Crédito: Alcaldía de Medellín
La Contraloría alertó posible pérdida de recursos destinados a servicios públicos en algunas cárceles del país
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La Contraloría General realizó un seguimiento a los recursos públicos destinados a los centros penitenciarios del país. Sin embargo, detectó una posible pérdida de fondos que estaban asignados para garantizar servicios públicos esenciales. Conozca los detalles del informe.
Por: Gabriela Casanova
La Contraloría General informó sobre la posible pérdida de recursos destinados a garantizar los servicios públicos esenciales en los centros penitenciarios del país. Entre los hallazgos, se encontraron irregularidades en el tratamiento de aguas residuales y de agua potable en las cárceles de La Plata y de Neiva, Huila, y en centros de Meta, Boyacá y Cundinamarca; e invasiones en el centro penitenciario de Bellavista, en Medellín.
Cárceles de La Plata y de Neiva, en Huila
La Contraloría hizo un seguimiento en el primer semestre de 2024 a la ejecución de contratos para “el mantenimiento y operación del sistema de aguas residuales” en la cárcel de La Plata; y “el mantenimiento y operación de los sistemas de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua potable y sistemas de tratamiento de agua residual” en la cárcel de Neiva. El valor de los contratos asciende a la suma de 1.187.800.000 pesos y su ejecución está a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
Tras este seguimiento, la entidad halló un incumplimiento de la normatividad ambiental y determinó un posible riesgo de pérdida de los recursos públicos. Particularmente, para la fecha de ejecución del contrato de la cárcel de Neiva, la planta de tratamiento de agua potable del centro no estaba operando.
Según la Contraloría, sumado a ese hecho, esta planta es de uso doméstico, es decir, que no está diseñada para procesar las cantidades de agua necesarias para el centro, y no cuenta con concesión de uso de aguas profundas por parte de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Por otra parte, la entidad explicó que, ante la falta de permisos para el vertimiento de aguas residuales, ambas cárceles continúan vertiéndolas en el río La Plata y en el río Magdalena, lo que ocasiona contaminación.
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Cárceles de Meta, Boyacá y Cundinamarca
La Contraloría también hizo seguimiento a la ejecución de dos contratos para “el mantenimiento general recurrente de la infraestructura física de los establecimientos penitenciarios y carcelarios a cargo del Inpec, Regional Central”, que suman más de 13.620.000.000 pesos.
La entidad encontró que ambos contratos están suspendidos desde febrero de este año y presentan “atrasos, prórrogas, adiciones y no cumplimiento del objeto contractual, teniendo en cuenta las actividades planteadas”. Esto se refleja en las cárceles de Acacías, El Barne y Guaduas, cuyas obras se encuentran inconclusas. Según la Contraloría, en el caso de la cárcel de Guaduas, solo se comenzó la demolición del rancho y la obra quedó en abandono desde el 15 de febrero.
La entidad también se refirió al caso particular de la cárcel de Neiva, en la cual “no se ejecutó ninguna de las actividades requeridas, lo que conlleva que el deterioro de la infraestructura física de dicho establecimiento continúe”.
Cárcel de Bellavista, en Medellín
La Contraloría encontró que la ocupación irregular de viviendas y de locales comerciales impiden el cerramiento perimetral del predio en el que se encuentra la cárcel de Bellavista, en Medellín. Según la entidad, el cerramiento está contemplado dentro de uno de los contratos de la cárcel.
Pese a que se informó de dicha situación a las autoridades del municipio y a la Uspec, la Contraloría señala que no se ha realizado ningún tipo de gestión para solucionarlo.
“Por el contrario, se evidencia que se están ampliando las zonas de invasión de estos bienes fiscales, porque cada día se van corriendo los linderos o cerramientos del invasor o la posibilidad de que aparezcan nuevos puntos de invasión”, señala el ente de control.
Por esta razón, la Contraloría tomará las medidas necesarias para iniciar un proceso de responsabilidad fiscal, y ha alertado a la Oficina de Control Interno de la Uspec para que actúe con el fin de proteger el patrimonio público.
