En días pasados se anunció el interés de inversionistas privados en la construcción de siete centrales de generación eléctrica con base en energía eólica en las aguas del Caribe colombiano. Estos parques eólicos se emplazarían en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar. Su capacidad de generación ha sido estimada en conjunto en unos 4.835MW.
Hasta la fecha en casi todo el mundo, incluida América Latina, las centrales eólicas han sido construidas principalmente en tierra. Las inversiones en energía eólica marina se concentran en gran medida en el norte de Europa, y hay planes para su rápida expansión en Estados Unidos. Según el Banco Mundial en el año 2010 la energía generada en parques eólicos situados costa afuera era tan solo el 1,6 por ciento de la capacidad eólica total en todo el mundo.
El desarrollo de estas centrales eólicas en Colombia y los procesos para su registro ante entes gubernamentales como la UPME y su licenciamiento ante las corporaciones ambientales regionales marchan a una gran velocidad mientras que la información que debe suministrarse a las comunidades localizadas en las áreas de los proyectos llega a lomo de mula. Muchas empresas pueden estar convencidas de que por estar situados en espacios marinos no es necesario consultar a las comunidades costeras. No obstante, estos proyectos pueden generar significativas afectaciones directas a los pescadores marítimos. Para estos el mar es una especie de territorio acuoso. Muchos de ellos perciben las aguas en donde realizan sus faenas como una continuidad de sus asentamientos en tierra firme. Ellos poseen instituciones marítimas y conocimientos valiosos sobre dichas áreas. La humanización y socialización de los caladeros adyacentes por medio de una rica toponimia es parte de un proceso gradual de conformación de formas elásticas de tenencia marítima.
Dos de estas centrales eólicas llamadas Astrolabio y Barlovento están proyectadas para ser erigidas en áreas históricas de pescadores indígenas como lo son el Cabo de la Vela y Carrizal en la península de La Guajira. En las aguas de estas poblaciones pastan diversas especies de tortugas marinas. Esta es un área formalmente protegida por la existencia en ella de vastas extensiones de pastos marinos. La experiencia registrada en distintos países muestra que, al igual que en la tierra, las aves migratorias y mamíferos como los murciélagos se ven afectados por los aerogeneradores. Un nuevo riesgo es el de los impactos que pueden surgir sobre las diversas especies marinas que allí se encuentran. Adicionalmente, las centrales situadas costa afuera también requieren de líneas de transmisión en tierra.
Sin duda los inversionistas de las centrales eólicas situadas costa afuera se ven atraídos por las muchas ventajas que estas ofrecen. Los vientos de la costa tienden a soplar más fuerte y consistentemente, con menor turbulencia que en tierra. Las turbinas para la producción en alta mar pueden construirse más grandes que las instaladas en tierra porque las piezas de mayor tamaño, como las palas del rotor, no tienen que encajar en caminos de ancho limitado y no es necesario construir vías para llegar a ellas.
Los desarrolladores de dichos proyectos y las autoridades ambientales colombianas no deben olvidar que las turbinas y sus avanzadas tecnologías no existen aisladamente del medio social en que son emplazadas. Ellas estarán situadas en territorios de sociedades humanas particulares que tienen sus propias formas de concebir e interactuar con el mar y con los seres que lo habitan.
El llamado interés de la nación, invocado para justificar la construcción de estos aerogeneradores, debe incluir los derechos a ser consultados previamente y las voluntades de los pescadores. También se deben reconocer las inocultables afectaciones que estas comunidades sufrirán. Las enormes utilidades económicas que los inversionistas obtendrán no deben cimentarse sobre las relaciones desiguales de poder que recurrentemente han condenado a la pobreza a estos connacionales.
