La violencia de la que fuimos testigos en el pasado reciente es tan dolorosa como la marca de un hierro candente en el propio cuerpo. Esta indeleble impresión jamás se marcha. De las decenas de actos inhumanos que sucedieron en el Caribe colombiano recuerdo especialmente la cruel ejecución de la amable corregidora de Carraipía, un poblado situado en una comarca fronteriza con Venezuela. Informada de la muerte de dos campesinos por parte de los paramilitares fue a informar como responsable servidora pública al contingente del Ejército más cercano localizado en la vía hacia el municipio de Maicao. Cumplida su responsabilidad como funcionaria retornaba a su pueblo cuando los mismos paramilitares, informados con extraña precisión y celeridad de su denuncia, la bajaron con violencia de un vehículo de transporte público y la asesinaron en presencia de varias personas. Por esos días sucedieron decenas de casos de este tipo, pero algunos de ellos jamás salieron en los periódicos nacionales.
Han pasado varios años desde la llamada “seguridad democrática”. Se ha tratado de fomentar políticas de olvido sobre esos hechos considerados perturbadores y se ha buscado imponer un relato mutilado de carácter oficial en el que el Estado colombiano fue tan solo un tercero entre las víctimas y los perpetradores, una especie de árbitro inmaculado y ajeno a tales actos de inhumanidad. Hoy se pretende ir mucho más allá, Desde algunas entidades oficiales se busca hoy ignorar el papel de los paramilitares en los múltiples desplazamientos y masacres cometidos contra la población civil.
Una muestra reciente de este propósito es la actuación del director del Centro de Memoria Histórica, Darío Acevedo. Este funcionario habría cambiado el guion del Museo Nacional de Memoria. omitiendo el papel de los paramilitares en el conflicto armado, lo que representaría una falta a las víctimas en su búsqueda por la verdad. Debido a ello la JEP abrió un incidente por el desacato de una orden judicial. Desde la llegada de Acevedo, un negacionista convencido, al Centro de Memoria Histórica ha tratado de transformar la memoria en ideología. La memoria de las víctimas sobre los actos inhumanos de los paramilitares o de los agentes del Estado es considerada como una representación ideologizada del pasado. En este nuevo guion solo hubo un demonio: la guerrilla y un héroe salvador: el Estado colombiano, valiente y apegado a las normas que nos defendió a todos de aquella. En consecuencia, víctimas y victimarios son equiparables. Con este artilugio se busca sacrificar la justicia e instaurar la impunidad pública en relación con los actos de inhumanidad.
Como lo ha expresado Alfredo Gómez-Müller, en su ensayo Olvido, ideología y memoria, las políticas de olvido deslegitiman las instituciones públicas y contribuyen a eliminar la responsabilidad de las personas comprometidas en esos actos inhumanos ante la sociedad. Su efecto más devastador es despojar a la memoria de su núcleo ético y suprime “el significado negativamente ‘ejemplar’ de lo acontecido, y con ello su función de ‘edificación’ para prevenir en el futuro la repetición de los crímenes del pasado”.
