La derecha en Colombia no ha hecho sino repetir que harán una oposición seria, juiciosa, rigurosa y con respeto a la verdad. Sin embargo, apenas el nuevo gobierno radicó la nueva reforma tributaria en el Congreso, los líderes de opinión y hasta los políticos de ese sector, empezaron a decir que el proyecto de ley es igual al del exministro Alberto Carrasquilla, que provocó el estallido social del año pasado en Colombia.
Por supuesto que no es igual y no es justo equipararla con una iniciativa que pretendía ponerle IVA a más productos de la canasta familiar que hoy no tienen ese impuesto y, lo que es peor, ampliar la base de personas que declaran y pagan renta en Colombia, incluyendo las que ganan menos de 10 millones de pesos. Todo eso en un momento en el que el país apenas estaba saliendo de la pandemia.
Aunque la reforma de Carrasquilla fue destacada por expertos, académicos y economistas, por su objetivo de crear un sistema más progresivo, la gente del común la rechazó porque era un impacto directo a la clase media y el timing para presentarla no era el mejor. El gobierno de Duque ya había gastado su capital político y, como si fuera poco, no la supieron comunicar. Por eso, insisto, la de ahora no es igual.
Ahora bien, desde la oposición también se ha criticado que la nueva reforma no se haya socializado antes de radicarla. Sobre ese punto no hay que ser experto en política para saber que el presidente Gustavo Petro hizo bien al presentarla cuando tiene todo el camino y el capital por delante para que su propuesta prospere.
Es el Congreso el escenario natural para discutirla, para quitar las cosas que no sirvan o para incluir lo que falta. Todo eso con la ventaja de estar estrenándose y así conseguir, por esa vía, los recursos que se necesitan para disminuir el déficit fiscal, para apalancar los programas sociales que el anterior gobierno dejó desfinanciados y para sacar adelante las nuevas iniciativas que se prometieron en campaña.
Así lo hizo Duque en 2018, apenas llegó a la Casa de Nariño. En ese momento el ministro Alberto Carrasquilla aseguró que era urgente una ley de financiamiento para conseguir los 14 billones de hueco fiscal que dejaba la administración anterior. Esa iniciativa se tramitó y el país la aceptó, consiguiendo 5,7 billones de pesos.
La reforma que ahora presenta el nuevo gobierno va por 25 billones de pesos en el primer año y claro que incluyó algunos puntos polémicos que seguro agitarán el debate en el Congreso y en la opinión pública. Recordemos que cuando Gustavo Petro era candidato hablaba de recaudar 50 billones de pesos, pero el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, tuvo que bajar esa cifra a la mitad, ya que era prácticamente imposible lograrlo.
Y para entender que no es igual es necesario revisar las propuestas más importantes del articulado, especialmente las que afectan directamente a las personas naturales. En primer lugar, se mantiene la promesa de no cobrar más impuestos a quienes ganen menos de 10 millones de pesos. Los colombianos que tengan ingresos mensuales por encima de esa cifra, que, según el Minhacienda son solo el 2,4 por ciento de los colombianos que trabajan, pagarán más renta porque tendrán menos exenciones y menos deducciones a la hora de liquidar ese gravamen.
Asimismo, habrá una cédula general en donde se depurarán todas las rentas, es decir, se sumarán todos los ingresos sin importar de dónde provengan y con base en eso se generará el impuesto. Eso hará que lo que se paga por dividendos, por ganancias ocasionales o por renta de pensiones, también suba. Los pensionados que reciban ingresos de más de 10 millones de pesos, también serán sujetos de ese impuesto.
Otro punto importante tiene que ver con el impuesto al patrimonio, también para personas naturales, que ahora será permanente. En este caso, este tributo revive poniendo a pagar a quienes tienen patrimonio de más de 3.000 millones de pesos, con una tarifa de 0,5 por ciento y a los de más de 5.000 millones de pesos, un impuesto de 1 por ciento.
Miremos los impuestos que indirectamente están dirigidos a la clase media. Por el afán de asustar a la gente, hay quienes ya igualan el anuncio de un impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados con las intenciones de Carrasquilla. No obstante, nuevamente, no se parece y no va a tocar la canasta familiar. En el primer caso, el gobierno explicó que el objetivo es gravar las bebidas en función del contenido de azúcar que tengan en gramos, por cada 100 mililitros.
Eso se ha hecho en países como España, Francia o en el Reino Unido, en donde se ha incentivado a la industria a bajar el contenido de azúcar en sus productos para no tener que pagar más impuestos, contribuir con la salud de la población y que todos queden felices. Sin embargo, si no bajan sus contenidos de azúcar, estarían incluidos en el cobro de estos impuestos productos como las bebidas a base de fruta en cualquier concentración, los zumos, los néctares de fruta, las mezclas en polvo o las bebidas azucaradas y los energizantes.
También estarán sujetas a ese impuesto las bebidas saborizadas, en general cualquier bebida que contenga azucares añadidos o edulcorantes, las bebidas gaseosas o carbonatadas, las bebidas deportivas, los refrescos, las aguas endulzadas o saborizadas, bebidas tipo té o café y las bebidas a base de malta.
Con respecto a los alimentos ultraprocesados se habla de cobrar un impuesto de 10 por ciento a productos como embutidos, papas fritas, patacones, chicharrones empacados, snacks o pasabocas empacados, galletas dulces, barquillos y obleas, ponqués y tortas, merengues, confites de chocolate, helados, postres a base de leche (incluyendo el arequipe), manjar blanco, salsas y sopas y hasta los cereales.
Es claro que la mayoría de esos productos ocupan un espacio importante en las mesas de las familias colombianas. Aunque algunos dirán que el gobierno prometió no tocar a la clase media y que es imposible no pensar que en algún momento estos “impuestos saludables”, como los han llamado, le pegarán directamente al bolsillo de los ciudadanos de a pie, no olvidemos que la idea es que los dejen de comprar.
Y esa intención es muy importante. No en vano la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha lanzado en varias oportunidades alertas por el incremento en el consumo de esos alimentos y su impacto tan negativo en la salud de las personas. Esa organización incluso ha llamado a los países a regular ese mercado y lo hace porque los efectos son considerablemente dañinos.
Definitivamente esos productos son una amenaza y aunque son ricos, adictivos y seguramente baratos, es válida la intención de desincentivar el consumo de algo que no tiene calidad nutricional y que son destructivos tanto para el medio ambiente como para las finanzas del sistema de salud en el país.
Ya veremos qué pasa con esa dura discusión en el Congreso sobre esos puntos. Para nadie es un secreto el lobby que hace la industria para no permitir la aprobación de esos impuestos y las masivas campañas en medios de comunicación para que la gente los siga consumiendo. Sin embargo, esperamos que esta vez sí se logre y que prime el bienestar social por encima de un interés particular.
Solo me queda recordar que Duque hizo tres reformas tributarias en cuatro años y solo en una, por la coyuntura y la difícil situación de los colombianos, el país salió a marchar. Por esa razón, no es serio que ahora la derecha pida protestar, que se aproveche de la ingenuidad de las personas y que lo hagan a modo de venganza.
Señores de la derecha, de la hoy oposición, ustedes aceptaron e impulsaron las reformas de los últimos años, ahora no vengan a pedir que los colombianos rechacen lo que antes promovían. Eso es incoherencia.
