Con amenazas y muertes, las disidencias destierran a los excombatientes de las Farc

No es buena la carretera que serpentea desde la calcinante Melgar hasta Icononzo (Tolima), en donde se encuentra el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Antonio Nariño. Curvas cerradas, vía estrecha y un asfalto deteriorado contrastan con un paisaje apacible de vegetación verde y refrescante.

En Icononzo se comercializa “La Roja”, una cerveza artesanal producida por algunos de los 300 excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Manuel Contreras brinda orgulloso con los visitantes.

Atrás, bien atrás, quedaron los 20 años de azarosa vida cuando militaba en esta guerrilla y soñaba con tomarse el poder. Sus propósitos ahora no son igual de ambiciosos. Solo quiere ganarse la vida honestamente, poder seguir levantando su casita, educar a sus tres hijos y, eso sí, que no lo maten. Porque los están asesinando.

Desde que se firmó el Acuerdo de Paz en 2016 con la que llegó a ser la guerrilla más poderosa del continente y que puso contra la pared al Estado colombiano, han sido asesinados 429 excombatientes. Los homicidios han ocurrido, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 153 municipios de 27 departamentos.

 —Aquí resistimos— dice Contreras, mientras mira en la distancia cómo se abre el vasto valle del río Sumapaz. El trazo del caudal termina en el Magdalena, y en sus riberas se divisan los cascos urbanos de Melgar, Ricaurte y Girardot.

—¿Qué piensa de lo que está pasando?

—Que todo quedó cojo —dice.

Se refiere a la dificultad para hacer realidad los sueños que traían cuando entregaron las armas. Convertir a los ETCR en espacios que con el tiempo fueran “bonitos pueblos” para vivir y, desde allí, empezar a desarrollar los 180 proyectos económicos que le presentaron al Estado para comerciarlos con el resto del país.

¿Los violentos lograron ganarle la batalla al Estado?

En un principio, algunos de los 24 ETCR quedaron atrapados entre la manigua porque, temerosos, los excombatientes habían elegido lugares distantes. En otros, empezaron a padecer las dificultades propias del subdesarrollo, como la vía a Icononzo, que a pesar de su privilegiada ubicación no facilita el transporte de los víveres; y lo más grave: las disidencias de Iván Mordisco y de Gentil Duarte los persiguen para matarlos. 

La información dice que ahora el Gobierno debe trasladar, por problemas de seguridad, cinco ETCR, que se sumarían a otros cinco, entre los que está el de Miravalle, Caquetá, cuyos pobladores tuvieron que salir de la noche a la mañana porque venían a matarlos. Los desplazados se fueron para El Doncello, Caquetá, en un predio en alquiler temporal donde también pasan las noches en vela esperando un ataque.

“Rápido, rápido, váyanse de aquí”, les dijeron el pasado mes de junio miembros del frente Iván Díaz, una de las estructuras del llamado Estado Mayor Central (EMC). Atrás quedaron sus ilusiones y el exitoso programa de rafting a lo largo de ríos para maravillados turistas, muchos extranjeros, que llegaron a disfrutar de aguas cristalinas en jornadas que se llamaban “remando por la paz”.

Sus guías eran hombres y mujeres que dejaron los fusiles para impulsar esta actividad por las mismas agua en las que durante años flotaron los cadáveres causados por la violencia. “Hemos quedado en medio de una absurda disputa entre las guerrillas del Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia hasta el punto del ahogo, sofocando las posibilidades de continuar nuestras operaciones turísticas y deportivas en nuestra vereda”, dijeron en un comunicado ante el asombro general.

Además del ETCR de Miravalle, ya habían sido trasladados el Mariana Páez, de Mesetas a Acacías (Meta); el Georgina Ortiz, de Vista Hermosa a San Juan de Arama (Meta); el de Ituango, que se movió a Mutatá (Antioquia),

y el de Yarí, que de La Macarena (Meta) se llevó a El Doncello (Caquetá).

Los cinco ETCR que ahora están en agenda para el traslado son Carrizal, en Remedios (Antioquia); El Cerral o La Elvira, en Buenos Aires (Cauca); Monterredondo, en Miranda (Cauca); La Pradera o La Carmelita, en Puerto Asís (Putumayo); y Simón Trinidad, en Mesetas (Meta).

“Son las dinámicas de la guerra”: Alejandra Miller, directora de la ARN

Esta situación muestra las dificultades del país para llevar a buen puerto un proceso de reconciliación. “Son las dinámicas de la guerra”, le dice a CAMBIO Alejandra Miller, directora general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, una de las entidades estatales fundamentales para implementar el Acuerdo de Paz.

“Es una violencia asociada al control de los territorios en disputa. Muchos de los firmantes del Acuerdo de Paz quedan en la mitad de unos grupos que se enfrentan con otros, y en ocasiones son víctimas de señalamientos de que están del lado de quienes siguen en la guerra”, dice ella.

Pero, ¿cómo es posible que precisamente diez ETCR deban ser trasladados por la persecución cuando hay un gobierno como el del presidente Petro, que se identifica como de izquierda y progresista y que prometió protegerlos?

“Estas dinámicas de guerra se exacerbaron justamente por la no implementación del Acuerdo de Paz en los territorios después de la firma en 2016. Creo que ese bache de no haber implementado el acuerdo durante más de seis años permitió que estos actores armados crecieran y empezaran a ir por el control territorial”, explica la directora de la ARN.

—Lo que está pasando es terrible. Es muy triste porque hay que volver a empezar de cero —dice Hermides Linares, uno de los exguerrilleros que tuvo que irse de Miravalle y a quien la vida le ha puesto pruebas implacables. De los 27 años que estuvo en las FARC, pasó 12 en la cárcel, firmó la paz y ahora tiene que huir por problemas de seguridad.

“La expresión ‘traslado por seguridad’ es un eufemismo: en términos estrictos se trata de un desplazamiento forzado, como lo han expresado las propias víctimas, quienes se han visto obligadas de la noche a la mañana a abandonar con sus familias una región en donde habían echado raíces y desplazarse hacia un nuevo lugar de asentamiento”, dice Eduardo Pizarro Leongómez, sociólogo, catedrático y uno de los mayores expertos del conflicto en Colombia.

El desplazamiento forzado, un crimen de guerra

Para él, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, CPI, define el desplazamiento forzado no solo como un crimen de lesa humanidad, sino también como un crimen de guerra, por cuanto constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, DIH, aplicable a los conflictos armados internos. 

El desplazamiento de diez espacios territoriales evidencia no solamente el acrecentamiento en el país de áreas territoriales bajo el dominio de actores armados no estatales —tanto de origen político como criminal— para el control de las rentas ilegales, sino también la presión sobre la población de la zona: o se subordinan al “señor de la guerra” local o se deben ir a otra parte, argumenta.

Se trata, sin duda, de una mala noticia que nos obliga a plantear dos preguntas: ¿Están inmovilizadas las Fuerzas Armadas? ¿Se están acrecentando, sobre todo en las fronteras marítimas y terrestres del país, las áreas bajo control de los “grupos armados organizados” (GAO) y de los “grupos delincuenciales organizados” (GDO)? “En Colombia llevamos décadas diciendo que existe más territorio que Estado. ¿Esta realidad dramática se está agudizando?”, pregunta Pizarro.

Para Elizabeth Dickinson, analista de International Crisis Group (ICG), organización dirigida a la resolución y prevención de conflictos armados, el desplazamiento de los ETCR es un indicador más de la grave situación de seguridad que se está experimentando el país, producto de la atomización y dispersión de organizaciones armadas.

“Las amenazas constantes y recurrentes contra esta población nos dan indicios claros de la gravedad de la expansión territorial de grupos armados que presionan y reclutan a la población firmante para tomar control del territorio donde ellos han estado ubicados. Entre los asuntos que debieron ser prioridad en las mesas de negociación y diálogo, siempre debió haber estado la protección de firmantes para garantizarles no solo la vida, sino también como una demostración de que sí es posible apostarle a la paz”, dice ella.

Las fallas para implementar el Acuerdo de Paz

Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), considera que esta situación muestra la desarticulación y falta de continuidad que hubo entre la estrategia de seguridad y la salida de las FARC de muchos territorios. Pero, él va más allá de esa mirada al pasado. “Que esto ocurra en este gobierno muestra la falta de priorización que ha tenido la implementación del Acuerdo Final y su resistencia a aceptar que la construcción de paz tiene varias dimensiones, entre ellas, mantener una iniciativa en materia de seguridad que no permita que este tipo de cosas se conviertan en justificaciones para quienes aún continúan alzados en armas”, afirma.

“Yo me sentía más seguro en el gobierno de Duque que en este, porque los otros (grupos armados) están muy envalentonados. Los grupos que se abrieron están tratando de ganar legitimidad diciendo que este acuerdo de paz fracasó. Quieren ganar legitimidad así y por eso las amenazas”, dijo en su momento Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes que surgió de las FARC, donde se hacía llamar Timochenko, lo que deja en evidencia que las amenazas contra los excombatientes van desde la base hasta arriba.

Precisamente, en medio de la discusión del presupuesto que se libra entre la Casa de Nariño y el Congreso, Comunes mostró su alarma por un recorte clave para que el país abra puertas de reconciliación.

El presupuesto para la Reincorporación del año 2025 será recortado en un 73%, pasando de tener un monto de 318 mil millones a 88 mil millones. Esto deja sin financiación a todas las propuestas de la implementación del Programa de Reincorporación Integral (PRI), el Sistema Nacional de Reincorporación, el desarrollo de las Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva y el Programa de Armonización Étnica, informó Comunes.

“Esto es un contrasentido frente a la violación masiva y recurrente de los derechos fundamentales de los firmantes de paz y sus familias. Hacemos un llamado urgente al presidente de la república, Gustavo Petro, para que cumpla su palabra y le apueste realmente a la paz”, dijeron.

La implacable y silenciosa violencia contra los excombatientes

Pero, ¿cómo se llegó a este punto en esas apartadas regiones? “Es una lamentable situación”, dice Luis Trejos, especialista en temas de paz y profesor de la Universidad del Norte.

Para él, lo primero es que, lastimosamente, el presidente Petro, a pesar de los compromisos que hizo durante la campaña y los anuncios que ha realizado en algunos momentos de su administración, no logró sacar adelante el acuerdo del Teatro Colón y priorizó avanzar en la paz total, sin consolidar lo que ya se había logrado durante la administración Santos.

Es el reflejo, dice el experto, de una situación muy particular que se está dando durante el gobierno Petro: se hizo una apuesta a fondo por la paz, sacrificando el tema de la seguridad. Es posible que el gobierno haya proyectado que, en la medida en que las mesas de negociación avanzaran, se daría en paralelo un proceso de desescalamiento de la violencia y mejoramiento de los indicadores de inseguridad, cosa que no sucedió.

En la práctica, se privilegió la búsqueda de la paz y se sacrificó la seguridad. El gobierno no entendió que paz y seguridad son las caras de una misma moneda y que no son antagonistas, como parece que sucedió, argumenta.

De ahí que su reacción haya sido tardía y se le entregó una ventaja estratégica a los grupos armados, en el sentido de darles casi dos años para que desarrollaran sus planes político-militares en los territorios en los que hacen presencia.

Por otro lado, esto también desnuda otra falla de la paz total, y es que los ceses al fuego que se lograron acordar con distintos grupos armados no se tradujeron en un cese de hostilidades. Y eso lo único que produjo fue una disminución de acciones armadas entre la fuerza pública y los grupos armados, pero terminó incentivando otras violencias horizontales, entre los propios grupos armados y entre estos y las comunidades que habitan los territorios donde ellos hacen presencia.

Una de esas comunidades que es muy sensible y la que se le debió cuidar con esmero es la de los excombatientes, que han sido victimizados de manera sistemática. Se sabe, sin embargo, que en las mesas que el gobierno ha abierto con esos grupos armados no ha habido la exigencia de cesar el continuo hostigamiento hacia ellos con la suficiente contundencia para frenar esta violencia.

Manuel Contreras bebe otro sorbo de cerveza “La Roja” en Icononzo. Es un hombre de pocas palabras y de muchas vivencias. Mientras cae la tarde, y en el horizonte el arrebol indica la caída de la tarde, exclama:

—Ojalá no nos maten a todos.