Las últimas consultas populares en Colombia: la más curiosa, las que alcanzaron el umbral y las que no

El presidente Gustavo Petro anunció que buscará la aprobación de las reformas a la salud y de trabajo por medio de una consulta popular. Esto después de que rompiera relaciones con el Congreso por el hundimiento virtual que tiene la laboral en la Comisión Séptima del Senado.

Las voces críticas a esta propuesta han reclamado que el presidente quiere empezar la próxima campaña electoral y desconocer la autonomía del Congreso. También hay dudas de que la consulta popular sea el mecanismo idóneo para la aprobación de las reformas.

Además, se ha criticado el costo de convocar a los colombianos a las urnas y que podría ser de hasta 600.000 millones de pesos. CAMBIO le cuenta cuántas veces los colombianos han ido a las urnas y por qué la consulta es es el mecanismo menos popular.

La impopular consulta popular en Colombia

A nivel nacional, la consulta popular solo ha sido utilizada en una ocasión. Mientras que a renglón departamental y municipal la historia ha sido distinta. Desde que se reglamentó, en 1994, con la ley 134, se ha utilizado para diversas situaciones: crear municipios, preguntarles a las poblaciones si quieren entrar a zonas metropolitanas y, una de las más sonadas, prohibir proyectos mineros y petroleros, entre otras cosas.

El subdirector de la Misión de Observación Electoral, Frey Muñoz, dijo que la razón por la que no ha sido tan popular este mecanismo es porque hasta la ley 1757 de 2015, esta solo podía ser convocada por los gobiernos locales o el nacional. Con la nueva legislación, la ciudadanía ahora puede promover este tipo de iniciativas.

“En los gobiernos que tuvimos desde la Constitución del 91 hasta la fecha, no ha habido ninguno que llame y convoque a la ciudadanía para consultar un asunto que es considerado de trascendencia nacional para que se defina por parte del pueblo”, afirmó Muñoz.

Aunque recordó que sí se han utilizado otros mecanismos como el referendo de 2003, promovido por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y con el que se avaló la reelección presidencial, y el plebiscito de 2016, hecho por el gobierno de Juan Manuel Santos, para avalar lo acordado en el proceso de paz de La Habana.

Con la reforma de 2015 se estrenó este mecanismo a nivel nacional, cuando se recogieron firmas para hacer la Consulta Anticorrupción. El 26 de agosto se convocó a los 36.421.026 colombianos habilitados para votar. Para que aprobara o negaran las siete preguntas se necesitaba que asistieran a las urnas al menos 12.140.342 personas. Sin embargo, participaron 11.674.951, por lo que no pasó el umbral.

Esta consulta tuvo un costo de 240.000 millones de pesos, según la MOE. Por lo que la anunciada por el Gobierno sobrepasaría los 300.000 millones de pesos, para esta organización. Otras cifras, como la del exregistrador nacional del estado civil, Juan Carlos Galindo, dicen que el costo sería de entre 500.000 o 600.000 millones de pesos.

El subdirector de la MOE, Frey Muñoz, afirmó sobre el gasto que “en cuanto a medidas de observación electoral, el costo no es lo importante porque la democracia tiene un costo. Lo importante es que el mecanismo sea idóneo y que esa platica no se pierda”.

El experto añadió que hay dudas sobre si una consulta popular es el mecanismo correcto para aprobar estas reformas. Dijo que en su opinión no lo es porque “la Ley dice que cuando son cuestiones normativas se debe acudir al mecanismo de referendo”. Además, recordó que en estos casos la revisión de constitucionalidad se hace posterior a la votación, por lo que todo se podría caer después del millonario gasto.

Histórico de las consultas populares en Colombia

Previo a la reforma, y de acuerdo a datos de la Registraduría, la consulta popular se utilizó en 31 ocasiones. La primera vez que se usó este mecanismo fue en Aguachica, Cesar, en donde se le preguntó a la población: ¿Rechaza usted la violencia y está de acuerdo en convertir a Aguachica en un municipio modelo de paz? Sin embargo, la votación no superó el umbral y faltaron 500 votos para su aprobación.

Tuvieron que pasar tres elecciones fallidas para que por primera vez se pasara el umbral. Fue el 20 de octubre de 1996, cuando a los habitantes de la inspección de policía de Zanjón Rico, en Puerto Tejada, se les preguntó si estaban de acuerdo con establecer los límites del centro poblado con respecto al municipio. En esa ocasión el potencial electoral era de 265 votantes y el umbral a superar era de tan solo 89 votos. Al final, votaron 107 personas: 71 por el Si y 28 por el No.

En 2001 ocurrió una de las más curiosas, cuando Yarumal, Antioquia, convocó a sus habitantes a votar para prohibir los juegos de azar. Esto se dio por las problemáticas que esto estaba teniendo en el municipio por riñas y problemas económicos. Sin embargo, esta consulta popular no superó el umbral, que era de 8.098 votos.

La pregunta hecha para esta consulta popular fue: ¿Es usted partidario de que la operación de los juegos a la suerte y azar como son las maquinitas tragamonedas se autorice su funcionamiento en el municipio de Yarumal? Por el No votaron 2.836 personas, mientras que, por el Si, 275.

Los datos de la Registraduría también detallan que, con corte a 2018, se utilizó el mecanismo en 40 ocasiones. De esa cifra, en nueve se buscó prohibir o avalar proyectos mineros o petroleros en el territorio. En todos los casos se superó el umbral y se dio paso a negar los proyectos extractivos.

Muchas de las consultas que ya habían cumplido con lo establecido no se pudieron realizar por falta de presupuesto. Otra traba la puso la Corte Constitucional en 2019, cuando limitó mecanismo ante la oleada de municipios que buscaban detener los proyectos extractivos.

Las últimas veces en que se hizo una consulta popular

El año pasado, de acuerdo al calendario electoral de la Registraduría, se hicieron dos consultas populares. En una de ellas votaron los municipios de Florencia, Morelia y Montañita, en Caquetá. En esta elección se superó el umbral en los tres municipios. Pero en todos ganó el No a la posibilidad de conformar el Área Metropolitana del Piedemonte Amazónico.

En la otra, se convocó a los habitantes de varios municipios del Cauca y Valle del Cauca para conformar el Área Metropolitana del Suroccidente Colombiano. En todos los municipios se superó el umbral. Sin embargo, solo en Cali, Jamundí y Puerto Tejada ganó el Sí, mientras que en Palmira, Dagua, Candelaria y Villa Rica ganó el No.

De esta manera, el Área Metropolitana del Suroccidente Colombiano estará conformada por Cali, Jamundí y Puerto Rico. Los otros municipios podrán ingresar después o seguir por fuera.

En 2023 también se utilizó la consulta popular para consolidar el Área Metropolitana Centro Sur de Caldas. En esa votación participaron más de 71.000 personas y Manizales, Villamaría, Neira y Palestina le dijeron Si al ingreso. Chinchiná fue el único que votó por el No.