Capturan a militares vinculados con organizaciones ilegales dedicadas al tráfico de armas y maquinaria para construcción

Durante seis meses, un equipo de uniformados de contrainteligencia con apoyo de la Fiscalía y la Justicia Penal Militar interceptaron varias comunicaciones de seis militares activos (un oficial, tres suboficiales y dos soldados profesionales), un militar retirado (soldado profesional) y un civil, vinculados en el tráfico de armas, uniformes y de maquinaria amarilla.

Según la investigación, los uniformados sacaban armas, municiones y uniformes desde la base militar de Tolemaida, la escuela de soldados profesionales en Nilo, Cundinamarca, la base militar en Fusagasugá y varios batallones en Bogotá, para venderlos a organizaciones ilegales.

En uno de los casos, los investigadores identificaron al coronel Freddy Alberto Quesada, comandante del Batallón de Ingenieros número 52 de Jamondino en Pasto, Nariño, como el responsable de alquilar maquinaria amarilla asignada al Ejército para ser utilizada por particulares, obteniendo beneficios personales.

De acuerdo con la investigación, entre el 11 de enero y el 17 de junio de 2024, Quesada "recibió la suma de 10 millones de pesos y por intermedio del subteniente Éver Alejandro Moreno Fernández, la suma de más de 37 millones de pesos, dinero cancelado por el señor Ricardo Román Rosero Córdoba".

Según la Fiscalía General Penal Militar y Policial, dichos dineros fueron entregados al coronel Quesada "como contraprestación por el alquiler y envío de una excavadora, una volqueta doble troque" del Batallón de ingenieros de Construcciones número 52 hacia Ipiales, Nariño. Además, al lugar fueron enviados operadores de la máquina y soldados profesionales

"El coronel envió a los soldados Nelson Fabio Sanabria y Alexander Espitia Bermúdez a realizar trabajos de construcción en un terreno particular y privado, sin autorización del comando superior, contrariando sus deberes oficiales", expresó la Fiscalía.

El coronel y otros cinco capturados fueron presentados ante un juez de control de garantía para que respondan por los delitos de tráfico de material de intendencia, irregularidades en la administración de maquinaria amarilla, material de guerra y tráfico de estupefacientes.

En un comunicado, el Ejército reitero el compromiso con los principios de justicia, transparencia y honestidad, dando apoyo a las autoridades judiciales en el desarrollo de las investigaciones penales que se adelantan.

“La institución ha iniciado los procedimientos disciplinarios y administrativos correspondientes en las unidades militares involucradas, con el fin de asegurar el debido proceso y el esclarecimiento de los hechos”, dice el comunicado.

Finalmente, el Ejército reiteró su política estricta de cero tolerancia a la corrupción, “reafirmando su postura de rechazo absoluto ante cualquier acto que vulnere la ley o que comprometa los principios éticos que rigen la institución”.