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Crédito: Colprensa
Una crisis escondida: en Antioquia asesinaron a 28 líderes sociales en 2024
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Según el informe de la Corporación Jurídica Libertad, la paz y los derechos humanos están en crisis en el departamento. El 69,7 por ciento de las agresiones a líderes y lideresas sociales fueron responsabilidad de las AGC o el Clan del Golfo.
Por: Rainiero Patiño M.
La realidad que afrontan los líderes y lideresas sociales de Antioquia es crítica. A esa conclusión llegó el más reciente informe presentado por la Corporación Jurídica Libertad, sobre la situación de paz, derechos humanos y nivel de riesgo de estos durante 2024.
Las cifras son alarmantes. En 2024, 28 líderes y lideresas fueron asesinados, y más de 200 familias fueron desplazadas en el nordeste antioqueño.
La subregión del nordeste del departamento fue la que sufrió con una grave intensificación del conflicto armado. Además, las agresiones contra comunidades campesinas y población LGBTIQ+ también aumentaron, con registros de homicidios selectivos, desplazamientos y confinamientos.
Bajo este crítico panorama, la Corporación Jurídica Libertad alertó sobre la consolidación del poder armado ilegal en múltiples subregiones de Antioquia.
“A pesar de que el departamento de Antioquia registró en 2024 la cifra más baja de homicidios en los últimos 55 años, la violencia focalizada contra líderes sociales y comunidades vulnerables se intensificó”, insistió la organización.
El informe, que fue construido con el monitoreo permanente de agresiones y el análisis de fuentes institucionales y comunitarias, muestra un panorama de alto riesgo para la paz territorial y los derechos humanos.
Una crisis escondida
Aunque en 2024 se reportaron 1.648 homicidios, una cifra que muestra una disminución frente a los 1.744 de 2023. Corporlibertad señala que esta caída no refleja una mejora real en la seguridad.
Según el informe, la reducción se dio de forma desigual entre las subregiones y no implicó un descenso en otras formas de violencia como las amenazas, los desplazamientos forzados, los confinamientos o los feminicidios.
La tasa de homicidios en el departamento se ubicó en 24 por cada 100.000 habitantes, comparada con 22,7 en el país. Sin embargo, en subregiones como el Bajo Cauca, nordeste y norte se presentaron aumentos significativos, con incrementos del 58 por ciento, 26 por ciento y 10 por ciento, respectivamente.
Más agresiones
El informe de Corporlibertad contabilizó también 94 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo amenazas individuales y colectivas, desplazamientos, atentados y estigmatización.
Las zonas más golpeadas por esta violencia en el departamento fueron el nordeste (149 agresiones), norte (58) y Urabá (48), siendo los municipios de Segovia, Remedios y Anorí epicentros de desplazamientos como consecuencia de las confrontaciones armadas. Solo en diciembre de 2024, más de 200 familias tuvieron que salir de manera forzada de estos territorios.
El informe también señaló la consolidación del poder territorial de los actores armados no estatales, particularmente del Clan del Golfo, hoy autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), “que operan en 65 municipios del departamento y son responsables del 69,7 por ciento de las agresiones registradas contra la población civil”.
Otros grupos con fuerte incidencia son las disidencias de las Farc, organizadas en el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se enfrentan o se alían para disputar territorios estratégicos como la serranía de San Lucas, donde confluyen intereses mineros, rutas del narcotráfico y control social.
También se llamó la atención sobre el uso de “tercerización” de la violencia, con pequeñas estructuras criminales que cometen agresiones en nombre de actores más poderosos y que dificultan la atribución de responsabilidades y promueve la impunidad.
En el Urabá antioqueño se registra, señala el informe, la expansión paramilitar y una crisis humanitaria agravada por el fenómeno migratorio. “Más de 400.000 personas cruzaron en 2024 hacia Panamá a través del Darién, muchas de ellas víctimas de violencia sexual, trata de personas y explotación, bajo el dominio de grupos armados ilegales”, indica la corporación.
Teniendo en cuenta esas condiciones, Corpolibertad recomendó implementar con urgencia medidas de protección colectiva y diferencial para líderes y comunidades en riesgo; garantizar una presencia estatal integral, no solo militar, que asegure derechos sociales, económicos y ambientales; trabajar por desmantelamiento de estructuras paramilitares y acabar con la connivencia estatal; y fortalecer el diálogo con las organizaciones sociales para construir paz desde los territorios.
