Por estos días se habla mucho de inflación y de energía. La invasión de Rusia a Ucrania ha transformado radicalmente la geopolítica mundial de los combustibles. Los precios de los alimentos están también por las nubes, y echan un manto de incertidumbre sobre la seguridad alimentaria en muchos países. La inflación desbordada es el telón de fondo de las inquietudes económicas en todo el planeta.
Dentro de este contexto hay tres preguntas energéticas de mucho fondo que corresponderá al próximo gobierno responder. Pues el de Duque se marchará seguramente en puntillas, sin dejarnos conocer qué piensa y sin tomar una posición clara.
La primera pregunta tiene que ver con el Fondo de estabilización de los combustibles: ¿Cuál es su futuro? ¿Cómo se piensa enjugar la inmensa deuda que está acumulando? Este fondo fue creado para evitar trasladar a los consumidores domésticos las fluctuaciones bruscas de los combustibles en los mercados internacionales.
Nosotros, afortunadamente, no hemos dejado reflejar en las bombas de gasolina el estallido internacional de precios que ha tenido el crudo. El precio Brent, que es nuestro punto de referencia, ha estado fluctuando en torno a niveles de US$ 100 dólares el barril. Si ese incremento se hubiera transferido a los consumidores domésticos en su totalidad, el valor del galón de gasolina podría estar hoy en $20.000 en vez de los $10.000 que tiene. Otro tanto podría decirse del gas natural.
El mecanismo del Fondo de estabilización funciona como un crédito automático que Ecopetrol le otorga al gobierno, en virtud del cual las diferencias entre el valor al que vende los combustibles en el mercado doméstico y aquel al cual podría venderlos en los mercados internacionales se “apunta”, como un pasivo a cargo del fisco nacional y a favor de Ecopetrol. que los cálculos más serios indican que el pasivo acumulado de este fondo podrá llegar al final de 2022 a $ 20 billones. Para que se tenga una idea de lo que esta cifra representa, piénsese que es el equivalente a 15 reformas tributarias como la que se aprobó el año pasado.
Está bien que en esta emergencia no hubiéramos prendido la mecha de los mayores precios de los combustibles trasladados al mercado interno. Esa es la mecha que tiene incendiado al Perú y a buena parte de los países europeos, que han trasladado automáticamente a las bombas de gasolina los precios externos de los combustibles.
Pero nada se hace gratis. Esa deuda tendrá que enjugarla en algún momento el fisco nacional a Ecopetrol. Entretanto es uno de los mayores pasivos fiscales que recibirá el nuevo gobierno.
¿Cómo piensa enjugar ese pasivo el gobierno nacional? ¿Cuándo? Nada se sabe sobre el tema. Sería apenas lógico que una buena parte de las utilidades que el gobierno nacional recibe de Ecopetrol se destinaran a amortizar dicho pasivo. Será necesario también que se hagan economías de gastos por otros lados para llevarlas a disminuir este pasivo fiscal gigantesco que no se puede dejar seguir creciendo indefinidamente.
La otra gran pregunta energética que está sobre el tapete es: ¿Qué se hará en adelante con el carbón? Este combustible que estaba en la sala de cuidados intensivos hasta hace poco, y al que ya se le habían aplicado los santos óleos, ha revivido con gran vigor por razón de la prohibición americana y europea a las importaciones de carbón ruso. Es una de las sanciones recientes de Occidente a Putin.
Nosotros somos el tercer exportador mundial y tenemos inmensas reservas de carbón de buena calidad para más de 200 años. Colombia está, entonces, muy cortejada por estos días. El presidente Duque anunció hace poco, muy ufano, que había hablado con el canciller alemán para incrementar nuestras exportaciones de carbón hacia Alemania.
¿Cuál será en consecuencia la política que se seguirá en el futuro con relación al carbón? ¿Se le mantendrá en la sala de cuidados intensivos por su condición de combustible contaminante, o se le apoyará rotundamente dada la coyuntura geopolítica en el mundo? Por el momento nada se sabe al respecto. Pero naturalmente hay que trazar una política clara para el carbón en adelante.
Y el tercer interrogante tiene que ver con la planta regasificadora que se tiene proyectada construir en Buenaventura para recibir importaciones de gas natural líquido (GNL). Se trata de un costoso proyecto que puede oscilar entre US$ 800 y US$ 1.000 millones.
Esta inversión -que se trasladará al consumidor final- solo tiene justificación si el Ministerio de Minas a través de la UPME (Unidad de Planeación energética) dictamina que se necesita para garantizar la seguridad gasífera del país en los años venideros.
Las opiniones están divididas. Algunos expertos consideran que con las proyecciones de las exploraciones que se están haciendo ahora mismo costa afuera en el Caribe, y en algunas cuencas gasíferas promisorias, no se necesita la planta de regasificación en Buenaventura. Otros piensan lo contrario. Creen que la provisión de gas futura del país podría quedar comprometida gravemente si no se construye esta costosa planta. Señalan lo que le está sucediendo a la Argentina donde, a pesar de los ricos yacimientos gasíferos de Vaca Muerta, está enfrentando el riesgo de desabastecimiento por ausencia de una moderna planta para recibir importaciones de GNL.
La Unidad de Planeación energética del ministerio debe anunciar próximamente cuál es su proyección sobre oferta y demanda de gas natural para los próximos años, a fin de poder tomar una decisión inteligente sobre tan crucial asunto energético para el país.
Como se ve, no son de poca monta los desafíos energéticos que enfrenta el país, y que deberán descifrarse en los próximos meses.
