La discusión de la reforma tributaria se ha centrado, hasta el momento, en los tributos individualmente considerados. ¿Es alta la imposición sobre personas jurídicas? ¿Está bien diseñado el umbral a partir del cual se incrementan los impuestos de las personas naturales? ¿Es exagerado o no el tributo combinado para personas jurídicas y personas naturales receptores de dividendos? ¿Es adecuado gravar los alimentos ultraprocesados?
Estas son las preguntas que han llenado páginas enteras y seguirán llenándolas en las semanas venideras.
Hoy quiero referirme a otro ángulo de la reforma tributaria, a saber: su ubicación dentro de las cuentas fiscales del país. ¿Lo que se va a recaudar es suficiente para financiar los grandes programas de inversión social que se anuncian? ¿Es factible cumplir a la vez los postulados de la regla fiscal y embarcar al país en nuevos programas de gasto público? ¿Cómo queda la reforma tributaria dentro del proyecto de presupuesto para 2023 que elaboró la administración Duque y le corresponderá ejecutar a la administración Petro?
Tanto el presidente electo como su ministro de Hacienda han repetido machaconamente que van a cumplir con la regla fiscal y al mismo tiempo iniciar programas de gasto social de gran aliento. ¿Es posible conciliar estos dos propósitos, ambos plausibles?
Los datos que dio el ministro José Antonio Ocampo durante una de las primeras audiencias para analizar la reforma tributaria que tuvo lugar en la Comisión tercera del Senado son inquietantes. Según el ministro, el déficit del fondo de estabilización de combustibles ascenderá al terminar este año a 31,1 billones de pesos. Aproximadamente la mitad de esta cifra ya está provisionada. Pero quedaría un faltante para financiar este año de cerca de 11,5 billones de pesos que, como puede verse, absorbería cerca del 40 por ciento de lo que se ha estimado que recaude en el mejor de los casos la reforma tributaria.
Este escenario nos lleva a la calamitosa conclusión que solo quedaría para nueva inversión social una suma de entre 12 a 15 billones de pesos. Es evidente que dentro de este estrecho margen no caben las inmensas inversiones sociales que tiene en mente el Gobierno nacional.
Miremos ahora el panorama presupuestal. El gobierno de Petro ha denunciado –y tiene razón– que el gobierno saliente le dejó un presupuesto con un rubro de inversión disminuido en 10 billones de pesos frente al presupuesto que se está ejecutando.
Es evidente que en este maltrecho presupuesto de inversión para el año entrante tampoco caben los programas de Gobierno. Por ejemplo, ya la ministra de Agricultura ha dicho que resulta imperioso para cumplir medianamente con los ambiciosos programas agrarios que se han anunciado a los cuatro vientos que el presupuesto de inversión del sector agropecuario se refuerce en 30 por ciento. Advertencias similares han hecho en lo referente al catastro multipropósito (punto central de la política agraria) y la Agencia Nacional de Tierras.
Como la nueva reforma tributaria apenas será aprobada a finales de 2022, para poder incorporar los recaudos previstos como apropiaciones presupuestales será necesario presentar un presupuesto adicional en el primer trimestre de 2023 para lograr que su producido financie nuevo gasto público el año entrante. Y, además: lo que se recaude con la reforma tributaria apenas ingresará en 2024.
Como puede verse, la situación fiscal del país es supremamente estrecha. La casa “no estaba en orden” como jubilosamente dijo el gobierno saliente. Y, aun aprobándose la nueva reforma tributaria, el margen para nuevo gasto público resulta preocupantemente estrecho.
La moraleja de todo es que el tono de los anuncios debe cambiar. Y bien haría el Gobierno en adoptar un mensaje mucho más circunspecto y menos promesero del que utilizó durante la campaña.
