El Distrito tiene suspendidos más de 100 comedores comunitarios en Bogotá: hay más de 30.000 personas perjudicadas

Foto de referencia: Marcha de usuarios y operarios de comedores comunitarios.

Crédito: Colprensa - Camila Díaz

28 Noviembre 2024 02:11 pm

El Distrito tiene suspendidos más de 100 comedores comunitarios en Bogotá: hay más de 30.000 personas perjudicadas

Mientras la Alcaldía defiende que el cierre temporal de 108 de los 117 comedores comunitarios de Bogotá se debe a un proceso de legalización de contratos que se resolverá rápido, la congresista María Fernanda Carrascal crítica la falta de medidas de contingencia para garantizar la seguridad alimentaria de los beneficiados.

Por: Carolina Calero

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En la mañana del 28 de noviembre, la senadora del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal denunció que en Bogotá permanecen cerrados más de 100 comedores comunitarios de la ciudad. A través de sus redes sociales, Carrascal cuestionó al Distrito por la falta de un plan de contingencia para las personas cuya alimentación diaria depende de estos espacios.

Los comedores comunitarios en Bogotá son una estrategia social diseñada para garantizar la seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables, especialmente aquellas en condiciones de pobreza, desplazamiento o inseguridad alimentaria. En estos espacios, las personas reciben un plato de comida caliente al día. Por ello, el cierre temporal de los comedores está afectando entre 30.000 y 40.000 personas.

¿Por qué se suspendió el servicio de los comedores comunitarios? 

El secretario de Integración Social de Bogotá, Angulo, le explicó a CAMBIO las razones detrás del cierre temporal de 108 de los 117 comedores comunitarios en la ciudad. Según el funcionario, la interrupción del servicio responde al proceso de legalización de los contratos con los nuevos operadores, un trámite que, de acuerdo con sus declaraciones, "es habitual en la transición entre contrataciones".

Angulo detalló que los procesos de adjudicación de los contratos concluyeron el pasado 20 de noviembre y que, desde entonces, se ha estado en un periodo de legalización. “En un periodo razonable, este trámite oscila entre uno y cinco días en los que no podemos prestar el servicio porque se están legalizando los contratos con los operadores”, indicó.

Por su parte, la senadora María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, habló con CAMBIO y calificó la situación como resultado de no planificar, cuestionando la ausencia de medidas para mitigar el impacto en los beneficiarios. Además, señaló una aparente falta de voluntad política por parte del gobierno distrital para priorizar lo social.

"A ese proyecto de ciudad, que está endeudando a la ciudad para pagar obras de movilidad, le importa poco lo social y los programas conquistados por los bogotanos, como Bogotá sin Hambre, que está vigente desde 2004 y ha sido uno de los hitos de los gobiernos progresistas", afirmó.

El debate entre la falta de planeación y las opciones de contingencia

Freepik

Ante las críticas por no haber implementado planes alimentarios u otras alternativas para garantizar la seguridad alimentaria de los beneficiarios, Angulo señaló que, el 22 de noviembre, un día antes de la suspensión del servicio, se emitió un comunicado informando sobre el cierre temporal. Además, explicó que “implementar la alternativa de los paquetes alimentarios requeriría una operación paralela que tomaría más tiempo del estimado que reactivar los comedores”.

Sin embargo, Carrascal expresó que no hay justificación para el vacío que genera la suspensión del servicio en los comedores, incluso si es solo un día. Así mismo, señaló que hay otras opciones a los paquetes alimentarios, como bonos de alimentación o negocios locales con los que se puede negociar para proporcionar el alimento. 

“Un solo día que un comedor esté cerrado genera un vacío en las personas que dependen de ellos. En estos comedores comen trabajadoras sexuales, madres cabeza de hogar y población de la tercera edad. Esto no tiene ninguna justificación”, dijo la congresista a CAMBIO.

El secretario de Integración Social aseguró que el cierre temporal de los comedores no representa una crisis y argumentó que, en administraciones pasadas, hubo suspensiones mucho más prolongadas.

"En 2021, por ejemplo, el cierre fue de cuatro meses, y en 2022 se registraron interrupciones de uno y dos meses", dijo. Además, apuntó que los beneficiarios de los comedores suelen tener acceso a otras ayudas, como el programa de Ingreso Mínimo Garantizado.

"Un comedor te cubre el 40 por ciento del requerimiento calórico. Pero también tienen la ayuda de transferencia monetaria", señaló Angulo. Por último, el funcionario destacó que, en medio de todo, "hay buenas noticias", refiriéndose a la apertura de tres nuevos comedores comunitarios que empezarían a operar también el próximo 3 de diciembre.

Frente a esto, Carrascal insiste en que dicha apertura de los nuevos comedores no justifica "la falta de planeación y negligencia al no tener un plan de contingencia".

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