“Dos años después de su trámite, el plan de la paz total no es claro”: Pares

Desde su llegada a la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro anunció la política de Paz Total como uno de los legados que quería dejar al país. Su empeño con el tema hizo que su trámite legislativo se hiciera de manera muy rápida, pero su desarrollo e implementación no han contado con la misma suerte.

La Paz Total y la paz en general en el país, según el informe presentado por la fundación Pares, no tienen un horizonte claro. Entre otras cosas su análisis y valoración, señala el reporte, han sido complicados debido a que no es “una política pública convencional, sino que se ha compuesto de una mezcla de anuncios presidenciales, apertura de mesas de diálogo e intentos de negociación con diversos actores, desde el Clan del Golfo hasta una mesa de negociación con el ELN”.

Uno de los puntos en los que Pares llama la atención es que, casi dos años después de la sanción de la ley, que se cumple en noviembre, no se conoce otro documento que le dé forma, ni un tipo de hoja de ruta.

El balance general deja dos comisionados de paz, Danilo Rueda y Otty Patiño, este último llegó al cargo desde noviembre del año pasado. También el establecimiento de diálogos con siete diferentes grupos armados ilegales de distintas índoles políticas e ideológicas, y con considerable arraigo en economías ilícitas y del crimen organizado.

El periodo de análisis abarcó desde abril de 2023 hasta abril de 2024, cubriendo todo el territorio nacional. Y analizó incluso hechos polémicos como la visita de Juan Fernando Petro, hermano del presidente, y de Danilo Rueda, primer comisionado de paz de este Gobierno, a La Picota, a hablar con parapolíticos condenados, criticado por un gran sector de la ciudadanía.

Bajo la Ley 2272 o de Paz Total se han desarrollado cuatro ceses al fuego, dos de estos sobreviven. En estos ha habido problemas para la provisión de agenda, capacidad, apoyo y recurso humano a los diálogos sociojurídicos, que es el nombre con el cual se conoce a los esfuerzos de diálogo para el sometimiento de grupos delincuenciales o estructuras del crimen organizado de alto impacto (ECOAI).

Están activos, pero en situación crítica, los diálogos entre Shottas y Espartanos en el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca), en Quibdó (Chocó) y en Medellín y el Valle de Aburrá (Antioquia). Al igual que los acercamientos con el EGC (Ejército Gaitanista de Colombia) y grupos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, pero con pocos avances.

Puntos para destacar

El informe de Pares destaca cuatro grandes retos. Primero, el 'politicómetro' y los incentivos no buscados de la ley de Paz Total para los grupos armados, relacionados con los cambios que se producen en el tipo de violencia organizada.

El segundo reto es información insuficiente sobre las estructuras criminales de alto impacto (EACAI), especialmente sobre el Clan del Golfo/EGC; al igual que negociar en un momento de expansión y crecimiento de grupos armados; y, por último, la comunicación alrededor de los avances de la Paz Total.

Entre los puntos positivos, Pares resaltó hechos como la liberación de las 33 personas que el ELN tenía en cautiverio; la disminución de acciones del Estado Mayor Central en regiones del Catatumbo, Norte de Santander. Además, “es indudable que, en regiones como Buenaventura, lograr crear una mesa de diálogo entre Shottas y Espartanos, con todos los inconvenientes que esta ha tenido, ha resultado beneficioso para el puerto, en donde las muertes han disminuido 70 por ciento, por ejemplo".

“De estos meses, que cada uno además carga con sus crisis particulares, han surgido 33 acuerdos. Uno de los más importantes es el de participación firmado entre la mesa negociadora del Gobierno y el ELN, que podría significar el principio de esta organización guerrillera como un partido político. Un proceso que es lento, pero que debe comenzar en algún momento”, indica la fundación.

¿Los grupos armados se han expandido por la Paz Total?

Alrededor de la política de Paz Total también se han construido diferentes narrativas que según el informe no son ciertas.

Este es el caso de la expansión o crecimiento de los grupos armados ilegales, fenómeno que, dice Pares, está desbordado desde 2018, antes de la llegada de Petro al poder. Uno de los principales motivos de que esto ocurra es que después de la firma del acuerdo de paz con las Farc en 2016, el grupo guerrillero se retiró de las zonas donde estaban y el Estado no las ocupó, entonces grupos de disidencias, que terminarían conformando el Estado Mayor Central, Clan del Golfo, ELN y después la Segunda Marquetalia, entrarían a disputarse estos lugares.

La expansión de estos grupos se consolidó entre 2018 y 2022, durante el gobierno de Iván Duque. Por lo que Pares afirma que no es cierto que los cese al fuego con diferentes grupos armados es lo que ha permitido la expansión de estos. Al igual señala que una suspensión nacional del cese al fuego de forma abrupta puede llevar a un escalamiento violento sin capacidad de contención por parte del Estado, que incluso lleve a la población a optar por apoyar medidas que suspendan el Estado de derecho local a cambio de una protección básica en seguridad.

"El incentivo del cese al fuego no se puede convertir en lo único que mueva un grupo armado para firmar la paz. Si hay dos grupos en disputa por un territorio y ambos firman un cese al fuego con el Estado, la población no se salvará de los continuos conflictos de ambos por controlar el territorio. Los continuos combates entre grupos armados en zona como el Cauca ponen en riesgo siempre a la población civil", apunta Pares.

Otra de las grandes conclusiones presentadas es que el actual ciclo de violencia que vive el país se debe, con excepción del ELN, a ciclos de violencia en Colombia que no han tenido cierres definitivos o cuyos procesos finales de paz no tuvieron la implementación deseada.

En relación con esto, se concluye que es fácil ver los vasos comunicantes que hay entre las antiguas AUC con el Clan del Golfo; lo que une al EMC con las antiguas Farc o las razones por las que los miembros de la Segunda Marquetalia se volvieron a alzar en armas.

El informe, igualmente, analizó las complejidades de la Paz Urbana. En esta parte, señala que se han registrado avances en el Valle de Aburrá, con cifras bastante alentadoras. Pero, contrastando con lo que sucede en el Valle del Cauca, donde grupos como la Inmaculada han puesto contra la pared a municipios como Tuluá y han llegado a controlar las cárceles más emblemáticas del país desde donde han disparado la extorsión.