Dos años después: ¿Dónde están los $70.000 millones de Centros Poblados?

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En su momento, W Radio había revelado que la Unión Temporal Centros Poblados presentó tres pólizas falsas para instalar cerca de 7.000 puntos digitales en zonas apartadas del país. Este contrato, adjudicado por un billón de pesos, fue denunciado debido a que las empresas que hacen parte de la unión temporal no contaban con la experiencia ni con la capacidad técnica y financiera para poderlo ejecutar. En ese contexto, respondió la ministra de las TIC del momento, Karen Abudinen y aseguró que su cartera no permitiría que esos recursos se perdieran. “Nosotros no vamos a permitir que de los recursos del Estado para conectar a los niños de este país se pierda un solo peso” dijo

Abudinen señaló que haría mal en señalar quién está detrás de las irregularidades y dijo que ha pedido a la Fiscalía General de la Nación, así como a todos los entes de control, que llegue hasta las últimas consecuencias. A su vez, la ministra agregó que en su cartera se habían tomado medidas contundentes en este proceso: “La primera medida es declarar la caducidad del contrato y a ocho funcionarios los apartamos del proceso (...) se cambió al supervisor del contrato de manera inmediata. (También) cambié a los funcionarios que estaban haciendo esa inspección, y control interno está haciendo una auditoría exhaustiva del tema”. Así mismo, Abudinen se mostró sorprendida porque la empresa contratada para supervisar no pudo encontrar que la garantía no había sido expedida por el banco. Por ello, indicó que se está investigando para identificar en qué se falló y tomar los correctivos necesarios.

También sostuvo que no se autorizó el segundo pago de ese contrato: “El segundo pago de este contrato el interventor lo aprobó en el marco de este proceso y nosotros paramos ese pago por 25.000 millones de pesos”. Sobre los 70.000 millones de pesos que se desembolsaron para el primer pago a Centros Poblados, Abudinén dijo que se fueron a una fiducia fuera de Colombia. Por eso, la ministra Abudinén agregó que está dispuesta hasta a buscar la extinción de dominio para recuperar el último peso de los $70.000 millones que ya se desembolsaron: “Cuando la plata entra a Estados Unidos, ahí sí es verdad que uno puede llevar hasta la última persona que se le dispersó los recursos”. Además, subrayó la importancia de declarar la caducidad del contrato y sostuvo: “El contrato es inejecutable, hoy es como si no hubiera contrato”. Adicionalmente, se abrió un proceso contra la interventoría por incumplimiento.

“El interventor tiene oficialmente el contrato en el Ministerio porque se lo ganó. Abrimos un proceso de incumplimiento disciplinario a la interventoría”, precisó. También informó que tiene un contrato por 19.000 millones de pesos a 11 años. Sobre la no autorización de un segundo pago, Abudinén respondió: “Cuando uno engaveta un pago, también se está exponiendo a un proceso disciplinario porque el interventor nos está diciendo que ese contratista está cumpliendo y autoriza el pago”. Dos años después no existe rastro de los 70.000 millones de pesos que Abudinen dijo que recuperaría. Según Transparencia por Colombia este caso de corrupción deja grandes enseñanzas y retos orientados al fortalecimiento de las políticas y lineamientos de contratación pública; entre ellos, la verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales, tanto de las personas naturales como jurídicas que conforman los consorcios, uniones temporales, y terceras partes a suscribir cualquier acuerdo, incluyendo a los representantes legales que ostentan dichos cargos, especialmente si se identifican cambios recientes.

Escuche la entrevista completa de Karen Abudinen con Julio Sánchez Cristo haciendo clic en el video a continuación: