Vaya problemita en el que nos metió Duque antes de irse. Sí, uno más, aunque esta vez no lo hizo solo, en esta lo acompañó el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, auspiciado por la poderosa familia Char, por los Daes y por el empresario William Vélez, también conocido como el “Zar de las basuras” en Colombia.
La historia es la siguiente: En diciembre de 2021, es decir hace apenas 9 meses, el expresidente Iván Duque anunció con bombos y platillos que la empresa de servicios públicos de Barranquilla, Triple A, regresaba a manos de la ciudad, que fue su principal dueña hace más de 20 años. Según Duque, con ese gran logro, la compañía se convertiría en un tesoro, con total independencia y sin mancha o injerencia política.
Ese tan esperado regreso se estaba dando después de un escándalo por presunta corrupción y un supuesto desfalco a la empresa, por parte de Inassa (filial de la gigante española, Canal Isabel II), que hasta entonces era accionista mayoritaria, con un 82 por ciento de los títulos de la Triple A en Colombia.
Ese escándalo, que estalló en el año 2018, generó que la Fiscalía General de la Nación decidiera secuestrar las acciones de la Triple A que eran de propiedad de Inassa y, como si fuera poco, le empezó un proceso de extinción de dominio a la multinacional, para quitarle definitivamente la compañía de servicios públicos que atiende a más de 15 municipios en el Atlántico.
Sin haber terminado el proceso de extinción de dominio, al expresidente Duque, o al alcalde Pumarejo o al expresidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Andrés Ávila o sus amigos poderosos de Barranquilla, se les ocurrió la brillante idea de acudir a la figura de enajenación temprana y con eso permitir que se pudieran vender las acciones, que en ese momento todavía le pertenecían a Inassa, aunque estuvieran secuestradas.
Evidentemente eso no se podía hacer. Incluso, según una investigación de La Silla Vacía, esa fue una de las razones por las cuales salió de la SAE, su anterior presidenta, María Virginia Torres, quien no estuvo de acuerdo con la maniobra, ya que para ejecutar una enajenación temprana se deben cumplir con unos requisitos específicos y en el caso de la Triple A, no se cumplía con ninguno.
Torres salió de la SAE en 2020, lo que quiere decir que estaban preparando esa “jugadita” desde hace mucho tiempo. Solo pasaron ocho meses después de la llegada de Ávila a esa entidad, para sacar adelante la iniciativa que lograron concretar y anunciar este año, dejando al país en un problema de marca mayor.
Y hablo de un tremendo lío, porque ahora desde España hablan de una expropiación que generó una demanda contra Colombia. Sí, la decisión del gobierno de Duque abrió la puerta a que la empresa dueña de las acciones empezara un millonario pleito de reclamo a nuestro país, buscando recuperar no solo la plata de esas propiedades, sino los daños y perjuicios causados por haber vendido lo que a ellos les pertenecía, cuando a ellos todavía les pertenecía.
Este lunes, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, explicó en una entrevista con W Radio que lo que Inassa, a través de su socia Canal Isabel II, puede reclamar es la plata de las acciones que era de ellos y que la SAE vendió en diciembre. Esas acciones estaban calculadas en 565.000 millones de pesos y equivalen, como ya les conté, al 82 por ciento del total de la compañía.
Sin embargo, eso no es tan fácil como parece. Esta semana, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, estará de visita en Colombia y este tema será uno de los más importantes en la agenda del mandatario, quien le notificará al presidente Gustavo Petro que su país es el dueño de la Triple A y que la va a recuperar como sea.
Lo más grave es pensar que todo este enredo se hizo únicamente para beneficiar a los amigos. Aunque el alcalde Pumarejo había dicho que la idea era que un privado asumiera la operación de la Triple A, a cambio de pagar las acciones, cambiaron la estrategia recurriendo a una figura que les permitió no tener que hacer concurso o subasta, entregar la empresa de forma directa y que los de siempre se quedaran con el negocio.
Recordemos que cuando se consolidó la venta de la empresa, se conoció que quienes pusieron la plata para comprarla fueron los empresarios William Vélez y los hermanos Daes, a través de la empresa mixta Alumbrado Público de Barranquilla SAS, en la que tienen una participación de 35 por ciento con la compañía Capital Luz, de la que ellos son dueños por medio de otras dos compañías de su propiedad: Grupo Ethus de Vélez y Alutrafic de los Daes.
Ahora, cuando se sabe que esto llevó al país a un proceso jurídico engorroso, los empresarios que ya también quieren hacernos creer que son filántropos, comunican que va a donar, sí a regalar o entregar de forma gratuita a la ciudad de Barranquilla, las acciones que compraron y por las que ya han pagado cerca de 200.000 millones de pesos.
Claro, la entregan porque no quieren tener ningún vínculo con la compañía por la que España está peleando. El arbitraje que avanza en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, Ciadi, cuenta ya con muchos argumentos a favor de Canal Isabel II, la principal empresa pública de Madrid.
Tal vez el más grave fue haberle dado el trato a esa compañía de organización criminal, acudiendo a una ley que se aplica en Colombia para narcotraficantes, a quienes les extinguen sus propiedades por delinquir.
Definitivamente en este caso, a Duque, el que criticaba la expropiación, se le olvidó que en Colombia existe la seguridad jurídica y se supone que un respeto a la inversión extranjera. Por eso, ahora tocará alistar la chequera porque la plata que tendremos que pagar seguramente no será poca.
