Juan Camilo Restrepo
18 Agosto 2022

Juan Camilo Restrepo

¿Restringir la oferta o la demanda?

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El empeño por la descarbonización y por acelerar la transición energética se ha convertido en el mantra del actual Gobierno. No solo el proyecto de reforma tributaria lo demuestra. No hay funcionario público o ministro recién nombrado que no haga pública manifestación en favor del cambio en la matriz energética que acompaña el discurso de Gustavo Petro desde la campaña.

Este es también, por supuesto, asunto predominante en la política pública de todos los países. La lucha contra el cambio climático es, sin duda, la gran preocupación del mundo contemporáneo.

Ahora bien: la gran diferencia entre lo que está haciendo el resto del mundo y la manera como estamos afrontando el problema en Colombia, radica en que mientras los demás países están encareciendo el uso de los combustibles fósiles restringiendo su demanda, nosotros nos estamos adentrando por la curiosa vía de sofocar la oferta.

El primer camino se preocupa por refrenar al consumidor, el segundo al productor. Ambas vías buscan el mismo propósito, pero con instrumentos completamente diferentes.

En efecto, la totalidad de los países occidentales lo que están haciendo es trasladar una gran parte de los precios internacionales de los combustibles al surtidor de gasolina, a las aerolíneas, o a las empresas que funcionan a base de crudo, gas o carbón. Se han establecido restricciones cuantitativas a la calefacción de los hogares como lo acaba de decretar la Unión Europea. Y se están imponiendo severos impuestos para desalentar el uso de vehículos privados.

Pero a ningún país se le ha ocurrido restringir la producción de crudo o de gas natural en las actuales circunstancias. Y aún en el caso del carbón, se han habilitado minas que llevan décadas cerradas como sucede en Alemania a fin de no depender tanto de los suministros rusos.

Y, al contrario: se está promoviendo la exploración y producción creciente de gas natural y de petróleo –como viene haciéndolo afanosamente Estados Unidos– pues se considera una política estratégica en los momentos actuales. El incremento de la producción de energéticos se considera asunto de seguridad nacional en los actuales momentos de la geopolítica mundial.

El estímulo al desarrollo a las fuentes de energías renovables y el menor uso de los combustibles fósiles se deja al cuidado de una demanda, castigada con mayores precios a los consumidores. No se desconoce la importancia de la llamada transición energética: pero no se intenta alcanzarla sofocando la producción de hidrocarburos fósiles, sino desestimulando su consumo a través de mayores precios.

En Colombia estamos caminando en sentido contrario: desestimulando con brío la oferta de combustibles fósiles, pero sin actuar sobre su demanda que sigue creciendo a toda vela. Por todo lado se vienen disparando ráfagas contra los productores de energías fósiles. En el proyecto de reforma tributaria, por ejemplo, se les prohíbe deducir lo que pagan por regalías y se impone un gravamen a las exportaciones de petróleo. Y por el lado de los precios internos, estos se mantienen reprimidos en uno de los niveles más bajos de América Latina. No se está adoptando ninguna política para morigerar su demanda.

El fondo de estabilización de los combustibles alcanza niveles preocupantes de déficit al asumir el costo en que estamos incurriendo por mantener precios artificialmente bajos de los combustibles a los consumidores. Se calcula que este fondo puede llegar a tener un déficit al final de este año –si los precios internacionales mantienen las tendencias que traen– del orden de 30 billones de pesos. Es decir, el déficit de este fondo puede llegar a ser mayor que todo lo que se pretende recoger con la reforma tributaria.

Lo anterior significa que la política fiscal más delicada que tiene la administración Petro entre manos es la que vaya a seguir en relación con los precios de los combustibles: grave si los sube, pero peor si no lo hace. Quizás lo más recomendable sea definir un ajuste gradual pero claro en las estructuras de precios domésticos. En este delicado asunto no caben populismos.

Todo el mundo está de acuerdo en que para combatir el cambio climático hay que acelerar el cambio de combustibles fósiles hacia fuentes renovables de energía. Pero los caminos que se están utilizando son divergentes: casi todo el mundo piensa que esto se logra reduciendo la demanda; pero nosotros nos estamos adentrando por el extraño camino de desestimular su oferta.

¿Cuál de los dos caminos resultará más exitoso? No me cabe duda de que el primero es el más eficaz.

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