Los próximos días –que serán dedicados a la discusión de la reforma tributaria– resultan propicios para reflexionar sobre lo que debe hacer el país con la renta petrolera.
Hay dos caminos para actuar:
El primero consiste en ir marchitando la exploración petrolera (que es lo que propone el nuevo Gobierno), con lo cual, en un periodo de tiempo prudencial, se aceleraría la descarbonización y la transición energética. Y Colombia dejaría de ser un exportador neto de hidrocarburos; o continuaría siéndolo, pero en cantidades insignificantes.
Como existe una correa de transmisión inexorable entre exploración y producción, y como las reservas petroleras del país son muy bajas, este primer camino conduciría a un brusco decaimiento de la producción; a reducciones fiscales por la caída de la renta gravable petrolera; lo mismo que a gigantescas pérdidas en términos de autosuficiencia y a crecientes necesidades de importación de crudos para cargar nuestras refinerías.
El segundo camino consiste en no desestimular la exploración y seguir produciendo tantos hidrocarburos fósiles cuanto se pueda, mientras el proceso de transición energética y los buenos precios internacionales lo permitan.
Algo similar a lo que ya está sucediendo con el carbón del cual somos exportadores importantes en el concierto mundial. El carbón ha revivido después de haber recibido certificado de defunción. Los países europeos están reabriendo yacimientos carboníferos que tenían cerrados y aumentando sus importaciones para disminuir la dependencia malsana de los combustibles rusos.
Algo similar ocurre con el gas natural que es el hidrocarburo más cortejado en estos momentos.
El descubrimiento que se anunció la semana pasada (Uchuva-1) por la asociación que adelantan Ecopetrol y Petrobras en la cuenca gasífera del Caribe es especialmente importante. Y demuestra que no bajar la guardia en la exploración de hidrocarburos termina dándole buenos frutos al país.
Por estas razones la mayoría de los países está pensando que el segundo camino es el correcto: no el primero. La búsqueda de combustibles fósiles (crudo y gas, hidrocarburos que a menudo se encuentran asociados en los pozos) continúa apoyándose en todo el planeta. A nadie se le ocurre en estos momentos ponerle el freno de mano a su exploración.
La lucha por la transición energética –que es una preocupación mundial y debe por supuesto continuar siendo también la nuestra– se está librando en escenarios distintos: encareciendo el uso de combustibles fósiles, apoyando la instalación de facilidades fotovoltaicas y eólicas y en general de energías renovables, y recabando nuevas rentas de las empresas petroleras para financiar los alivios fiscales que se están prestando a los agobiados consumidores.
La tendencia que se vislumbra claramente es, pues, apoyar la transición energética por la vía de desestimular la demanda en vez de restringir la oferta. Es así como se vienen imponiendo límites compulsivos a la calefacción como acaba de hacerlo la Unión Europea y gravando la producción y el uso de combustibles fósiles. Pero sin desestimular ni su exploración ni su producción.
El Reino Unido ha impuesto, por ejemplo, un tributo transitorio y extraordinario a las empresas petroleras del 25 por ciento sobre sus utilidades. Con el argumento de que la llamarada de precios internacionales que ha desencadenado la guerra de Ucrania les ha generado utilidades inmoderadas. España está pensando en la misma dirección. Y en Francia se adelanta una discusión similar.
Las megautilidades de las empresas petroleras obtenidas al amparo de la crisis mundial son absolutamente chocantes. Por ejemplo, las ganancias inesperadas que han recibido los tres grandes de la industria del petróleo en Estados Unidos. (Exxon, Chevron y Shell) en el último trimestre alcanzaron 46 billones de dólares, las más altas de la historia. Hasta el punto de que en Estados Unidos se está pensando también en una tributación más gravosa, de carácter extraordinario, para la industria petrolera. Las cifras reveladas por Ecopetrol esta semana van en la misma dirección de las demás petroleras en el concierto mundial. Tuvo utilidades en el primer semestre de 17,1 billones de pesos con lo cual superó las de todo el año anterior.
El destino de los recaudos que logran los gobiernos con esta tributación extraordinaria sobre las rentas petroleras va a compensar los gastos fiscales que se vienen asumiendo para aliviar los apaleados usuarios de gasolina y gas.
El caso colombiano es delicado: hemos logrado moderar los precios en el surtidor de gasolina, pero a un alto costo fiscal que se refleja en las cuentas del fondo de estabilización de combustibles cuyo déficit se estima pueda llegar a fin de año a 30 billones de pesos. Ya el presupuesto nacional destina una parte sustancial de los escasos recursos disponibles –que deberían ir hacia la inversión social– a enjugar el déficit de este fondo.
El Gobierno ha dicho que quisiera reducir la tasa impositiva de las empresas en la próxima reforma tributaria. Ese es un postulado que –al menos en lo que concierne con la industria petrolera– quizás valga la pena repensar a la luz de lo que está aconteciendo en el mundo.
Y definitivamente: entre los dos caminos para tratar las rentas petroleras que consisten, el primero en reducir la exploración en hidrocarburos, y el segundo en moderar su demanda, el último luce mucho más recomendable.
