Johana Fuentes
17 Mayo 2022

Johana Fuentes

Vuelve y juega

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Tan solo dos meses después de la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Colombia hasta la semana 24, el Gobierno –esta vez representado por Alejandro Ordóñez, embajador ante la OEA– se adhirió a un  grupo de 36 países antiaborto, enviando un claro mensaje en contra de la autonomía de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y de lo que ha avanzado el país en esa materia tras una larga lucha.

El documento firmado –que por fortuna es simbólico y no tiene ningún efecto jurídico– corresponde al Consenso de Ginebra y señala que “no existe un derecho internacional al aborto, ni recae sobre los estados una obligación de financiar o facilitar los abortos", todo eso argumentado bajo la premisa hipócrita de defender “la salud integral de la mujer y el fortalecimiento de la familia”. 

No sorprende que este Gobierno haya hecho tal adhesión cuando Ordóñez ha sido uno de los opositores férreos al aborto y el propio Iván Duque dijo que la despenalización podría conducir a que este se convirtiera en un método anticonceptivo. Es vergonzoso que el presidente tenga tan poco conocimiento sobre salud sexual y reproductiva, pero sobre todo, que ignore que el fallo de la Corte beneficia en especial a las mujeres vulnerables que, por diferentes razones (conflicto, ruralidad, condiciones de pobreza extrema, etcétera), se encuentran con muchas barreras para interrumpir su embarazo y quedan condenadas a la clandestinidad.

Como si fuera poco, tres días antes de este suceso, la mal llamada bancada provida del Congreso inscribió ante la Registraduría al comité promotor para realizar un referendo en contra del derecho al aborto con el fin de modificar la Constitución en tres aspectos: defensa de la vida desde la concepción, protección de los colombianos que están por nacer y garantía a la objeción de conciencia para todos; como si ya ese último punto no fuese una traba para las mujeres que, aun con la despenalización, pretenden acceder a una IVE.

Varios de los promotores de este nuevo intento de echar para atrás el acceso a un aborto legal ya habían tratado fallidamente hacer lo mismo con proyectos de ley en el legislativo. El más absurdo que recuerdo no solo buscaba que se prohibiera la interrupción voluntaria del embarazo en todas las causales, incluso las avaladas por la Corte hace 16 años, sino que además pretendía incluir allí a la pastilla del día después por considerarla abortiva. ¡Cuánta ignorancia!

Tampoco hay que olvidar que la mayoría de ellos usó el referendo para hacer política en la pasada campaña electoral, pues algunos no solo son congresistas, también son miembros activos de iglesias cristianas, las mismas que arman grupos para pararse frente a los centros donde realizan estos procedimientos y acosar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. 


Mi primera columna en Cambio fue sobre la necesidad de despenalizar el aborto y después del fallo de la Corte no creí que tuviese que volver a escribir sobre esto, pero lamentablemente tenemos un Congreso y en este momento un Gobierno que, en vez de garantizar nuestros derechos, los quieren reversar. Espero que la Corte logre frenar este nuevo ataque a nuestras libertades.

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