Johana Fuentes
7 Noviembre 2022

Johana Fuentes

No es justo

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Mientras varias mujeres se reunían para protestar por el abuso sexual a una menor de edad en TransMilenio, otra joven de 18 años era violentada de la misma forma en ese sistema de transporte masivo. Ambas estuvieron desprotegidas y fueron revictimizadas. 

Paradójicamente, al siguiente día de la denuncia que valientemente publicó Hilary Castro en sus redes sociales –de no ser así no le habrían prestado atención–, la alcaldesa Claudia López, que en ese momento desconocía el caso, presentaba una rendición de cuentas en la que exaltaba la eficacia del Distrito atendiendo a las víctimas de violencias basadas en género: “Bogotá es también ejemplo en materia de atención a las víctimas de violencia sexual, de violencia intrafamiliar, la línea púrpura, las casas de justicia, todos los servicios de nuestra Secretaría Distrital de la Mujer, de las 12 manzanas del cuidado que están para cuidar a las mujeres de Bogotá”. 

Sin embargo, la Bogotá Cuidadora de la alcaldesa no pudo proteger a Hilary que, a sus 17 años, fue amenazada por un desconocido en una estación de TransMilenio, obligándola a practicarle sexo oral. En el lugar no había policía, pese a que, en el último informe de Seguridad y Convivencia, los delitos en este sistema de transporte hayan aumentado hasta en un 296 por ciento (hurto a personas) y un 100 por ciento (delitos sexuales en estaciones). 

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Tampoco funcionó la línea de atención destinada a este tipo de denuncias, ni la llamada al 123, en la que le preguntaron si el hecho estaba ocurriendo en ese instante y no le brindaron ninguna ayuda. Aunque lo que vivió Hilary fue devastador, decidió acudir ante la Justicia para que este hombre no siguiera atacando a mujeres impunenemente, pero el camino que tiene que recorrer una mujer que quiere denunciar algún tipo de violencia es tortuoso. La pasearon por dos unidades de reacción inmediata y en una de ellas le dijeron que no le recibían su testimonio porque no era algo urgente. ¿Qué tiene que sucedernos para que el sistema judicial considere que es algo importante?

Solo cuando el caso se hizo viral le prestaron atención. Hasta el presidente Gustavo Petro pidió a través de Twitter que se actuara con celeridad: “Hilary fue activista en mi campaña presidencial y fue abusada sexualmente en una estación de TransMilenio. Le solicito a la Policía en la brevedad del tiempo la captura del criminal”. Y así fue, dos días después, el presunto responsable fue capturado.

Hilary se enteró de la captura por los medios de comunicación.  Nadie se comunicó con ella o su abogada: “Cómo se nota que lo único que quieren es un boom, una noticia, generar ese impacto de que sí están haciendo algo y lavarle la cara a la Policía”.

Lamentablemente esta es la excepción y no la regla. No hay confianza en el actuar de las autoridades frente a estas denuncias, para no ir muy lejos, el caso de la universitaria de 18 años que fue abusada en circunstancias similares a las de Hilary. Cuando pidió ayuda en el CAI de la carrera 77 con 11 la respuesta de los agentes de la policía fue que no podían ayudarla porque no había instaurado una denuncia. No hicieron nada para auxiliarla y menos para encontrar al agresor. 

De acuerdo con una encuesta de la Veeduría Distrital, ocho de cada diez mujeres han sido acosadas sexualmente. El. 89,3 por ciento no denunció por la desconfianza en los canales de judicialización de estas conductas y el 62,8 por ciento no conoce los canales de denuncia. 

Lo que les pasó a estas dos jóvenes no son hechos aislados, es lo que nos toca a diario a las mujeres. No es justo que tengamos que vivir con miedo hasta de subirnos al transporte público. Es indignante que cuando esto pasa la mayoría calla, ninguna quiere –después de ser violentada–, ser víctima de la inacción, indolencia y revictimización de la Justicia. Es doloroso que la atención se centre en los daños que deja una protesta y no en el hecho violento hacia la mujer. Tristemente, siempre salimos perdiendo. 

Nota: Juan Pablo González, el presunto abusador de Hillary, fue encontrado muerto en la URI de Puente Aranda. Las autoridades deben aclarar qué pasó y por qué sucedió estando bajo custodia policial. Su muerte no es sinónimo de justicia sino de impunidad.

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