El país se prepara para sumergirse durante el segundo semestre en la discusión de tres grandes temas: la ley de presupuesto para la vigencia de 2023; la reforma tributaria; y el plan de desarrollo del próximo cuatrienio.
Los tres asuntos están interrelacionados; deben guardar coherencia entre sí; y marcarán los perfiles económicos y sociales del gobierno de Gustavo Petro para todo su mandato. De allí la importancia de la legislatura que se abrió el pasado 20 de julio.
La primera ley que debe aprobar el Congreso –antes de la medianoche del 20 de octubre– es la ley de presupuesto del año entrante. Por una peculiaridad de nuestra legislación el proyecto de presupuesto del primer año de cada mandato presidencial lo confecciona el saliente.
La primera discusión legislativa de fondo que vamos a presenciar es, entonces, la siguiente: ¿el gobierno de Gustavo Petro considera que cabe dentro del marco del proyecto de ley de rentas y apropiaciones que preparó el gobierno Duque, o no? Muy probablemente dirá que no cabe allí: que el margen de gasto que necesita para el primer año (que el propio gobierno entrante ha calificado como su año crucial) tendrá que ser superior. Y entonces solicitará un incremento en los techos de gasto público.
Pero no basta con elevar los techos de las autorizaciones del gasto: es necesario acreditar con cuáles ingresos cuenta financiar el gasto público incremental que se dispone a ejecutar en 2023.
Y acá comienza la hora de la verdad: según las proyecciones no es recomendable recurrir a más deuda pública si se quiere cumplir con las metas de la regla fiscal, como ha dicho reiteradamente el ministro José Antonio Ocampo que hará.
Estamos al tope del endeudamiento estatal. El nuevo gobierno deberá cantar entonces cuál es el objetivo de nuevos ingresos de origen tributario que pretende recaudar a lo largo de 2023 con la reforma tributaria para incorporarlos como rentas en el presupuesto del año entrante. Será el canto de la verdad fiscal: ¿50 billones? ¿20 billones? ¿15 billones?
A partir de ese momento sabremos la real dimensión de la reforma de impuestos que tiene en mente la nueva administración que ciertamente no aceptará la curiosa recomendación que recientemente le hizo Iván Duque, según la cual: “no se necesita una nueva ley tributaria a no ser que el nuevo gobierno pretenda hacer más gasto público”. Pero resulta que nuevo y más gasto público es justamente lo que requiere con apremio el presidente entrante para cumplir con sus promesas de campaña.
Vendrá enseguida la discusión de la reforma tributaria que debe estar finalizada antes de la medianoche del 31 de diciembre, si las modificaciones a los impuestos directos de que se viene hablando (renta para personas naturales de más de 10 millones de pesos de ingresos al mes, patrimonio, dividendos, eliminaciones de exenciones, entre otros) se desean recaudar en 2023.
La ley exige que toda modificación a los tributos directos (diferente a lo que acontece con el IVA que sí se puede cobrar inmediatamente), tiene que ser aprobado por el Congreso en el año anterior a su entrada en vigor.
Como el proyecto de reforma tributaria aún no está ni siquiera preparado que se sepa; y como el trabajo parlamentario –según se pudo columbrar en la desordenada y caótica sesión inaugural– no será fácil, es factible anticipar que la discusión de la nueva reforma no será un plato fácil de digerir por los nuevos parlamentarios. A pesar de que las mayorías de los partidos digan haber entrado a la coalición de gobierno. Una cosa es declararse partido de gobierno y otra votar nuevos impuestos. Como ya lo empezamos a advertir con la discusión en torno al anuncio del nuevo gravamen a las bebidas azucaradas.
Y como si fuera poco la dosis de debates económicos que nos esperan, queda el plan cuatrienal de desarrollo que, según la Constitución, debe ser presentado a consideración de las Cámaras en los primeros 100 días, es decir, antes del 16 de diciembre del año en curso.
Allí se plasmarán las prioridades económicas y sociales del gobierno Petro para el cuatrienio; las principales inversiones que pretende ejecutar con las fuentes de financiamiento que utilizará para ello.
Ni siquiera se ha designado a la fecha de escribir este artículo quién será el nuevo director o directora del Departamento Nacional de Planeación. La tarea que le espera a este funcionario y a los equipos que conforme es ciclópea, si efectivamente quiere alcanzar a presentar a tiempo y con coherencia el plan de desarrollo del cuatrienio.
El semestre que viene (para hablar solo de los asuntos económicos y sociales que están entre manos) será de vértigo. Amarrémonos los cinturones, y ojalá el Congreso esté a la altura de las delicadas responsabilidades que tiene.
