Valeria Santos
23 Febrero 2022

Valeria Santos

Pierde la verdad

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Atrás quedaron las épocas en que los narcotraficantes, como Pablo Escobar, repetían, orgullosos, que preferían una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Los tiempos han cambiado y los criminales ya no piensan igual. Y aunque la extradición es una figura que ha marcado parte de nuestra historia reciente, hoy se puede decir que perdió eficacia, en algunos casos no sirve para hacer justicia y, en la mayoría de situaciones, es enemiga de la verdad.

Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, ha sido uno de los peores criminales de la historia colombiana. Narcotraficante, pero también guerrillero, paramilitar, extorsionador, despojador, asesino y violador de niñas y mujeres. Su captura, o entrega, ha sido uno de los logros y aciertos más importantes del Gobierno colombiano. Ahora el Estado debe garantizar que se haga justicia. Por eso, extraditarlo sin que antes cuente la verdad y repare a sus víctimas, sería un error.

Según Verdad Abierta, “la extradición se ha convertido en un mecanismo que a menudo favorece a los criminales con buenos contactos. Mientras tanto, el negocio de las drogas sigue intacto y floreciente”.

Muchos narcos hoy buscan directamente a la DEA para que, a cambio de desmantelar unas cuantas rutas, les otorguen penas cortas y cómodas. Es el caso de Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio. Este capo, según una investigación de Verdad Abierta, era un funcionario de la Fiscalía que trabajó con la Oficina de Envigado y con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Llegó a ser el segundo de alias Don Berna. En 2008 Rogelio se entregó voluntariamente a la justicia de Estados Unidos y después de estar en la cárcel durante menos de siete años, vive con su familia en el sur de la Florida, maneja un BMW y trabaja en una empresa de logística.

El expediente de su caso, según Verdad Abierta, “ha permanecido en un profundo secreto, sellado por un juez. Las autoridades no respondieron a los repetidos intentos por contactarlas”.

Pero hay otros extraditados que vuelven al país a vengarse y a recuperar sus negocios ilícitos. Desde 2018 comenzaron a regresar, deportados de Estados Unidos, los miembros del cartel del Norte del Valle. No fue una coincidencia que en 2019 se recrudeciera la violencia en este territorio. Alias Guacamayo y alias Mueble fino llegaron a Colombia, después de haber estado pocos años en una cárcel en Estados Unidos, a conformar la organización criminal la Gran Alianza.

En 2008, el entonces presidente ,Álvaro Uribe Vélez, dinamitó la ley de Justicia y Paz extraditando a los líderes del paramilitarismo en Colombia. El legado de esta justicia transicional terminó cuando se sepultó la verdad en una cárcel en Estados Unidos. Hoy ha sido muy poco lo que estos 14 comandantes paramilitares han aportado a la construcción de la verdad histórica del país o a la reparación de sus víctimas.

Los defensores de la extradición de alias Otoniel insisten en que, desde una cárcel en Estados Unidos, el capo puede contar la verdad y colaborar con las instituciones colombianas. No obstante, para que esto ocurra, es necesario que el gobierno de Iván Duque esté comprometido con las víctimas y presione a Estados Unidos para que dentro del acuerdo que hará la justicia norteamericana con el extraditado se incluya la obligación de colaborar con la justicia colombiana.

Y pues cuesta creer que este Gobierno, experto en construir un relato sesgado y en manipular el pasado, genere presión para que no se extradite la verdad. Las trabas impuestas por la Sijín para obstaculizar la audiencia de Otoniel ante la Comisión de la Verdad revelan el poco interés que tiene este Gobierno en descubrir cómo operan estos grupos al margen de la ley.

Pero, sobre todo, revelan el interés por ocultar las alianzas del Clan del Golfo con altos mandos de la fuerza pública. De hecho, no es la primera vez que la Comisión de la Verdad se queja de la actitud obstruccionista de este Gobierno. El comisionado Alejandro Valencia denunció ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos que el Gobierno nacional le estaba restringiendo información oficial a la Comisión de la verdad.

La verdad es que este Gobierno desprecia la verdad. No se nos puede olvidar que el presidente Duque nombró a un negacionista del conflicto y censurador en el Centro Nacional de Memoria Histórica y a un director del Archivo General de la Nación que afirmó que en nuestro territorio no hubo conquista, ni una masacre indígena y, además, que los esclavos africanos que llegaron al Reino de la Nueva Granada tuvieron la opción de ser libres.

¿Cómo pretenden los que defienden la extradición de Otoniel que la Comisión de la Verdad pueda trabajar armónicamente con la justicia de Estados Unidos, si el embajador de Colombia ante este país, Juan Carlos Pinzón, acusó a los comisionados de tener nexos con grupos armados?

Es necesario reconsiderar la figura de la extradición que, además, como afirmó Kai Ambos, carece de reciprocidad. Mientras las agencias estadounidenses, gracias a los acuerdos confidenciales que hacen con los narcos, se quedan con la información sobre las rutas del narcotráfico y con el dinero de la droga, las víctimas en Colombia se quedan viendo un chispero.

Más vale que ahora que las autoridades de Estados Unidos están tan activas pidiendo la extradición de alias Otoniel, exijamos reciprocidad, y solicitemos, de verdad, el regreso de Salvatore Mancuso al país. Desde que este paramilitar fue extraditado por el expresidente Álvaro Uribe en 2008, hay más de 1.000 familias víctimas en Colombia esperando que vuelva a contar lo que pasó. No dejemos que con la extradición de Otoniel se siga perdiendo la verdad.

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