¿Cómo harán las Fuerzas Armadas para distinguir con quién hay cese al fuego y con quien no?

En el paréntesis de uno de los 32 levantamientos armados que promovió el coronel Aureliano Buendía volvió a Macondo en donde el desconcierto se transformó en estupor al ver su deteriorado estado físico. Hasta Úrsula se sorprendió de cuánto había cambiado. Se le veía cansado “de la incertidumbre, del círculo vicioso de aquella guerra eterna que siempre lo encontraba a él en el mismo lugar, solo que cada vez más viejo, más acabado, más sin saber por qué, ni cómo, ni hasta cuándo”.

La realidad en el país se asemeja a la literatura. Este martes, el Estado anunció una ofensiva absoluta contra Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como Iván Mordisco y quien bien podría ser el nieto de Manuel Marulanda Vélez o Jacobo Arenas, quienes murieron de viejos echando plomo en la inmensidad de la selva.

Al contrario de los fundadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc-EP, que construyeron su organización en décadas, a Mordisco lo benefició el Gobierno nacional en su propósito de alcanzar la Paz Total al darle licencia para que bautizara a su grupo Estado Mayor Central (EMC), de las Farc-EP.

Esa licencia causó una confusión entre la ciudadanía que no entendía cómo podía ser que se fuera a negociar con un grupo armado que se creía ya disuelto porque había firmado la paz con el Estado en 2016. A esta desorientación se suma ahora la decisión del Gobierno de separar el cese al fuego con parte de unos grupos mientras se combate a otros.

“La orden impartida a todas las Fuerzas Militares es la de, con todas sus capacidades, adelantar operaciones ofensivas contra esas organizaciones, esos bloques y frentes que se apartaron de la oferta generosa que continuaba manteniendo el Gobierno nacional en la búsqueda de la paz”, dijo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en una rueda de prensa.

En concreto, las Fuerzas Armadas se enfocarán en combatir las 24 estructuras del Estado Mayor Central comandadas por Mordisco, que están ubicadas en los departamentos de Arauca, Casanare, Norte de Santander, Guaviare, Meta, Guainía, Vichada, Tolima, Huila, Quindío, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

“El Gobierno nacional declara terminado el cese al fuego con todos los bloques del antes denominado Estado Mayor Central, excepto con los bloques Magdalena Medio, Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte y el frente Raúl Reyes”, precisó el ministro.

"La decisión de mantener el cese al fuego con las disidencias de alias Calarcá mientras se lanza una ofensiva contra las de Iván Mordisco, indica que el Gobierno está tratando de diferenciar entre distintos grupos armados, tomando a su vez una decisión política", dice el analista y capitán retirado del Ejército César Castaño. "Esta táctica podría ser una manera de aislar y neutralizar a las estructuras más conflictivas, al tiempo que se preserva la estabilidad con aquellos que han mostrado un mayor compromiso con una salida negociada".

Para él, en este contexto, la fuerza pública podrá actuar de manera ofensiva en el territorio contra las disidencias de Iván Mordisco, utilizando sus capacidades (humanas y técnicas) para desmantelar estructuras y reducir la capacidad operativa. "Esto podría incluir operaciones de inteligencia, ataques aéreos y operaciones terrestres para capturar, destruir áreas campamentarias y neutralizar a los cabecillas disidentes", cree él.

Este escenario, dice, podría tener un impacto significativo en la estabilidad de los territorios más afectados por la violencia, ya que estos grupos han sido conocidos por la conducción de hostilidades y capacidad para generar inestabilidad. La distinción entre unos y otros (para efectos de la intervención de la fuerza pública) es posible, gracias a la georreferenciación que permite establecer en qué áreas hacen presencia las diferentes estructuras, explica este experto en las Fuerzas Militares.

La fragmentación de los grupos armados, un problema para negociar

Su visión contrasta con otras menos optimistas. “Es una situación muy compleja”, dice el sociólogo, catedrático, periodista, escritor y experto del conflicto armado Eduardo Pizarro Leongómez, “que refleja la fragmentación de los grupos armados” en la actualidad.

Y eso no es todo. Para este experto, el escenario se puede deteriorar aún más porque esta ausencia de un sólido y único mando unificado de las EMC es similar en las disidencias de Iván Márquez, que en su caso se hacen llamar La Segunda Marquetalia. “Él tiene a todos sus hombres bajo un mando pegado con babas. Su liderazgo es muy débil no solo porque él vive en Venezuela, alejado de los territorios en donde están los combatientes, sino que es evidente que su condición física quedó muy desmejorada después del atentado en su contra”. 

Pizarro Leongómez dice que para un Estado siempre es mejor negociar con una estructura cohesionada. “Estos grupos están demostrando lo contrario del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que en su último Congreso ratificaron el mando de Antonio García y ascendieron a la tercera posición a Pablito –desde 2021 el responsable militar del ELN y hombre fuerte de la organización en el departamento de Arauca– con lo que enviaron el doble mensaje: unidad y disipar las tesis de fracturas internas”.

Además del cuidado extremo que en adelante deben tener los miembros de las Fuerzas Armadas en su combate contra los irregulares, hay un indicador que está en contra del Gobierno nacional: el tiempo. El reloj empezó a correr inexorablemente en contra de los planes del presidente Petro.

“Pronto se cumple la mitad del mandato y más allá de detalles de carácter procedimental y sobre los ceses, son muy pocos los avances en la agenda sustancial y, en lo más importante, el camino hacia el desarme, la reincorporación y el modelo de justicia”, dice el analista Gabriel Cifuentes.

“Salvo el proceso con La Segunda Marquetalia –que por lo demás tiene un obstáculo jurídico inmenso porque firmó el Acuerdo de Paz– los demás procesos parecen haber perdido ímpetu. Con el ELN las cosas están en el congelador y con las disidencias se presenta algo inverosímil: hay disidencias dentro de las disidencias”, dice Cifuentes. En efecto, el ministro Velásquez informó que en el departamento del Valle del Cauca está el frente 57 “que es una disidencia de las disidencias”.

Se trata de un lugar estratégico no solo por su salida al mar, sino porque casi a diario hay acciones bélicas en las goteras de Cali, ciudad que será sede de la COP16, el certamen internacional más importante que realiza Colombia este año.

“En las regiones donde se mantiene el cese no se puede negar una disminución de la violencia, pero eso contrarresta con el agravamiento de la situación de orden público en el Cauca y en el sur del país donde se encuentran los frentes que han manifestado su desacuerdo con la mesa”, dice Cifuentes.

Por eso, para él y en ese orden de ideas, la Paz Total está pasando por un momento "muy difícil". No hay claridad, tiempo ni ninguna señal que demuestre que se pueda lograr su cometido.

En ámbito político, distintos estudiosos del tema esperan ver al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para ver si logra repetir el milagro del fast track, ingeniar reformas legales para agilizar el proceso de negociación –en particular el punto de justicia que es el más espinoso– y así salvar los muebles de la Paz Total. Pero tal y como están hoy las mayorías en el Congreso será muy difícil lograrlo.

“El concepto de la Paz Total instaurado por el Gobierno bacional tiene enormes dificultades en su implementación. Ha sido de entrada, un concepto muy criticado por el aumento indiscriminado de presencia armada”, dice Gonzalo Araújo, politólogo de la Universidad Javeriana.

“Tener un trato diferencial con los grupos armados dependiendo de su liderazgo, traerá más dificultades en la implementación de los acuerdos con las extintas Farc y mayores dificultades operativas a nuestras Fuerzas Armadas, que se debaten constantemente en la disyuntiva que este Gobierno ha planteado como política: permitir el avance y control territorial de los grupos al margen de la ley, y combatirlos”, asegura este experto.

Para quienes analizan en profundidad el tema es evidente que hoy hay consecuencias nefastas para la economía, los territorios y el país. Surge el interrogante: ¿Si esto no sale bien, la situación en comparación con la actual se puede empeorar?

“Sí, dice Araújo, cuando el fortalecimiento de las bandas delincuenciales sea de tal magnitud que sea casi imposible combatirlas, como está sucediendo ya en algunos territorios. “A una sociedad ya fragmentada en lo político, si la fragmentamos en el control territorial y uso de las armas, terminamos creando pequeñas republiquitas muy peligrosas para la estabilidad democrática y social”, advierte.

“Un proceso de paz se logra solo si uno de los bandos es doblegado o decide aceptar su derrota. Ante su contraparte. En este caso de la Paz Total pareciera que hay en ciertas zonas del país con doble autoridad territorial: Estado y disidencias”, asegura, por su parte, el analista Pedro Viveros.

Para él, lograr hoy la pacificación en esos territorios se vislumbra lejano. “Y más lejanas aún ahora que hay cambio de táctica militar al arreciar, eso dilata toda aspiración de paz. Y por el lado de donde se mantiene el cese al fuego hay que estar muy atentos para que la presión por firmar algo con las organizaciones que están en la mesa y los negociadores del Estado, eviten la tentación de ser “manguianchos” a la hora de ceder en exigencias para lograr cerrar esa negociación. A la Paz Total siempre le faltó método y con estas medidas se ratifica que nunca la hubo”, dice, con preocupación, Viveros.

Desde la Casa de Nariño la situación se ve como una política integral en la que se prioriza el diálogo. “La política de Paz Total, es la mano tendida del Gobierno del presidente Gustavo Petro, a las organizaciones que ejercen violencia de manera sistemática y tienen la voluntad de entrar a procesos de diálogos y negociaciones o diálogos socio jurídicos, según su naturaleza y en el marco de la Ley 2272, que rige estos procesos y es un desarrollo del artículo 22 de la Constitución Nacional”, dice una fuente del Gobierno.

“Sin voluntad de parte de las organizaciones no hay ninguna posibilidad de adelantar procesos de paz y eso es lo que el Gobierno nacional y la sociedad de los territorios donde se mantienen las estructuras lideradas por Iván Mordisco, constata todos los días, no hay compromiso con un proceso de paz. En tanto que en las estructuras lideradas por Calarcá si se ve un compromiso de avanzar en acuerdos concretos que lleven a la construcción de un acuerdo de paz”.

Para la administración del presidente Petro el escenario es bastante claro: “Con quienes tengan voluntad y compromiso el Gobierno nacional puede avanzar, con quienes no tengan esa voluntad y compromiso queda la acción legítima del Estado y el enorme desafío de avanzar en las transformaciones territoriales con la sociedad que anhela y requiere vivir en paz”, dice la fuente.

Es la tragedia de un país en donde los violentos se reciclan como las cuentas de un rosario.