"La implementación va muy lenta por cuenta de la falta de liderazgo del Gobierno nacional": alta consejera para las víctimas de Bogotá
21 Mayo 2024

"La implementación va muy lenta por cuenta de la falta de liderazgo del Gobierno nacional": alta consejera para las víctimas de Bogotá

Crédito: Alta Consejería de Víctimas

En entrevista con CAMBIO, la directora de la entidad habló de cómo Bogotá planea implementar lo pactado en La Habana. También aprovechó para responderle al presidente Gustavo Petro por sus recientes declaraciones.

Por: Pía Wohlgemuth N.

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La alta consejería de Víctimas de Bogotá nació del Acuerdo de Paz de 2016. Desde entonces, concentra esfuerzos distritales en implementar lo negociado hace ocho años en La Habana. La consejera designada por el alcalde Carlos Fernando Galán es Isabelita Mercado, abogada con una maestría en Derechos Humanos y Democratización, quien hoy debe afrontar los retos de la paz en medio del conflicto, en una ciudad que recibe a docenas de víctimas de desplazamiento.

En conversación con CAMBIO, la funcionaria explicó por qué no está de acuerdo con el presidente Gustavo Petro cuando este dice que el Estado no ha implementado el Acuerdo de Paz. Así mismo, contó cuáles son los planes de esta alcaldía en materia de paz y reconciliación, se refirió al desarrollo rural y a abrirles la puerta a los excombatientes: no solo exguerrilleros, sino exmilitares y exparamilitares que viven en Bogotá.

CAMBIO: El presidente dijo que el Estado no está cumpliendo el Acuerdo de Paz. ¿Qué fue lo primero que pensó cuando oyó esa declaración? 

ISABELITA MERCADO: Me pareció que fue un poquito absurda esa declaración, porque quien lidera la implementación del Acuerdo es el Gobierno nacional. Desde hace año y medio para acá hemos visto que la implementación va muy lenta por cuenta de la falta de liderazgo del Gobierno nacional. Además, es un liderazgo que tiene injerencia e impacta distintas áreas del Estado. Por ejemplo, faltan más de 30 normas relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz. Los esfuerzos que se hicieron en su momento desde el Legislativo nunca fueron impulsados por el propio Gobierno. Hay toda una maraña normativa que falta y que el Gobierno decidió no impulsar. Frente a los temas más grandes y estratégicos, este Gobierno arrancó diciendo “voy a reformular la política de drogas” ...

CAMBIO: Y sí se lanzó una nueva política de drogas...

I.M.: Sí, pero no se reformuló el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y hoy están todas las familias que fueron vinculadas en su momento, a la espera de respuestas. Realmente no hay una estrategia de sustitución con las hectáreas de coca aumentando. Tampoco hay una estrategia de erradicación. Sabemos que el punto 4 del Acuerdo tiene una relación directa con la violencia, con el narcotráfico y demás. Eso está totalmente colgado. Frente a la reforma rural integral él mencionaba que le parece que necesita comprar tierras y yo creo que ahí él se equivoca en la visión del Acuerdo, de lo que era realmente el punto 1.

CAMBIO: Sobre eso también quería preguntarle. El Gobierno, con cierta razón, entiende mucho la reforma rural integral como la entrega de tierras, pero ustedes están haciendo otras cosas más allá o aparte de eso...

I.M.: La visión de La Habana nunca fue la visión clásica de lo que era la reforma agraria, que tenía una noción un poco más tradicional en términos de que con entregar tierra es suficiente. La Habana se da cuenta de que si tú no generas desarrollo territorial, no vas a hacer nada con la entrega de tierra. Eso implica conocer para qué sirve el suelo, hacer procesos de tecnificación y uso del suelo, sistemas de riego, cómo sacar los productos de allá, cómo incluir esos productos en los sistemas de mercado, etcétera. En Bogotá, las víctimas y la población vulnerable, en general, tienden a irse a la periferia de la ciudad. Allá no llegan todos los servicios de la ciudad, entonces cualquier lógica de intervención tiene que ser en función del territorio. Eso implica entender cuáles son las necesidades de ese territorio, donde están los vacíos.

Por ejemplo, hemos ido varias veces a Usme rural y lo que nos decían es “mi hijo tiene que caminar 30 minutos para salir de la finca, hasta donde está pavimentada la vía”. Estamos hablando de un problema gigantesco de pavimentación de vías secundarias y terciarias en Bogotá.

CAMBIO: Lo que pasa en los campos más remotos del país…

I.M.: Exacto, pasa en Bogotá. Por eso, si uno no interviene los territorios en función de desarrollar estos territorios e involucrarlos en dinámicas económicas productivas, nunca va a poder jalonar desarrollo. Eso pasa de una manera similar con los bordes urbanos. La intervención tiene que ser territorial y hacer un ejercicio de identificar dónde están las víctimas. Hago mejoramiento de barrios, pavimentación de vías, recolección de basuras, y eso tiene un impacto gigantesco en la calidad de vida. Adicionalmente, de pronto se monta un mercadito y emplea a dos o tres personas, y en el mercadito hay otras vinculadas, y empieza a generar una dinámica positiva de economías locales que funcionen. Eso sí es lo que puede ayudar a las víctimas a tener una mayor inclusión social productiva.

CAMBIO: ¿Ustedes, desde su enfoque, están trabajando, por ejemplo, en el tema de vías y todo esto que mencionaba?

I.M.: Sacamos una columna donde hablamos de las transformaciones rurales. Al final, lo que esto busca es decir “listo, el Acuerdo de Paz estaba pensado, sobre todo, para estos territorios rurales del país y con un especial énfasis en las zonas más afectadas del país, los 170 municipios más afectados por la violencia, pero ¿cómo podemos usar esos mecanismos de planeación y de focalización de recursos y entidades en ciudades como Bogotá?". El Acuerdo no fue tradicionalmente pensado para grandes centros urbanos, pero hoy las grandes ciudades como son Bogotá, Medellín y Cali tienen la responsabilidad de implementar, porque las víctimas y los excombatientes, por seguridad, están llegando a estas ciudades. Entonces, estamos teniendo que generar dinámicas de inclusión de esta población y de desarrollo en la lógica de La Habana.

CAMBIO: ¿Qué está haciendo Bogotá para las víctimas en la ciudad en lo que tiene que ver con implementación del Acuerdo de Paz?

I.M.: Históricamente, Bogotá atendió a las víctimas en una lógica de asistencia de ayuda humanitaria. A raíz del acuerdo de paz, Bogotá empezó a pensar cómo cambiamos la manera en que recibimos a las víctimas para conectarlas al desarrollo de ciudad. Es cómo uso yo esa ayuda humanitaria, que me permita tener una conexión con el desarrollo y, al final, eso es construcción de paz. Hoy que estamos pensando en ese plan de desarrollo, pensamos que Bogotá tiene una deuda histórica con las víctimas del conflicto que han decidido llegar por la violencia y han decidido quedarse. Hablamos de más o menos 220.000 víctimas, de un total casi de 380.000. De esas víctimas que han decidido quedarse en la ciudad más del 60 por ciento está en condición de vulnerabilidad asociada al desplazamiento forzado.

Por ende, cuando llegan a la ciudad emprenden un camino sin retorno hacia la pobreza, con pocas posibilidades de acceder a derechos básicos y eso repercute en que no puedan reconstruir sus proyectos de vida. Nuestra apuesta a largo plazo, y el legado que queremos dejar, es esa política pública de integración local. Ninguna ciudad en el país la tiene. Queremos ser un modelo de atención de cómo integramos a las víctimas localmente en la ciudad y cómo generamos unos esfuerzos articulados del Distrito que les permita superar barreras. 

Mientras tanto, tengo que tener unos mecanismos de intervención y por eso nos inventamos las transformaciones rurales integrales para coordinar la oferta distrital, para que llegue de manera organizada a unos territorios marginados, pobres, donde la oferta distrital no ha llegado, para poder generar desarrollo local.

CAMBIO: Todo eso es local, pero ¿se hace en coordinación con el Gobierno nacional?

I.M.: Sí, ese es el deber ser. Trabajamos fuertemente con la Unidad para las Víctimas y tenemos un esfuerzo articulado en términos de ver dónde focalizamos los esfuerzos y los recursos. La Unidad tiene el Registro Único de Víctimas (RUV). Nosotros queremos buscar soluciones creativas en esta alcaldía, para ayudar a las víctimas a superar esa situación de vulnerabilidad. Una de las fórmulas creativas que se nos ha ocurrido es cómo buscamos una concurrencia de subsidios con la nación para los temas de vivienda. Es una idea que apenas estamos explorando, pero queremos encontrar nuevas fórmulas que nos permitan dar soluciones, cómo podemos sumar un subsidio nacional con un subsidio distrital, con la indemnización, si fuera posible. En esta lógica que es lo que le queremos plantear a la Unidad de Víctimas cómo buscamos soluciones distintas a problemas, porque si no, nos vamos a quedar en los ciclos de pobreza eternos en los que hoy están las víctimas de la ciudad.

CAMBIO: ¿Hay plata para todo lo que se quiere hacer? ¿De dónde sale la plata?

I.M.: Depende, porque yo creo que lo que uno tiene que hacer realmente es incorporar a esta población en las apuestas distritales, en general.

La política social sí es más directa a la población, cómo hacemos un esfuerzo, con el secretario de Integración social, para incluir a las víctimas en esos procesos. En la lógica territorial, cómo priorizamos, por ejemplo, esos barrios donde sabemos que hay una alta presencia de víctimas, pero hay otro tipo de poblaciones como excombatientes, migrantes, etcétera, para generar un desarrollo territorial en lógica económica.

Yo puedo decirle a Hábitat dónde son los barrios donde hay mayor cantidad de víctimas, pero al final el impacto o el trabajo en esos barrios va a favorecer a otro tipo de poblaciones, que también están ahí asentadas. Eso genera unas dinámicas positivas para la ciudad.

CAMBIO: ¿Ya está entre los planes de la Alcaldía?

I.M.: Sí, es lo que estamos hablando en este momento en el Plan de Desarrollo y trabajando con cada secretaría. Lo que hacemos nosotros desde la Consejería es ayudar a articular para que, justamente, desde las otras secretarías, podamos transversalizar esto. 

CAMBIO: ¿Nos puede contar un poco sobre la iniciativa de segundas oportunidades para excombatientes que está desarrollando la Alcaldía?

I.M.: Bogotá ha sido una ciudad donde, históricamente, llegan los excombatientes de distintos grupos. Las cifras que nos da la Fundación Ideas para la Paz muestran que en Bogotá han hecho su proceso de desmovilización, desde hace 20 años más o menos, unos 10.000 excombatientes y deciden quedarse en Bogotá. Nuestra apuesta es que Bogotá realmente sea un territorio de segundas oportunidades.

No estamos concentrados únicamente en los firmantes del Acuerdo, más o menos 800 en la ciudad, pues también hay muchas personas que se desmovilizaron de manera individual de las Farc y hacen parte de la ruta de reintegración: son 2.000, 2.300. También hay personas que están en proceso de reintegración especial; es decir, los que no hacen parte de las Farc ni AUC, etcétera, sino que hacen parte de estructuras criminales de alto impacto y se están desvinculando. Por último, los que son fuerza pública, comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Hoy enfrentan múltiples barreras para realmente acceder a la oferta del Distrito y tener un proyecto económico sostenible en el tiempo.

Queremos fortalecer los temas de formación para que eventualmente puedan ser ubicados en empresas y fortalecer la empleabilidad de esta población. Esto lo estamos trabajando también con desarrollo económico y con la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) para ver cómo sumamos esfuerzos en este sentido. 

CAMBIO: En la anterior alcaldía se inició el PDET Bogotá región, ¿qué pasa ahora con este y cuál es el plan?

I.M.: Es un gran compromiso, sobre todo de voluntad política, que Bogotá sea una ciudad ejemplo en la implementación del Acuerdo de Paz. Se priorizaron dos lugares de la ciudad en un primer momento: Sumapaz y un PDET urbano en lo que es Ciudad Bolívar y Bosa, en los bordes periféricos. Se hizo un ejercicio participativo en ambos, en los que las comunidades participaron y las personas dijeron cuáles creían que eran los proyectos importantes para desarrollarse territorialmente.

Necesariamente los productos que se formularon tienen una lógica de conectarse para generar desarrollo territorial, entonces nuestra apuesta es continuar con esos PDET, pero usar un ejercicio de hoja de ruta para poder ver qué proyectos se priorizan y cuáles podemos identificar, que sean realmente catalizadoras del desarrollo. Todo esto para que el esfuerzo que hagamos como Distrito, llegando desde distintas secretarías, nos permita impactar positivamente la vida de las personas en esos lugares, para que no sean iniciativas aisladas, sino que estén conectadas. Esto hace parte de nuestra estrategia grande de transformaciones rurales integrales.

CAMBIO: ¿Hay alguna que, al llegar, haya visto que no estaba funcionando?

I.M.: Son temas que se pueden fortalecer. Por ejemplo, hubo una atención, sobre todo con la población firmante del acuerdo, pero se olvidó a la población de excombatientes que se desmovilizaron por la vía individual y hoy son un porcentaje importante de excombatientes. Jamás lograremos una reconciliación completa si no involucramos a sus actores.

Adicionalmente, me parece que quedaron por fuera muchos sectores en los procesos de construcción de memoria y acá es importante que Bogotá realmente pueda incluir todas las voces en los procesos de construcción de memoria. Además, una de las apuestas que tenemos es que la capital tenga su propia versión de cómo el conflicto impactó Bogotá, que tenga su propia versión de lo que ocurrió, que hagamos un ejercicio de esclarecimiento participativo y que nosotros podamos tener nuestra propia historia de cómo el conflicto y las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario marcaron la ciudad. Yo creo que esa es una deuda grande que no ha ocurrido en administraciones anteriores.

 

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