Para nadie es un secreto que las protestas sociales de 2019 y 2021 y el pésimo manejo de Ivan Duque, catapultaron la candidatura presidencial de Gustavo Petro. El gobierno de entonces desestimó en forma olímpica las justas demandas de los jóvenes y esa actitud generó una ola de indignación contra el gobierno que radicalizó a buena parte de la sociedad colombiana. Petro interpretó correctamente ese momento. Desde mayo de 2021 se sentenció la elección presidencial y se sabía que los colombianos votarían por el cambio. El debate se redujo a definir cuál era el cambio más conveniente para el país y triunfaron las tesis del hoy presidente.
Sin las protestas las elecciones de este año hubieran sido diferentes y sin los jóvenes que salieron a las calles las movilizaciones no habrían tenido éxito. Además, la represión absurda y brutal por parte de integrantes de la Policía Nacional despertó la solidaridad de muchos sectores de opinión que ni siquiera salían a las manifestaciones. Las muertes de decenas de protestantes y la ausencia de transparencia en la información sobre las consecuencias trágicas de los excesos policiales, liquidaron la escasa credibilidad del gobierno.
Ese momento político hay que recordarlo para comprender y evaluar los anuncios del gobierno con respecto a la situación jurídica de los integrantes de la primera línea en el paro nacional. El problema surge con las generalizaciones simplistas y la costumbre de ver todo en blanco y negro. Tan cierto es que son pocos los jóvenes hoy investigados o condenados por la justicia que son unos criminales responsables de toda clase de delitos, como que no todos son unos angelitos que salieron a caminar, cantar y tirar unas cuantas piedras. Sin duda miembros de la fuerza pública cometieron excesos mortales, aún sin sancionar, que ocasionaron además una crisis profunda de legitimidad de la institución policial, pero también sectores radicales y violentos de los manifestantes actuaron en varias ciudades como bandas criminales que atacaron a nuestros policías y a civiles indefensos. El paro se salió de madre ante la indiferencia e indolencia de un jefe de Estado que no supo escuchar oportunamente el grito desesperado de cientos de miles de colombianos.
Entonces, la decisión política del gobierno Petro de buscar alternativas a los jóvenes de las protestas hay que estudiarla en ese contexto. Es entendible y lógico el intento de cumplir un compromiso de campaña. El lío es que se pretende mezclar peras con manzanas. Es válido explorar opciones para los jóvenes sindicados, pero no lo es tanto utilizar el argumento de la Paz Total para convertirlos en voceros de organizaciones criminales. No se ve clara la contribución que eventualmente podrían brindar ellos a los diálogos con los grupos armados ilegales. Es más transparente reconocer con claridad que se trata de buscar la liberación de los jóvenes que protestaron y tramitar por separado una ley que permita excarcelar a cientos de ellos que cometieron faltas menores, que incluir un mico de última hora en un artículo de la modificada ley de orden público, que casi con seguridad se caerá en la primera revisión judicial.
Los jóvenes que fueron judicializados y criminalizados injustamente por salir a protestar tienen derecho a salir de las cárceles. Lo que resulta inaceptable es adoptar el mismo tratamiento para aquellos que cometieron delitos graves. Voces como las de De la Calle y Uprimhy, a quienes nadie puede señalar de enemigos del diálogo y la conciliación, ya advirtieron los riesgos jurídicos del camino emprendido por el gobierno. Las últimas declaraciones del ministro Osuna son sensatas y prudentes. Es importante separar los sindicados de los condenados, los jóvenes que ejercieron el derecho a la protesta de los autores de graves delitos y entender que son los jueces y no el gobierno los que pueden tomar decisiones de suspensión de la orden de captura. Sin embargo, aún quedan muchas dudas por los precedentes que implicaría la decisión del ejecutivo para la separación de poderes en Colombia.
Vale la pena que el gobierno reflexione sobre la posibilidad de lograr el objetivo de alivios penales para los jóvenes sin poner en riesgo la legalidad de sus actuaciones y evitar suspicacias innecesarias. Es mejor promover un debate sereno y de cara al país sobre el derecho a la protesta, sus alcances y límites y no la utilización de un articulito que no tiene relación alguna con la búsqueda de la Paz en Caracas. Tienen la extraordinaria oportunidad de demostrar que saben escuchar cuando los argumentos son poderosos.
