Desde que terminó el super-ciclo mundial de materias primas que vivió el mundo entre 2002 y 2015, la economía colombiana entró en una etapa de crecimientos mediocres (exceptuando este año y medio de rebote poscovid), que han obligado a los últimos gobiernos a remplazar el fuerte crecimiento económico del periodo 2002-2015 por gasto público financiado con deuda y presión tributaria. Desde 2016 en adelante, se han presentado seis reformas tributarias, incluyendo a la actual, que obedecen a la necesidad de financiar un déficit público abrumado por la obligación de garantizar el pago de una deuda que no ha cesado de crecer desde 2016, y por la necesidad de sostener la confianza en la solvencia cambiaria de un país que exporta poco e importa mucho.
Lamentablemente el actual gobierno pareciera no tener alternativas distintas a la de aprobar la reforma tributaria que está en trámite en el Congreso. Durante la crisis del covid-19, por obvias razones, los gobiernos de todo el mundo gastaron más de la cuenta. Si bien Colombia gastó más bien poco durante lo más álgido de la crisis de 2020 en comparación con nuestros vecinos, el gobierno Duque sí gastó bastante en el periodo electoral de 2022, cuando en teoría varios países empezaron un proceso de ajuste y austeridad fiscal; al no haber hecho el ajuste fiscal durante este año de elecciones presidenciales, pues el gobierno entrante, cualquiera que hubiera sido, no tenía opción distinta a la de aprobar una reforma tributaria.
Esto se explica porque el problema de nuestras finanzas públicas es de naturaleza estructural. Somos un país que vive al debe: exportamos poco en comparación con nuestros vecinos e importamos más de lo que recibimos por cuenta de las exportaciones, y tenemos un Estado que gasta más de lo que recauda. Las consecuencias de esta realidad son claras: al fin de cuentas somos una nación, que como muchos hogares, depende de la tarjeta de crédito para comprar el mercado (las importaciones) y del sobregiro bancario para pagar el arriendo y el colegio de los niños (déficit fiscal).
Durante los años 2002 y 2015, gozamos como muchos países emergentes de los efectos de un extraordinario super-ciclo de materias primas, tan solo comparable con los únicos tres otros super-ciclos que había vivido el mundo en su era moderna: el de transición entre la primera y la segunda revolución industrial, el de la Primera Guerra Mundial y el de la Segunda Guerra Mundial, que duró entre 1938 y 1945 y que facilitó la reindustrialización europea, así como el despegue de Japón y de la Unión Soviética.
Esta situación hizo que Colombia durante 2002 y 2015 gozara de un periodo económico excepcional. Gracias a la devoradora demanda china de materias primas y del colapso de la industria petrolera venezolana, nos convertimos en una economía muy atractiva para la inversión directa en el sector minero-energético. Sumado a esto, la recuperación de la seguridad en muchas zonas durante el gobierno Uribe, conjugado con una política monetaria independiente, la creación de una regla fiscal para contener el déficit y un ritmo sostenido de acumulación de reservas, hicieron de Colombia un destino apetecido por los mercados de deuda internacionales.
Pero como no hay fiesta que dure 100 años, la resaca empezó en 2015 año con el colapso brutal del precio de petróleo, el cual cayó de 108 dólares el barril en año 2013 a 42 dólares en 2015. El impacto en las finanzas públicas fue muy drástico, llevando el déficit fiscal de 2,3 por ciento en el año 2013 a 3,9 por ciento en 2016. Los ingresos petroleros del gobierno nacional central pasaron de representar cerca de 3,3 puntos PIB en 2013 a -0.8 puntos PIB en 2016. El golpe en la actividad económica fue tan severo que la inflación se desplomó de un 6,8 por ciento anual en 2013 a 3 por ciento en 2016. Por su lado, el dólar pasó de cotizarse en 2013 en 1.869 pesos a 3.150 pesos en 2016 y desde ese entonces no ha cesado la tendencia devaluacionista de nuestra moneda. Mientras en el año 2011 teníamos una deuda del 30 por ciento del PIB y obtuvimos el grado de inversión, en 2020 la deuda se había duplicado al 60 por ciento del PIB y perdimos el grado de inversión.
Desde 2016 en adelante, el crecimiento y la poca capacidad exportadora de nuestra economía nos han obligado a vivir de contraer deuda, para tener que pagarla con más gasto público financiado con más deuda y un promedio de una reforma tributaria al año. Un ciclo infernal.
Y en cuanto a las fuentes de recaudo, pues tampoco tenemos muchas alternativas. El impuesto de renta y el IVA son las únicas dos fuentes dinámicas de nuestra base tributaria ya que entre ambas suman cerca del 70 por ciento del total del recaudo. Durante el gobierno Duque, el ministro Carrasquilla optó por aumentar el recaudo del IVA gravando la comida, lo cual provocó uno de los estallidos sociales más estremecedores de nuestra historia. El actual gobierno, por lógica ideológica, pero sobre todo por que no cuenta con otras fuentes a dónde acudir, no tiene alternativa distinta a la de cargarle la mano al impuesto de renta y a eliminar -por fin- varias exenciones tributarias inoficiosas.
Colombia no puede seguir en este ciclo infernal de déficit de balanza exportadora-déficit fiscal-deuda-reformas tributarias anuales. No tenemos opción distinta a la de buscar nuevas fuentes de crecimiento económico. Entre países similares de Latam, hace rato ocupamos el primer lugar en mayor déficit de la balanza exportadora y en mayor tasa de desempleo e informalidad.
Ojalá que cesen los anuncios absurdos del Ministerio de Minas sobre la actividad minero-petrolera que hoy representa el 57 por ciento de nuestras exportaciones. Ojalá se concreten nuestras exportaciones de valor agregado a Venezuela. Ojalá que el acuerdo suscrito entre el gobierno y los ganaderos sea el primer paso para transformar nuestra agricultura del tercer mundo en una del primer mundo, tal como lo pudieron hacer en los últimos 30 años Perú, Chile y Brasil.
