Desde que se posesionó, el contralor general, Felipe Córdoba, sabía que debía dejar un sucesor. El plan tenía que ser perfecto. Y lo fue. Engordó la Contraloría, la llenó de funcionarios políticos, revivió el control previo y construyó una relación muy cercana con la Universidad Industrial de Santander, UIS, encargada de realizar el examen a los aspirantes y de calificar sus hojas de vida. Felipe Córdoba siempre supo que para inmortalizarse tenía que seguir gobernando el ente de control en cuerpo ajeno. Y así será.
El Congreso está ad portas de elegir nuevo contralor general. Es una lástima que la lista de los finalistas tenga preocupantes vicios de forma y de fondo. Las polémicas alrededor de la prueba realizada por la UIS no han sido menores. Lo que no conoce la opinión pública, pero sí lo tienen muy claro los congresistas, es la relación de un importante funcionario de la Universidad con el contralor Felipe Córdoba.
El señor Francisco Mosquera Zota era el asesor político del rector de la UIS, Hernán Porras, es decir, su enlace con el Congreso, cuando los presidentes del Senado, Juan Diego Gómez, y de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, firmaron la resolución 001 de 2022 en la que abrieron el concurso para la elección del nuevo contralor general. La cercanía del señor Mosquera con la representante Arias, que seleccionó a la UIS para hacer el concurso, y con el contralor Córdoba quedó consignada en su cuenta de Instagram.
Esto no es todo. El hermano del señor Mosquera, Miguel Ángel Mosquera Zota, trabajaba en la Contraloría de Felipe Córdoba cuando le entregaron el concurso a la UIS. Además, el señor Mosquera fue uno de los afortunados invitados a la famosa boda del contralor Aníbal Quiroz, que también aspiraba a ser contralor general. Boda a la que asistió la plana mayor de la Contraloría de Felipe Córdoba, incluyendo varios candidatos para remplazarlo.
Pero al plan le faltaba algo. Los candidatos de Córdoba necesitaban cumplir con el requisito de tener publicaciones de libros o artículos en revistas especializadas. La Silla Vacía reveló que varios de los aspirantes a la Contraloría, fichas de Felipe Córdoba, entre ellos Juan Carlos Gualdrón, Aníbal Quiroz, Luis Alberto Rodríguez, exdirector del DNP, y María Fernanda Rangel, cumplieron el requisito a última hora y con la editorial de la Corporación Instituto Latinoamericano de Altos Estudios, que había sido contratista de la Contraloría de Córdoba y del DNP de Rodríguez.
Además, durante su reinado en la Contraloría, Córdoba, según La Silla Vacía, “nombró o ratificó en altos cargos a 105 personas que tienen algún tipo de vínculo con congresistas que votaron por él o con políticos relacionados con los partidos que lo eligieron”. Asegurando de esta forma, no solo devolverles a los congresistas el favor por su elección, sino también, de una vez, garantizar la de su sucesor. Por eso sin pena, en junio de este año, invitó a cenar a su apartamento a Omar Yepes, su suegro, quien era el presidente del Partido Conservador, y a dirigentes del Partido de la U y Cambio Radical.
Si bien entre los diez finalistas, la candidata de Córdoba es María Fernanda Rangel, funcionaria también de su Contraloría, no parece una coincidencia que entre los veinte escogidos por la UIS hayan quedado siete aspirantes cercanos a Felipe Córdoba. Entre ellos, Juan Carlos Gualdrón, Aníbal Quiroz y Luis Alberto Rodríguez salpicados en el escándalo del Ocad Paz.
En la lista entregada por la UIS también quedó Andrés Castro, excontralor de Bogotá aliado también de Córdoba. Castro fue remplazado en la Contraloría de Bogotá por Julián Mauricio Ruiz, vicecontralor de Córdoba, que además contrató a su amigo Juan Carlos Gualdrón, excontralor para el posconflicto, que tiene ahora dentro de sus funciones vigilar el pleito de la concesión del relleno de Doña Juana donde está investigado Carlos Rangel, el hermano de la que probablemente será la nueva contralora general de la nación, María Fernanda Rangel.
Un plan perfecto, construido con filigrana, le asegurará al contralor Felipe Córdoba su inmortalidad. Los partidos políticos ya se decantaron por la ungida María Fernanda Rangel condenando a Colombia a cuatro años más de clientelismo y nepotismo en el órgano de control. Es una lástima que el cambio no haya llegado a combatir la corrupción.
Más vale que las demandas que se interpongan solicitando la nulidad de esta elección sean tenidas en cuenta por la justicia. El proceso está viciado desde su origen. La Constitución contempla que la Comisión Legal de Acreditación Documental que recibió las hojas de vida de los aspirantes no se podía reunir sino hasta el 16 de marzo del presente año. La representante Jennifer Arias inició el proceso de convocatoria en enero, saltándose la ley constitucional, para dejar en manos de la UIS la elección. Otra jugadita que pagaremos todos.
