) y la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano expresaron que “el medio más importante para frenar la crisis humanitaria en el río San Juan y el río Calima es que se declare un cese al fuego multilateral que involucre a la totalidad de los actores armados presentes en el territorio”.
De nada sirve que la fuerza pública suspenda acciones en contra del ELN (y viceversa), si este grupo no suspende a su vez su confrontación con el Clan del Golfo y los otros grupos armados. Porque cuando dos o más organizaciones armadas se disputan el control de un territorio, como ocurre también en muchos estados mexicanos, la información sobre quiénes son realmente los enemigos se distorsiona y son los civiles los que terminan pagando las consecuencias. Con el agravante de que en el contexto de un cese bilateral la protección del Estado seguramente llegará demasiado tarde.
Los saboteadores en los procesos de paz son frecuentes y numerosos. Esto ha sido ampliamente estudiado por quienes se han dedicado a adelantar procesos de paz. Por esta razón los ceses bilaterales deben ser cuidadosamente diseñados, implementados y verificados. Acompañados siempre de una inteligencia y contrainteligencia nacional estratégica.
La salida en falso del gobierno colombiano al firmar y anunciar los decretos de cese bilateral sin que fueran pactados en las mesas de negociación y sometimiento que adelanta el alto comisionado con las organizaciones armadas, comprometiendo además a la comunidad internacional que acompaña los procesos, muestra un grado de improvisación que no debería tener ningún proceso de paz que pretenda ser exitoso. El país, y en especial las comunidades más vulnerables, necesitan que la paz total se constituya con hechos verificables y compromisos serios. Es un imperativo moral urgente avanzar con responsabilidad en las negociaciones y en los procesos de sometimiento. Son vidas las que se juegan y el apoyo de los colombianos dependerá de la seriedad con que se adelanten. De lo contrario, en unos años estaremos peor que México, con unos grupos armados tan fortalecidos que puedan poner en jaque ciudades enteras.
Más vale que el presidente Gustavo Petro, a diferencia de Amlo, entienda que la búsqueda de la paz es una obligación constitucional y no un instrumento para hacer política. No se ganan adeptos, ni favorabilidad en las encuestas, con anuncios prematuros, vacíos e irresponsables. El camino hacia la paz total es largo y tortuoso. Es ante todo una negociación difícil en la que no puede haber espacio para la improvisación, ni indulgencias de ningún tipo. Y si bien los balazos deben cesar, por ahora tampoco están las garantías para abrazar al enemigo.
