Si asumimos que los actuales diálogos con el ELN son la continuidad de los que se iniciaron en 2016 durante el gobierno Santos, podemos afirmar que por primera vez en 54 años de existencia, el ELN está sentado formalmente en una mesa de negociación de paz con el Estado colombiano. Y esto no es un hecho menor: por lo general, lo más difícil en este tipo de conflictos consiste justamente en sentar a las partes a una mesa de diálogos, y más aun cuando están precedidos de un rompimiento reciente, como ocurrió durante el gobierno Duque.
Volver a sentar a las partes luego de la ruptura de una mesa de negociación es particularmente difícil y por lo general toma años y miles de muertes, por la simple razón de que el fin de unos diálogos de paz siempre viene seguido de una violenta reanudación de las hostilidades, como ocurrió el 17 de enero de 2019 con el horrendo atentado a la Escuela de Policía General Santander.
Tal vez lo que ha facilitado la reanudación de los diálogos con el ELN es la coincidencia de varios mensajes emitidos por el gobierno Petro con algunas de las reivindicaciones planteadas por este grupo alzado en armas durante el proceso del gobierno Santos: una fuerte y amplia participación ciudadana denominada diálogo nacional, dirigida a que las negociaciones se hagan en nombre del conjunto de la sociedad, que encajan perfectamente en el mecanismo de diálogos regionales vinculantes que ha anunciado la administración Petro, con los que se busca una participación de todos los estamentos sociales y cuya base sean temas regionales encaminados a atender realidades locales.
Por otro lado, el ELN también ha manifestado que para lograr otro cese al fuego bilateral, como el que se acordó entre octubre de 2017 y enero de 2018 con ocasión de la visita oficial del papa Francisco, se deben adelantar los llamados alivios humanitarios, término con el que se refieren a acciones concretas para evitar los asesinatos de líderes sociales que, sobra recordar, también son imputables en gran medida a esta organización en departamentos como Arauca, Chocó, Nariño y Cauca. Esta solicitud parece encajar perfectamente con la política de paz total que piensa adelantar el gobierno Petro con las bandas delincuenciales, con las que busca alivios humanitarios y mermar el asesinato de líderes sociales.
Ahora bien, a pesar de estos paralelismos, estas negociaciones no serán para nada fáciles.
En primer lugar, por la naturaleza misma de esta organización cuyo origen y modus operandi las hace distintas a las antiguas Farc. Las Farc surgieron de grupos de autodefensa campesina adoctrinados en el comunismo, que se convirtieron en una poderosa máquina de guerra cuando el narcotráfico llegó a sus recónditos santuarios del Caquetá. El ELN, por su parte, es una organización más compleja que las Farc, porque desde su origen combina una sofisticada pero separada dualidad armada y política, que les permite contar con sólidos canales en la sociedad civil y en la política.
Por otro lado, estamos ante un ELN mucho más robusto financieramente que en el pasado, pero también más fragmentado. Hacia finales de los años 90, el ELN ingresó de forma cada vez más directa en el negocio del narcotráfico. Sus nuevos comandantes han crecido bajo el mandato de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, circunstancia que les ha conferido cierta autonomía a sus bloques del occidente del país –los más involucrados en el negocio ilícito– respecto del Comando Central.
Y tal vez lo más complejo es que estamos ante un ELN militarmente mucho más robusto que en 2015. El ELN de cierta forma siempre ha sido una guerrilla binacional, pero desde 2020 se observa un involucramiento cada vez mayor de esta organización en la doctrina militar de las Fuerzas Armadas venezolanas. En 2020 el ministro de defensa venezolano, Vladimir Padrino, anunció la introducción de la doctrina militar rusa denominada Gerásimov, que consiste en la inmersión de acciones tácticas y de guerra híbrida libradas por grupos subversivos en territorio enemigo, apoyadas por información e inteligencia en combinación con acciones de ciberguerra y manipulación de la información. En otras palabras, mientras el ELN en Colombia es guerrilla, en Venezuela opera como un grupo paramilitar integrado a la FNB a través de sus tres grupos tácticos nivel batallón (GTB) que operan en Zulia, Táchira y Barinas; los mismos tipos de GTB rusos que operaban en la frontera ucraniana y que servían de soporte a la guerra by proxy que se libraba en Donetsk y Luhansk antes del inicio de la guerra convencional que estalló en febrero de este año.
Lo más importante en esta negociación es que el Gobierno tenga muy claro que en los últimos años el ELN se ha convertido en una poderosa herramienta geopolítica usada para profundizar las fracturas internas de nuestra sociedad e insertar úlceras de ingobernabilidad en nuestro territorio. Para que estas negociaciones lleguen a buen término, el gobierno Petro en primera instancia debe fortalecer la cohesión de nuestra fuerza pública con la sociedad civil, porque la capacidad de negociación tanto interna como diplomática de una democracia depende en gran parte de una fuerza pública sólida que la sustente.
