Las beneficiarias de la medida serían liberadas a cambio de cumplir con labores de trabajo social.
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5.000 madres cabeza de familia recobrarán la libertad: estas son las condiciones para la excarcelación
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Un decreto publicado por el Ministerio de Justicia permitirá que más de 5.000 madres cabeza de familia que cumplen condenas por delitos como hurto queden en libertad.
Por: Redacción Cambio
Más de 5.000 madres cabeza de familia condenadas por diversos delitos, incluyendo hurto, tráfico de estupefacientes, destinación ilícita de muebles e inmuebles, entre otros, podrían obtener la libertad gracias a un decreto publicado por el Ministerio de Justicia, encabezado por Néstor Osuna.
Este decreto establece las condiciones para que estas mujeres puedan ser liberadas a cambio de cumplir con labores de trabajo social como medida que sustituya su pena. Cabe señalar que las beneficiarias tienen condenas de hasta ocho años de pena.
El objetivo principal de esta iniciativa es abordar la situación del sistema carcelario, priorizando la resocialización, el respeto de los derechos humanos y la reducción de la privación de la libertad, conforme al Plan Nacional de Política Criminal. Además, con esta medida, las mujeres podrán volver a hacerse cargo de sus hijos.
Según explicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, "el objetivo de esta ley es que los jueces sustituyan las condenas e impongan la prestación de servicios de utilidad pública no remunerados que favorezcan la comunidad en la reconstrucción del tejido social que se afectó por la comisión del delito".
La sustitución de la pena privativa de libertad por labores de trabajo social estará supervisada por un juez y abarcará actividades como la recuperación de espacios públicos, apoyo a víctimas, bienestar y protección animal, asistencia a comunidades vulnerables, entre otras.
Para ser elegibles para este beneficio, las mujeres deberán ser afiliadas al sistema de seguridad social. Aquellas que no puedan pagar las cotizaciones serán remitidas a la Secretaría de Salud para realizar este trámite. Además, deberán ser afiliadas al Sistema de Riesgos Laborales. En caso de incumplimiento de las obligaciones, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad determinará las consecuencias dentro del marco del debido proceso.
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El programa contará con un sistema de información para servicios de utilidad pública y las entidades públicas, sin fines de lucro u organizaciones no gubernamentales que participen en el trabajo social de las beneficiarias deberán presentar informes de cumplimiento. El Ministerio de Justicia llevará a cabo evaluaciones periódicas de este proceso cada dos años.
Según datos del Ministerio de Justicia, en Colombia hay unas 17.000 mujeres privadas de la libertad, una cifra que ha crecido un 400 por ciento en los últimos 20 años.
