Suena ya como un lugar común afirmar que el problema de la violencia y la pobreza en Colombia radica en la tierra. Pero es cierto. De hecho, Oxfam reveló que tenemos la peor distribución de tierras de toda América Latina. El tema es tan sensible que cualquier propuesta para reformar esta situación, como actualizar el catastro, siempre se ha estrellado con los intereses de esos grandes terratenientes que no quieren modificaciones en las reglas de juego. En el gobierno de Iván Duque logramos avanzar un poco en la actualización catastral, pero como hasta sus triunfos están contaminados, esa plata parece que también se la quieran robar.
El catastro es un inventario de los bienes inmuebles urbanos y rurales del país. Es un censo de la distribución del territorio que siempre ha servido para recaudar impuestos, aunque su propósito debería responder a otros fines como formalizar la tierra, volverla más productiva, focalizar la inversión social y orientar las políticas medioambientales. A pesar de que la idea de convertir el catastro en multipropósito respondió a la necesidad de que fuera una herramienta de gestión y organización del territorio, más allá de un instrumento puramente tributario, la realidad es que la información catastral actualizada sigue siendo poca y su función social y ambiental es muy pobre.
Poner al día la información catastral del país no es solo políticamente complicado, pues significa que poderosos terratenientes paguen más impuestos; también es caro: se estima que costaría alrededor de 2 billones de pesos. Por lo anterior, Colombia solicitó un préstamo al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo por 150 millones de dólares con el fin de avanzar en la renovación catastral en los municipios con más necesidades del país y que además tienen poca capacidad y recursos para la actualización, como son los municipios PDET.
La cabeza del Catastro Multipropósito en Colombia es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). A través de este se ejecuta una buena parte del préstamo que recibió Colombia. La licitación pública 03 de 2022 del Igac que tiene como objetivo utilizar los recursos del crédito para “adelantar las labores operativas que servirán de insumo para la actualización catastral con enfoque multipropósito en la zona urbana y rural de los municipios a ser intervenidos”, tiene un valor de 32.464 millones de pesos. En total beneficia a nueve municipios de cinco departamentos. Para Atlántico se destinarán 7.592 millones.
Como tristemente ya es una costumbre que entidades técnicas se vuelvan políticas, de forma sospechosa, el departamento del Atlántico se vio beneficiado por la actual administración del Igac con la disposición de los recursos para la actualización catastral de tres de sus municipios: Baranoa, Sabanagrande y Repelón, en una licitación con evidentes irregularidades.
Lo anterior no es una casualidad, pues actualmente la cabeza del Igac, institución que adelanta la licitación, es Ana María Aljure, miembro del círculo más íntimo del clan Char, nombrada por el presidente Iván Duque. Pero lo reprochable no es solo que haya querido beneficiar a municipios del Atlántico de manera desproporcionada, lo grave es que en todos estos municipios se presentan sobrecostos inexplicables en los estudios previos.
Mientras en municipios como Puerto Carreño, en el Vichada, realizar la actualización catastral cuesta 3.752 pesos por hectárea, en Sabanagrande cuesta 413.445 pesos. Por hectárea no cuadra el precio unitario, por número de predios tampoco. Mientras Sabanagrande reporta alrededor de 7.400 predios, Puerto Carreño reporta 8.500 aproximadamente, 1.000 más. En general, como se ve en la siguiente tabla, todos los municipios de Atlántico tienen costos muy por encima de la media.
Pero continuemos con la comparación entre los extremos, Puerto Carreño y Sabanagrande. En el primero, se estima que la actualización será de más de un millón de hectáreas mientras en Sabanagrande apenas alcanza las 4.000. En este sentido, no es justificable que para este último se estime un costo de transporte incluso mayor (393 millones) que para el municipio del Vichada (356 millones) y muchos menos estos descomunales sobrecostos por hectárea.
Hasta el momento el proceso de licitación ha sido declarado desierto. Pero esto no es una buena noticia ya que puede ser una trampa para “relajar” el proceso de contratación.
Pronto sabremos quién será el afortunado contratista que se gane esta millonaria licitación, casi a dedo, con un posible sobrecosto de aproximadamente 11.000 por ciento para los municipios del Atlántico, como Sabanagrande. Dinero que tendremos que pagar todos en dólares y con intereses. Es una lástima que la actualización del catastro parezca tener como uno de sus propósitos seguir robando a los colombianos.
Más vale que el presidente, Gustavo Petro, no vuelva a centralizar toda la gestión de la actualización catastral en el Igac. Tiene razón el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, en protestar con su renuncia por la pésima idea del nuevo gobierno de querer devolverle el monopolio a esta entidad. Descentralizarla en diferentes gestores catastrales es lo correcto y el primer paso para comenzar a liberarnos de la pobreza, el hambre y la violencia.
