Corte Constitucional lanzó alerta sobre el aumento de suicidios en comunidades indígenas de la Amazonia

La Corte Constitucional hizo un llamado de atención sobre el aumento del índice de suicidios en la población indígena de la Amazonia, tras atender el caso de una adolescente de 17 años de una etnia de la región, quien intentó, por segunda vez, acabar con su vida.

Según la Corte, “diversos estudios evidencian un problema de salud pública frente al cual el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para la protección de los pueblos étnicos”.

Cifras de la Gobernación del Amazonas indican que la tasa de mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente durante el periodo 2005-2015 fue de 29,8 por cada 100.000 habitantes, “y con una tendencia al aumento durante los últimos cuatro años”, según informó la Corte. De hecho, esta cifra es muy superior a la cifra nacional, que correspondió a una tasa de 4,84 por cada 100.000 habitantes.

De acuerdo con el alto tribunal, las principales causas de mortalidad por causa externa durante el periodo 2005-2015 en mujeres y hombres fueron el suicidio y el ahogamiento accidental. La conducta suicida se presentó especialmente en hombres jóvenes de diferentes pueblos indígenas en cascos urbanos y asentamientos periurbanos del departamento, mientras que las mujeres jóvenes presentaron una tasa elevada de intentos de suicidio, pero con menor letalidad en comparación con los hombres.

En cuanto a cifras más recientes, según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la tasa de suicidio de la Amazonia en 2021 fue de 9,87 por cada 100.000 habitantes, casi el doble de la cifra nacional.

Por su parte, el Dane reportó que la tasa de mortalidad por suicidio en el Amazonas en 2021 fue de 11,8 por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta después del Vaupés con 47 por cada 100.000 habitantes. 

De acuerdo con el tribunal, entre las posibles causas de este desolador panorama, se encuentra el desarraigo del territorio por el modelo civilizatorio que prioriza la acumulación de capital sobre el buen y armónico vivir, lo que implica para ellos la pérdida de los medios de subsistencia, pobreza y otros problemas asociados.

Centros de salud occidentales y los métodos tradicionales de los pueblos indígenas 

La Corte Constitucional revisó el caso de una adolescente de 17 años que intentó acabar con su vida tras una crisis emocional, mientras estudiaba como residente en una institución educativa ubicada lejos del resguardo indígena al que pertenece.

Según el caso, fue atendida en un hospital; sin embargo, tras el segundo intento de suicidio, la institución, con el apoyo del rector del colegio, decidió remitir a la joven a un centro de atención mental ubicado en otra ciudad.

El padre de la menor no estuvo de acuerdo y solicitó al rector de la institución que no la llevara a un centro médico diferente, pues la comunidad indígena a la que pertenece ya se encontraba realizando las gestiones para iniciar un tratamiento tradicional. Sin embargo, la directiva del colegio y las autoridades locales hicieron caso omiso a la solicitud y la remitieron a un centro de salud mental.

Por esta razón, el padre de la menor acudió ante el juez constitucional para solicitar la protección de los derechos fundamentales de su hija. Tras revisar el caso, la Sala Segunda de Revisión concluyó que, aunque se protegió el derecho a la salud mental de la menor, no se tuvo en cuenta los posibles impactos que tendría su remisión médica en su identidad cultural.

Para la Sala, la protección del derecho a la salud mental de la adolescente no puede desconocer la protección del derecho a la identidad indígena. Por tanto, ordenó al hospital y a la EPS Indígena que adopten o actualicen los protocolos necesarios de atención en salud mental para la población indígena, bajo un enfoque intercultural.

“Para la Corte, toda práctica que conlleve la imposición de modelos occidentales de tratamiento de la enfermedad y recuperación de la salud a pueblos indígenas, sin el consentimiento expreso de sus miembros, constituye una forma de discriminación, colonización y racismo”, dice un comunicado de la entidad.

Así mismo, ordenó a la Gobernación que, junto con las autoridades indígenas de la región, elabore una política para abordar los problemas de salud mental, centrada en la prevención y atención con un enfoque diferencial y que sea aceptable culturalmente.

Además, instó al Gobierno a que reglamente lo relacionado con la atención intercultural en materia de salud mental para los adolescentes que pertenecen a las comunidades indígenas.

Por otra parte, constató que la institución educativa a la que asistía la menor vulneró su derecho a la educación, pues no activó los protocolos necesarios para su atención psicosocial.