Paola Herrera
27 Marzo 2022

Paola Herrera

No hay ambiente

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Vuelve y juega, el Gobierno nacional atravesándosele a la protección del medio ambiente en Colombia. Mientras el presidente Duque aprovecha cada viaje que hace al exterior para sacar pecho y decir que el país que él administra es ejemplo de sostenibilidad y cuidado de los recursos naturales, sus ministros acá parecen dedicarse a hacer todo lo contrario.

Aunque Colombia tiene un marco normativo muy amplio con relación a lo que no se puede hacer en las áreas protegidas, desde hace cuatro años hemos visto cómo buscan cambiar la ley o no dejan que se creen pautas nuevas, para así abrirle la puerta, no solo a la exploración sino también a la explotación minera, en esas zonas que gozan de un cuidado especial.

El nuevo caso en el que se le quiere poner un palo en la rueda a la protección de ecosistemas lo protagoniza el Ministerio de Energía. Esa cartera envió en los últimos días un concepto al Congreso de la República para que se archive el proyecto de ley que busca adoptar medidas para la efectiva conservación y uso sostenible del patrimonio espeleológico dentro del territorio nacional.

La iniciativa liderada por el senador del Partido Liberal, Iván Darío Agudelo, básicamente tiene como objetivo proteger las cuevas, las cavidades naturales, las cavernas y todos los ecosistemas subterráneos que haya en Colombia y por supuesto su riqueza hídrica, geológica, antropológica, la fauna, la flora, entre otras cosas.

Y aunque el proyecto ya había superado tres de los cuatro debates que debe pasar en el Congreso, (dos en Senado y uno en la Cámara de Representantes) y además había sido aprobado por unanimidad, sorpresivamente y faltándole solo una discusión para ser ley de la república, llega una entidad del gobierno a complicar las cosas.

El Ministerio de Energía justifica su absurda decisión asegurando que esos lugares ya cuentan con una base normativa para su identificación y protección. Sin embargo, dicen que lo que podría hacerse es ingresar esas zonas al registro único nacional de áreas protegidas (Runap).  Eso lo harían a través de una reglamentación que expida el Gobierno y no con un proyecto de ley. Por supuesto, para hacerlo como ellos quieran.

Pero lo que más llama la atención y es verdaderamente preocupante es que en el concepto de la cartera energética se señala que con la iniciativa pueden generarse conflictos en torno a derechos mineros previamente adquiridos, en especial los que están desarrollados en roca caliza y mármol.

Claro, ya entendemos por qué el afán del ministerio para que se archive el proyecto. Evidentemente hay un lobby de algunas empresas mineras que tienen ya interés en explotar la caliza o el mármol que se da en esos lugares. Contar con un marco normativo específico que los proteja sería una limitante para esa industria.

No puede ser que, como lo ha señalado la bióloga y rectora de la Universidad EAN, Brigitte Baptiste, acabemos nuestra rica biodiversidad por hacer cemento o enchapes. Recordemos que con la piedra caliza se hace el cemento gris usado en las construcciones modernas.

Además, ¿es más importante proteger los intereses de las mineras y de las cementeras en Colombia, que el subsuelo del país? presidente Duque, usted recibió un premio por sus políticas medioambientales, hasta escribió un libro sobre el tema. Sus buenas intenciones no pueden ser solo para algunas áreas protegidas, tienen que ser para todas.

Para el senador Agudelo no tiene sentido que se diga que ya existen leyes que protegen el patrimonio espeleológico, pero a la vez se afirme que pueden existir derechos mineros que se afecten con el proyecto de ley.

¿Eso sería entonces reconocer que hubo negligencia estatal porque se permitió exploración y sustracción minera en esos territorios que se supone ya están protegidos? El autor del proyecto también considera lamentable que sigan prevaleciendo los intereses de las empresas mineras sobre la protección del medio ambiente.

Y es que justamente esos intereses parece que se defienden por encima de todo. No olvidemos el otro reciente y grave caso en el que el propio Ministerio de Ambiente expidió la resolución 110 del 28 de enero de 2022 con la que se levantaron las restricciones de proyectos mineros en reservas forestales.

La cartera de Ambiente, que se supone debería trabajar por la protección de esas zonas, reconoció que el objetivo es facilitar la sustracción de las reservas para aprovechar proyectos que sean de utilidad pública.

Hágame el favor. Con ese nuevo permiso lo que se hizo fue aprobar la minería, por ejemplo, en la zona forestal del Pacífico, en la Sierra Nevada de Santa Marta y nada más y nada menos que en la selva amazónica. 

Esas reservas forestales están en la Ley Segunda de 1959 y no tienen la categoría de áreas protegidas. Por esa razón podrán desarrollarse proyectos de exploración y explotación allá, aunque el MinAmbiente aclara que se deben cumplir unos requisitos.

El primero, que se haga la sustracción del área de reserva, que supuestamente está permitido desde hace 40 años, y el segundo, que se cuente con la licencia ambiental correspondiente.

El Gobierno aclaró, frente a la polémica que se generó por la expedición de esa resolución, que la exploración minera en las áreas de reserva forestal se podrá hacer siempre y cuando las empresas no corten árboles, no generen fragmentación de bosque y no hagan cambio del uso del suelo.

Bueno, lo cierto es que ya hay una empresa canadiense lista para empezar a explorar en los bosques chocoanos. Sin saber si tiene o no la licencia, no podemos dejar que nos metan los dedos en la boca al hacernos creer que apenas se trata de una simple exploración. 

Como diría mi colega Juan Pablo Calvas, uno no pone el aviso de “se arrienda” en un apartamento si no tiene intenciones de que alguien llegue a vivir ahí en alquiler. Señores del gobierno, del dicho al hecho hay muchas áreas que están esperando una verdadera y comprometida protección, no pañitos de agua tibia.

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