Cuando yo trabajaba como asesora política en el parlamento alemán (Bundestag), en alguna reunión con diputados de diferentes bancadas políticas que habían visitado recientemente Colombia, sus comentarios sobre el país no eran tanto de sorpresa —pues es conocido este territorio como uno que no supera su injusticia social— sino más bien una especie de burla, imaginando lo absurdo que resultaría que alguno de ellos fuese el primo de Angela Merkel (en ese momento canciller), o el otro, pariente de Frank Walter Steinmeier (entonces presidente); mencionaban la evidente repartición y exclusión según la clase social, y la manera prácticamente feudal de organización de la sociedad colombiana, que dinamiza la guerra que ahora queremos acabar.
Pensaba en esa reunión mientras leía el Informe Final de la Comisión de la Verdad, y en la responsabilidad de las familias que han controlado el destino de Colombia desde hace más de dos siglos; también, en que su responsabilidad debería ser resaltada para entender a cabalidad el curso que ha tomado el país. Recordé el caso de la familia Reimanns en Alemania, que se benefició del sistema de violencia durante el nazismo y la Segunda Guerra Mundial con el trabajo forzado de presos de los campos de concentración; se hicieron multimillonarios a costa del sufrimiento y la violencia ejercida sobre otros. Estas familias no estuvieron sentadas en el banquillo de los tribunales de Nuremberg o los de Frankfurt ni ningún otro, pero sus descendientes hoy, avergonzados, entienden que sus privilegios y poder provienen de delitos y explotación que no se pueden negar, y por tanto asumen que tienen la responsabilidad de ofrecer una reparación de millones de euros en donaciones.
Por eso ha sido llamativo para mí ver cómo en Colombia muchos aplauden cuando una periodista de familia tradicional de poder, u otros de la misma condición socioeconómica, hablan de la necesidad de mayor justicia social; porque aunque el reconocimiento, como primer paso, refleja una buena intención, pareciera aquí no trascender de un acto performativo y ausente de compromiso, en el que las estructuras permanecen intactas y no se menciona ninguna reparación; al tiempo que se rechaza y se tacha de resentido a quien hace lo propio desde una posición en la que dicha injusticia económica, política y social, ha sido su realidad, y busca ahora una transformación de la sociedad.
El compromiso del Estado con la verdad como un derecho público y con darla a conocer, partió de la publicación del informe Basta ya, del Centro Nacional de Memoria Histórica, en 2013, basado en sus propias investigaciones, pero también en esfuerzos colectivos de diversas organizaciones sociales y de víctimas, de defensores de DDHH, académicos y periodistas, que de tiempo atrás buscaban desatar nudos, evidenciar hechos y, como parte de este desarrollo, hacer cada vez más profunda la verdad.
De los Acuerdos de Paz de 2016 se derivan la Jurisdicción especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, que han develado verdades sobre la dinámica de la guerra, cada vez más difíciles de negar. La JEP ha ido esclareciendo hechos y definiendo responsabilidades penales de los actores armados del conflicto; la Comisión ha mostrado lo que ha vivido una parte importante de los habitantes del país por cuenta de esos agentes de la guerra.
En la reciente presentación del trabajo de la Comisión de la Verdad, se reveló que el 80 por ciento de las víctimas de actos físicos de violencia han sido civiles no combatientes; pero su trabajo también supone una puerta de entrada a la comprensión más amplia de la matriz de fuerzas, crímenes e injusticias de todo tipo en Colombia.
El cambio político en el país no podría haberse dado en un mejor momento pues hoy la sociedad se ve no solo confrontada a su pasado de violencia política sino que también está, cada vez más, dispuesta a cuestionar las estructuras de dominación y poder social actuales, que tienen en muchos casos como punto de partida la época colonial, y que ni la Constitución del 91 ni otros esfuerzos de reorganización social han logrado superar. Bajo este sistema, algunas familias tradicionales, epicentros de poder, han creado vulnerabilidad y mucho sufrimiento a otras, y esta parte de la violencia también la tenemos que revisar si queremos responder a las preguntas de la Comisión de la Verdad: ¿Por qué pasó? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cuál es su responsabilidad y cómo evitar que continúe?
Las injusticias históricas contribuyen a las condiciones estructurales de violencia del presente. O dicho de otra manera, las condiciones actuales siempre poseen y son poseídas por una dimensión histórica. El reciente Informe Final de la Comisión de la Verdad hace énfasis en la connivencia de entidades estatales, los medios de comunicación, empresarios, jueces, la Iglesia y el Congreso, en lo que ha tenido que vivir el país estos últimos sesenta años de guerra brutal. Debemos también nosotros mirar la constante asimetría social del país; la estructura de dominación y poder de más de dos siglos, de la que se han beneficiado familias en concreto que, sin ser ellas necesariamente actores físicos o directos de violencia, guardan sí una íntima relación con la guerra y, a pesar de la injusticia y el dolor que han causado, es muy complicado que sean objeto de revisión por parte de la Comisión o por la JEP.
Las estructuras contemporáneas de poder son siempre el resultado de procesos diacrónicos; la desigualdad económica y la violencia no es simplemente un fenómeno sincrónico, sino el producto de la historia. Por eso es fácil ver el contínuum de las familias que mantienen el poder y que, desde la colonia, han ocupado el lugar dominante del saqueador y explotador, sobre aquellos que han excluido y ninguneado y que hoy reclaman un cambio que ya no da espera.
Colombia atraviesa un momento de inflexión que no debemos dejar pasar para llevarnos a una introspección y autocuestionamiento; a entender que cada quien ocupa necesariamente un lugar determinado dentro de las estructuras de poder, más allá de la violencia física y política, a menudo de mucho privilegio para pocos, y que debemos preguntarnos en qué parte de la sociedad nos ha ubicado la historia. Si hemos estado en una situación dominante, hacer ese privilegio visible y plantear propuestas de reparación de las cuales partir para que podamos, ahí sí, hablar de reconciliación, palabra usada tan ligeramente en el país.
Es necesario también revisar la actitud de aquellos que aplauden al poderoso y condenan al débil, como lo que Michael Rothberg llamaría «soporte de dominación»: personas que no pueden ser identificadas directamente como agentes de violencia ni tienen grandes beneficios de la estructura de poder, pero cómodas, ignorantes o indiferentes en esa “zona gris”, se han acostumbrado, aceptan y sostienen, un sistema de dominación que ven como natural.
Porque todos hemos tenido un rol determinado, legado de la historia, que como cuerda de transmisión ha mantenido viva la estructura de poder «víctima–perpetrador»; por tanto, debemos empezar a actuar en solidaridad para encontrar la manera en que queremos vivir juntos y cómo nos vamos a organizar a partir de aquí.
No se trata de buscar cambios de arriba hacia abajo o viceversa, sino de lograr un proceso horizontal en el que cada uno desde su lugar, entendiendo su deber histórico y moral, reconozca y plantee, no solo su responsabilidad, sino cómo va a aportar para la reparación de quienes han carecido hasta de lo esencial y han sido dañados; lo cual además, si es honesto, beneficiará a todos.
La verdad no es asunto de una sola ocasión, sino el resultado de un largo proceso, en el que todas las piezas sueltas y revueltas se deben verificar y unir, para poder entender los hechos en su totalidad; es solo a partir de ahí que podemos llegar a consensos sobre lo sucedido, sobre nuestro pasado, mirar el rol que cada uno ha tenido, generar un cambio dentro de la estructura que ha regido el país y lograr moldear el futuro que queremos vivir.
Tenemos que hacerlo no tanto por el dolor que ha dejado la injusticia social y la guerra en el pasado, sino por la urgencia del presente y el futuro para el país.
