¿De director de cárcel a delincuente?: imputan a exfuncionario de La Picota por supuestamente beneficiar a narco condenado
Un narco y su abogado contactaban a funcionarios para conseguir favores ilegales en la cárcel, como traslados y permisos. El exdirector de la cárcel La Picota fue uno de los imputados por gestionar los beneficios irregulares.
Por: Redacción Cambio
Ante un juez de control de garantías deberá responder César Agusto Ceballos Giraldo, exdirector de la cárcel La Picota de Bogotá, por presuntamente haber gestionado maniobras ilegales para beneficiar a un sentenciado por narcotráfico.
Las irregularidades datan desde 2015 cuando el abogado del narcotraficante, Germán Eduardo Cifuentes Rodríguez, empezó a contactar funcionarios para conseguir favores ilegales para su cliente como permisos de trabajo, casa por cárcel y rebajas de penas a cambio de millonarias sumas de dinero.
Según la Fiscalía, el 31 de julio de ese año, el entonces director de La Picota permitió que el narco sentenciado entrara al penal bogotano desde otra cárcel en Villavicencio solo con presentarse, con una boleta de ingreso falsa y sin un traslado oficial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
El material de prueba de la Fiscalía indica que por todos los privilegios obtenidos la persona sentenciada pagó 250 millones de pesos al abogado Cifuentes Rodríguez, quien habría ofrecido una parte a varios funcionarios y particulares que intervinieron en las múltiples falsedades y la manipulación a los sistemas de reparto judicial.
Ceballos fue imputado por los delitos de uso de documento público falso, prevaricato por acción y prevaricato por omisión, y el abogado Cifuentes deberá responder por prevaricato por acción, prevaricato por omisión, acceso abusivo a un sistema informático, daño informático, falsedad ideológica en documento público y uso de documento falso.
En este mismo caso fue mencionado el investigador Jorge Efredy Monroy Ávila, quien recolectó entrevistas, documentos y otras pruebas falsas para supuestamente comprobar que el narco estaba al cargo de sus hijos menores de edad y podía reclamar casa por cárcel por ser padre cabeza de familia. Eso resultó siendo mentira, por lo que ahora deberá responder ante un juez por falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción.
Ninguno de los tres procesados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
