Cúcuta azotada: la ciudad suma al menos 126 homicidios en lo que va del año

A las 8:50 de la noche del pasado 8 de junio, tres hombres dispararon de forma indiscriminada en la puerta de una tienda y un salón de billares en el barrio Cundinamarca, en el centro occidente de Cúcuta. El ataque dejó un saldo de dos personas muertas y cinco más heridas.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Angy Camila Leal Montañez, de 16 años, y Julieth Juliana Jaimes Vera, de 23 años, quienes murieron a pesar de que alcanzaron a ser trasladadas por vecinos a centros asistenciales. Sus nombres se sumaron a las 11 muertes violentas registradas durante el puente festivo en la capital de Norte de Santander.

La ciudad suma al menos 126 homicidios en lo que va del año, según el balance divulgado por la propia Alcaldía, sin contar las ocurridas entre este domingo y lunes. Los números no son nada alentadores y confirman la tendencia registrada el año pasado, en donde según el ranking de las ciudades más violentas del mundo, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en 2024 la capital del departamento tuvo 369 homicidios. Lo que arrojó una tasa de 33,8 por cada 100.000 habitantes y la ubicó en el lugar 43 de las 50 ciudades analizadas.

Según reseñaron medios locales, el caso del barrio Cundinamarca también estaría relacionado con guerras entre bandas criminales por el control del microtráfico en distintas zonas de Cúcuta. Sin embargo, esta teoría para algunos analistas se ha convertido en la excusa principal de las autoridades para negar la incompetencia y la falta de planes efectivos.

El objetivo de los tres sicarios en el ataque del sábado sería un sujeto conocido con el alias de Moncho, a quien habrían citado en el lugar del ataque. Y detrás del operativo estaría alías Porras, un reconocido delincuente, aliado de la peligrosa banda Los AK 47, quienes libran una guerra con alias Pepino, supuesto jefe de Moncho, en el negocio de venta de estupefacientes.

Las primeras versiones del hecho, relatadas por las autoridades, indicaron que las dos víctimas se encontraban departiendo en el lugar con amigos y consumiendo licor. Sin embargo, los padres de Angy Camila Leal dijeron, horas después, que la menor de edad solo estaba en la tienda comprando algunos alimentos que quería llevar a un paseo que tenía al día siguiente al municipio de Salazar. La menor era estudiante de la Institución Julio Pérez Ferrero.

En diálogo con La Opinión, una familiar de la adolescente señaló que “cuando compró las cositas y ya venía de regreso es que se presentó el tema de los disparos y ella, lastimosamente, recibió los impactos. Es increíble que le arrebaten la vida a gente inocente”.

Ante la difícil situación de orden público que vive Cúcuta, el alcalde Jorge Acevedo insistió en que la crisis de seguridad es generada por las disputas entre distintas bandas criminales que se pelean el control de rentas ilegales, como el microtráfico.

El mandatario, además, señaló que el 89 por ciento de las personas fallecidas en los 126 homicidios tenían antecedentes judiciales o algún vínculo con bandas criminales. “Esta disputa nos obliga a hacer un llamado al Gobierno nacional de apoyo y ayuda para la ciudad. Estos ajustes de cuentas están dando cifras históricas por lo que nos incluyen entre las ciudades más violentas del mundo”, señaló Acevedo, en conversación con Noticias Caracol, que puntualizó que una de las peticiones que han hecho al Ministerio de Defensa es la conformación de un Batallón de Policía Militar en Cúcuta.

Acevedo también dijo que, junto con la Gobernación de Norte de Santander, estaban invitando y convocando al ministro de Defensa, Iván Velásquez, para que los acompañe en un consejo de seguridad que se realizará esta semana, para buscar soluciones a la difícil situación que viven los cucuteños.

Según el mandatario, en Cúcuta operan unas 25 bandas criminales. “El mensaje es que estamos trabajando, fortaleciendo la inteligencia y la tecnología, que nos ayuden con las denuncias, que en Cúcuta se hacen apuestas importantes para reactivar la economía. En muy poco tiempo vamos a conseguir tecnología suficiente para atacar estas bandas delincuenciales”, agregó Acevedo.

“Verdad a medias”

Para analistas como Wilfredo Cañizares, de la Fundación Progresar Norte de Santander, el argumento del alcalde Acevedo es una verdad a medias que está siendo utilizada para justificar la incompetencia de las autoridades locales y de la Policía Metropolitana de Cúcuta, así como la ausencia de una estrategia seria de seguridad por parte de la Alcaldía.

Cañizares dice que, así como antes responsabilizaban de la situación al gobierno de Venezuela, después a las bandas famosas transnacionales, ahora entonces, en los últimos meses, las autoridades locales recurren a un cliché del enfrentamiento por el microtráfico.

Explica el analista que casi el 80 por ciento de los homicidios cometidos con arma de fuego en Cúcuta es por modalidad de sicariato y que, en sus palabras, no hay un lugar seguro en la ciudad, porque se asesina a cualquier persona de cualquier nivel, desde líderes sociales, hasta empresarios y comerciantes.

“Pasando por las amenazas que se han multiplicado por cinco en estos seis meses. Incluyendo las amenazas a defensores y defensoras de derechos humanos que se atreven a levantar la voz en contra de esta violencia indiscriminada que estamos viviendo en Cúcuta”, explicó.

Sobre el tema de los migrantes, que ha sido mencionado por el alcalde Acevedo como uno de los factores que hacen la situación más compleja, Cañizares cree que no se puede negar el impacto de la migración, pero tampoco se les puede responsabilizar por la terrible situación de orden público. “Al alcalde se le olvida que los venezolanos están siendo víctimas de redes de trata de personas, que hay niños y niñas que son forzados por bandas criminales y por el narcotráfico”, señaló.

Los datos compartidos por la Fundación Progresar indican que alrededor de 500 venezolanos han sido asesinados en el periodo 2020-2023 en la ciudad. Además, señala que, de cada 100 detenidos, alrededor de 30 son venezolanos y los otros 70 son colombianos.

“Las bandas que operan en la ciudad son de vieja data, los dueños de las grandes ollas de distribución de drogas al detal tienen décadas de estar funcionando e, incluso, son operadas por la tercera generación. La Policía Metropolitana de Cúcuta sabe cómo operan y quiénes son los dueños. ¿Por qué no las acaban?”, preguntó el analista.

Cañizares, dice, que el alcalde luce perdido en el tema de la seguridad y “cree que todavía está en campaña política y que sacando videos anunciando medidas va a solucionar los problemas de seguridad”. Porque, según su análisis, el crimen organizado de la ciudad parece que controla más territorio y tiene más armas.

La situación de Cúcuta es tan delicada que algunas voces de la sociedad civil ya le han propuesto al alcalde Acevedo explorar la posibilidad de que en la ciudad se desarrolle un proceso de diálogo con líderes de diferentes organizaciones criminales, similar al que se realiza en ciudades como Tuluá. Escenario que es improbable, teniendo en cuenta que el propio mandatario, en ocasiones anteriores, ha propuesto a los ciudadanos que se empiecen a armar y tomen justicia por sus manos. Incluso, ha dicho que está dispuesto a ayudar con el pago de abogados a aquellos después de ajusticiar a delincuentes, lo necesiten.