Colombia no pagará ni un peso de millonaria compensación que pedía empresa minera

El Tribunal de Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) determinó que Colombia no pagará ni un solo dólar de los más de 1.000 millones reclamados por la empresa Eco Oro Minerals Corp. Este veredicto pone fin a un largo litigio de ocho años relacionado con la prohibición de actividades mineras en el estratégico páramo de Santurbán.

La disputa se originó cuando Eco Oro alegó que las medidas adoptadas por Colombia para proteger el páramo constituían una expropiación indirecta de su inversión y violaban el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá. La empresa exigía una compensación de 690 millones de dólares, más intereses, lo que elevaba la cifra a aproximadamente 1.100 millones de dólares.

Sin embargo, el tribunal concluyó que Eco Oro no logró demostrar los daños supuestamente sufridos, a pesar de que tuvo una segunda oportunidad para presentar pruebas. Además, el fallo resalta que los costos de remediación de la concesión minera deben ser asumidos en su totalidad por la empresa, al ser una obligación del concesionario tras la terminación del contrato.

"Se desestimó la reclamación por expropiación formulada por Eco Oro por considerar que la prohibición de actividades mineras en ecosistemas de páramo constituía un ejercicio legítimo de las potestades regulatorias del Estado para proteger el interés general, especialmente en cuestiones relativas como la protección del medioambiente"; se lee en un comunicado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANJD).

Y añadieron: "En septiembre de 2021 el Tribunal Arbitral reconoció el papel fundamental de los páramos como fuentes y reguladores de los ciclos de agua, en medio de fenómenos globales como el cambio climático, y precisó que el páramo de Santurbán es una fuente hídrica vital para más de 2,5 millones de personas, agregando que los impactos negativos de la minería en ecosistemas de páramo son irreversibles". 

Esta decisión se suma a las victorias recientes de Colombia en casos similares contra Red Eagle y Montauk, consolidando la posición del país en la defensa de sus ecosistemas estratégicos frente a intereses mineros internacionales. En total, estas tres demandas sumaban cerca de 1.500 millones de dólares en reclamaciones.