Carta de la relatora de la ONU al Gobierno pide explicación por persecución a la fiscal Monsalve

La fiscal Angélica Monsalve afronta varias investigaciones disciplinarias y penales, es por eso que Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas para la independencia de los jueces y abogados, envió una carta al canciller Álvaro Leyva donde le pide prestarle atención a la supuesta persecución a la que está siendo expuesta la funcionaria del órgano judicial.  

De acuerdo con lo mencionado, por la también exdirectora del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Universidad de Nueva York, en la misiva de siete páginas que reveló el Reporte Coronell​​​​​​, el caso de Monsalve es de “atención urgente”, ya que no son solo las investigaciones en su contra sino el traslado repentino que le hizo la Fiscalía a Putumayo. 

Según lo expuesto por Satterthwaite, la persecución a la que ha sido expuesta la fiscal se da por dos casos que tuvo a cargo: el de Transmilenio y el Carrusel de los carros blindados.

En el primer caso, como dice el documento, la fiscal imputó cargos a las personas relacionadas con el proyecto debido a "la presunta violación del régimen de inhabilidades incompatibilidades en materia de contratación estatal". Pero luego de hacer su trabajo comenzó a recibir presión por parte de Rodrigo Noguera, quien fungió como rector de una universidad del país; y por parte del fiscal de ese momento, Néstor Humberto Martínez, para que Monsalve retirara los cargos.

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Según expuso la relatora, días después de negarse a las peticiones del rector y su jefe, Angélica Monsalve fue traslada de Bogotá a Putumayo sin explicación alguna a una zona con alta presencia del Clan del Golfo.  

"La fiscal Monsalve Gaviria no habría accedido a las presiones y tres días después, el 14 de marzo de 2022, el actual Fiscal General de la Nación, ordenó su traslado para el Departamento del Putumayo, zona apartada del país con alta presencia de grupos paramilitares, particularmente, del Clan del Golfo. Previamente, la fiscal Monsalve Gaviria había sido amenazada por el Clan del Golfo", se lee en la misiva.

En el segundo caso, donde están relacionadas la Policía, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección con presuntos sobornos para la venta y alquiler de los autos que se usan para personas que tienen problemas de seguridad en el país, uno de los acusados señaló a la fiscal Monsalve de extorsión. 

“Uno de los agentes de la Fiscalía que fue imputado por la fiscal Monsalve por hacer parte de esa red de carros blindados, la denunció porque supuestamente ella lo extorsionó para dejar de investigarlo. En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación en contra de la fiscal Monsalve y, extraoficialmente, llamó a todos los investigados que hacían parte de la red de corrupción para preguntarles si querían denunciarla por extorsión”, puntualiza la funcionaria de la ONU. 

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Por lo anterior, Monsalve se encuentra enfrentando cuatro procesos penales y cinco disciplinarios, que tiene varias irregularidades, como lo menciona el Reporte Coronell: 

• El coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Gabriel Ramón Jaimes, la interrogó sin que se supiera la razón.
• La delegada para la seguridad territorial adelanta otro proceso contra la fiscal a pesar de que estaba denunciada previamente por ella, lo cual constituye un impedimento.
• Un proceso abierto por haber interrogado en un proceso de corrupción a Emilio Tapia por el cual la Fiscalía la quiere procesar por abuso de función pública.
• El proceso por la denuncia del funcionario de la Fiscalía acusado de ser parte del carrusel de los blindados. 

Por los argumentos anteriores, Margaret Satterthwaite pidió al Gobierno brindarle las garantías necesarias a Monsalve para que pueda ejercer su función con independencia. Además, que una vez la administración del presidente Gustavo Petro comenzará a tomar las medidas necesarias de protección, se le notificarán a su despacho en Ginebra, Suiza. 

Según lo mencionado en la carta, el Gobierno tenía un plazo de 60 días para hacer el proceso y enviar la notificación. Sin embargo, pasado los dos meses nunca dio respuesta a la funcionaria de Naciones Unidas.