Yohir Akerman
13 Marzo 2022

Yohir Akerman

Un extraño personaje

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Dos documentos judiciales, uno inédito hasta ahora y el otro poco analizado, dan elementos para avanzar en varios casos importantes. En especial, sobre la profunda relación de autoridades, gobierno y paramilitares.

El pasado 17 de febrero, la Fiscalía General de la Nación resolvió la situación jurídica de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, pidiendo medida de aseguramiento por el delito de secuestro extorsivo del que fue víctima la exsenadora Piedad Córdoba en 1999. Don Berna se encuentra en Estados Unidos.

Recordemos porque la palabra recordar, en su raíz latina, significa atar cabos sueltos.

Unos 12 años antes de que Piedad, protagonista de mi última columna titulada “El reloj despiadado”, cayera en las mieles de los lujos y negocios oscuros de Álex Saab, el testaferro del régimen venezolano, fue víctima de un secuestro por parte de los paramilitares.

Aproximadamente a las 12:45 del 21 de mayo de 1999, la entonces senadora Córdoba asistía al Centro de Ortopedia en el sector El Poblado de Medellín, a cumplir una cita médica. Poco tiempo después ingresaron al lugar miembros de la banda La Terraza, fuertemente armados, llevándose a Piedad bajo intimidación y amenazas. La senadora fue liberada el 4 de junio de ese año.

Durante su secuestro, tuvo contacto con el máximo jefe de las AUC, Carlos Castaño Gil, quien le reconoció que él había ordenado su retención. Ahora sabemos que en compañía de Don Berna. En diferentes oportunidades, Piedad ha manifestado que tuvo conocimiento de diferentes casos por boca del mismo Castaño, mientras estaba secuestrada, o por haber escuchado conversaciones de él con otros paramilitares. Entre estos casos se encuentra el crimen del periodista Jaime Garzón Forero, registrado el 13 de agosto de 1999.

En el documento de la Fiscalía se establece que, en declaración rendida por Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, ante la Fiscalía 13 de la UNDH, dentro del proceso por el homicidio de Jaime Garzón, el paramilitar textualmente hace la siguiente aseveración: “Mucho tiempo después, le escuché al señor Iván Roberto Duque que mencionaba que Carlos Castaño había ordenado la muerte de ese ciudadano, el señor Garzón, por pedido de algunos extraños personajes e incluso mentó que para los días anteriores a ese hecho, habían visitado a Carlos Castaño, entre ellos, el señor José Miguel Narváez, como también lo había visitado en días posteriores o anteriores al secuestro de la senadora Piedad Córdoba, y que era él quien había entregado unos casetes donde el señor Narváez le mostraba a Carlos que esa señora tenía relación con el ELN”.

Extraños personajes. Recordemos eso.

Agrega el documento hasta ahora desconocido de la Fiscalía, que Juan Rodrigo García Fernández, quien fue asesor de las AUC y además hermano de Carlos Mauricio García Fernández, conocido como el comandante Rodrigo Doble Cero, dice que el secuestro de Piedad Córdoba esta relacionado “con presuntas represalias de Carlos Castaño contra la senadora. Esto con ocasión de las grabaciones de las conversaciones sostenidas por Piedad Córdoba con Felipe Torres del ELN, que varias personas, entre ellas su hermano Doble Cero, manifestaron que José Miguel Narváez le había entregado a Carlos Castaño”. 

Fiscalia

Por estos hechos, la exsenadora presentó el pasado 23 de febrero una petición formal ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para que se le reconozca como víctima dentro del proceso que se abrirá próximamente por los secuestros ejecutados por agentes de la fuerza pública con asociación con grupos paramilitares.

Ahí viene el otro documento objeto de esta columna.

El 28 de febrero, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, en resolución 707, rechazó parcialmente a José Miguel Narváez en su intención de sometimiento a esta jurisdicción pues, de acuerdo con el tribunal, la propuesta de sometimiento no aportaba nada nuevo a la verdad del conflicto.

Fueron más allá. La JEP le dio un ultimátum a Narváez para que en una diligencia reservada, presente una propuesta clara y detallada de aporte a la verdad plena, reparación y no repetición, con relación a los graves hechos por los que ha sido investigado en la justicia ordinaria. Por ejemplo, los homicidios de Jaime Garzón Forero, Manuel Cepeda Vargas, sus relaciones con el paramilitarismo, las chuzadas del DAS, la tortura de la periodista Claudia Julieta Duque, el hostigamiento a Hollman Morris y el secuestro de Piedad Córdoba, entre otros.

JEP

Para entender ese ultimátum, es crucial recordar que Narváez Martínez, fuera de ser parte de la entraña de los paramilitares, era parte del núcleo íntimo del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Sigamos recordando, o atando cabos sueltos.

El hoy condenado coautor del asesinato de Jaime Garzón, fue en 2002 parte de la comisión de empalme en asuntos de seguridad del entonces electo presidente Uribe Vélez. Narváez fue designado por el gobierno, junto al empresario antioqueño Pedro Juan Moreno, para estructurar el Centro Nacional de Inteligencia (Cenit), que sería el nuevo organismo que centralizaría todas las informaciones de seguridad nacional y que dependería en forma exclusiva de la presidencia.

El Cenit era conocido como la Sala de Estrategia Nacional y estaba integrado por civiles, analistas y expertos en inteligencia y contrainteligencia, con la colaboración de los organismos de inteligencia del Reino Unido, Japón, Israel y Estados Unidos.

Después de ese paso por la parte neural de la inteligencia del gobierno de Uribe, Narváez continuó su estelar carrera bajo el ala del presidente y se convirtió en asesor del Ministerio de Defensa, antes de pasar a ser subdirector del DAS, bajo la dirección del hoy preso Jorge Noguera Cotes.

Noguera Cotes ha confirmado varias veces que el nombramiento como subdirector del DAS de este personaje, hoy condenado a 26 años por el asesinato de Jaime Garzón, fue por orden directa del entonces presidente Álvaro Uribe. Orden directa.

Como se ha explicado en el pasado, Narváez creó, como subdirector del DAS, el grupo de inteligencia llamado G3, que en la práctica funcionó como un brazo criminal del DAS para hacer seguimientos e interceptaciones ilegales contra opositores del gobierno de Uribe, defensores de derechos humanos, periodistas independientes y magistrados de las altas cortes.

Después de ese meritorio trabajo de hostigamiento, espionaje y acoso a periodistas, magistrados y opositores del gobierno de Uribe, Narváez fue premiado con un contratico por José Félix Lafaurie para ser su asesor en Fedegán en 2006. ¿Cómo no? Tenía todas las cualidades para trabajar con el polémico líder gremial de ganaderos, famoso por sus enfrentamientos con periodistas, la justicia y los opositores.

Una buena hoja de vida, que llaman.

Y para corroborar eso, nada mejor que seis declaraciones de líderes paramilitares desmovilizados que confirman que, mientras servía como funcionario del gobierno de Uribe y de asesor de Fedegán, Narváez Martínez siguió como puente, aliado y fiel representante del paramilitarismo.

Por ejemplo, el 27 de enero de 2009, el hermano de Doble Cero declaró ante la Fiscalía que buena parte de los actos delictivos cometidos por las autodefensas a órdenes de Carlos Castaño, fueron orientados o sugeridos por Narváez Martínez. “En una ocasión, Carlos Castaño pasó por la finca donde yo me encontraba y me dijo que iba a reunirse con el doctor Narváez, quien venía de parte del ya entonces presidente Álvaro Uribe para concretar aspectos de la dinámica”. 

Declaracion

Un extraño personaje y una extraña relación. Pero efectiva. Por eso no se puede desconocer la cercanía de Narváez con el expresidente Uribe, como tampoco su estrecha relación con Lafaurie. Menos ahora que la JEP le da un ultimátum a ese polémico y oscuro personaje si quiere someterse a esa jurisdicción para entender la profundidad de los vínculos entre las Fuerzas Armadas, el gobierno de Uribe Vélez y los paramilitares como Carlos Castaño y Don Berna.

 

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