
“Dos millones de pesos, una motocicleta y un fusil”: el inquietante panorama del reclutamiento de menores
La Defensoría ha insistido en que las niñas, los niños y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional.
Crédito: Colprensa
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Entre el 1 de enero y el 5 de noviembre de 2024, según la Defensoría del Pueblo, se han registrado 282 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el país. El 50 por ciento de los casos corresponde a miembros de comunidades indígenas.
Por: Rainiero Patiño M.

“Dos millones de pesos, una motocicleta y un fusil”, dice una propaganda difundida hace algunos días en la subregión del Bajo Putumayo por el frente Carolina Ramírez, una de las facciones de las disidencias de las Farc. Con el mensaje, el grupo ilegal busca persuadir a adolescentes y jóvenes de unirse a sus filas.
Esta es solo una de las nuevas tácticas que los grupos armados ilegales están usando para reclutar niños, niñas y adolescentes (NNA) en distintas regiones del país. La estrategia se enfoca en explotar las carencias y vulnerabilidades de menores de edad, a quienes les ofrecen promesas para salir de su pobreza.
De ahí que informes recientes de entidades como la Defensoría del Pueblo, y de organizaciones civiles, como la Fundación Pares, están alertando del incremento de las cifras de reclutamiento de menores, sobre todo en las regiones rurales del país y en las zonas urbanas que concentran más pobreza.
En el caso del Bajo Putumayo, las disidencias de las Farc han visitado las escuelas. Allí entregan panfletos y propaganda a los alumnos con información revolucionaria. Situaciones similares han sido registradas este año en municipios como Tibú, La Gabarra y Sardinata, en Norte de Santander; Yarumal y Campamento, en Antioquia, así como municipios de Huila.
En algunos de esos territorios, el Estado Mayor Central (EMC) ha implementado una estrategia similar para captar menores, a quienes les ofrecen la posibilidad de "escapar de la pobreza" a través del ingreso a sus filas, una oferta atractiva en medio de las condiciones de vulnerabilidad en que viven estos jóvenes.
Más que números
La Defensoría del Pueblo registró 184 casos de reclutamiento forzado de menores de edad en 2023. De ese grupo, 110 fueron niños y adolescentes, y 74, niñas y adolescentes. La mayoría de estas víctimas tenía entre 14 y 17 años, pero se registraron casos de reclutamiento de niños de 9 años. Casi el 70 por ciento de estos menores pertenecían a comunidades indígenas.
Lo grave es que, con corte a 5 de noviembre de este 2024, la misma Defensoría ya había registrado 282 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Esto evidencia un claro incremento de este fenómeno. El 50 por ciento de los casos de este año también corresponde a miembros de comunidades indígenas.

Según la información registrada en el primer semestre del año, el 79 por ciento de los casos de reclutamiento de menores de edad ocurrieron en el departamento del Cauca. Le siguen Arauca, Nariño y Putumayo. Más abajo figuran los reportes en Norte de Santander, Cundinamarca, Amazonas, Guaviare, Huila y Vaupés.
El 78 por ciento de los reportes registrados hasta julio fueron atribuidos a la responsabilidad de las facciones disidentes de las FARC y el EPL. En el 16 por ciento de los casos no se había podido determinar la responsabilidad. Luego está el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el 4 por ciento, y los grupos posdesmovilización de las AUC, como las AGC-Clan del Golfo y el Bloque Virgilio Peralta Arenas (Caparros), con el 2 por ciento.
Pero más allá de los medios tradicionales y reconocidos que han usado los grupos armados ilegales para reclutar a menores de manera histórica, la Defensoría identificó también que las actuales organizaciones usan novedosos métodos a través de las redes sociales, “lo que hace el fenómeno más complejo y multifacético”.
En esta nueva modalidad, por ejemplo, el denominado Clan del Golfo ha desplegado una llamativa estrategia digital dirigida a jóvenes, a través de la que promueve imágenes de poder, dinero y estilo de vida para hacer de su estructura una opción deseable.
El sur de Bolívar es una de esas subregiones donde el Clan del Golfo “ha dirigido su esfuerzo hacia los adolescentes a través de videos en redes sociales, en los cuales muestran armas, motos y fajos de billetes para atraerlos”, señaló la Defensoría. Además, el grupo ha repartido kits escolares, cuyos elementos tienen estampadas las imágenes de líderes revolucionarios históricos, como comandantes guerrilleros, con la intención de que “los jóvenes desarrollen una afinidad hacia estas organizaciones”.
“La naturaleza de estos mensajes tiene un impacto psicológico y genera una percepción de éxito económico y poder que los menores no encuentran en sus comunidades, caracterizadas por la pobreza y la falta de oportunidades laborales y educativas”, según explicó Pares en un informe reciente.
Una decisión y más alertas
En medio de este difícil panorama, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó el Auto 05 de 2024, en el marco del caso 007 sobre “Reclutamiento y Utilización de niñas y niños en el marco del conflicto armado”, en el que atribuyó a antiguos miembros del Secretariado de las FARC-EP crímenes de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, y otros cometidos en su contra en el marco de la vida intrafilas.
“Los imputados y llamados a reconocer responsabilidad son Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape y Julián Gallo Cubillos”, señaló la JEP.
Los magistrados determinaron que cada uno de esos excomandantes, con sus acciones y omisiones en la guerrilla, son responsables de cinco patrones macrocriminales determinados. Estos son: reclutamiento y utilización de niños y niñas, incluidas personas menores de 15 años; malos tratos, torturas y homicidios en contra de niños y niñas reclutadas; violencias reproductivas en contra de niñas reclutadas; violencias sexuales en contra de niños y niñas al interior de las filas de las antiguas Farc-EP, y violencias en contra de niños y niñas con orientación sexual o expresión de género diversas.
El mismo día del aviso de la decisión sobre los ex cabecillas de las FARC, la JEP anunció la implementación de un Plan de Apoyo a la Búsqueda de más de 200 niñas y niños reclutados y desaparecidos en el conflicto armado por las FARC, en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).
La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), una organización que lucha contra el reclutamiento de menores, instó a los excomandantes guerrilleros vinculados al macrocaso a aportar efectivamente en la construcción de verdad plena y a reconocer las responsabilidades, en especial a aquellos llamados como máximos responsables. La organización expresó que “también se espera que se avance en el esclarecimiento de las conductas investigadas bajo el subcaso de fuerza pública”.
Coalico, además, hizo un reconocimiento al valor, compromiso y aportes de las personas acreditadas en este caso en calidad de víctimas, porque, en su opinión, “sin ellas este paso no sería posible ni tendría el sentido y relevancia que reviste para las siguientes fases”.
El Ejército Nacional divulgó esta semana la captura de cuatro personas señaladas de movilizar una niña de 14 años, quien al parecer iba a ser reclutada por un grupo armado al margen de la ley en el Cauca y con presencia en la región de los Llanos Orientales.
La captura de estas personas se dio en la autopista Bogotá - Villavicencio, a la altura del sector de peaje de Pipiral. El mismo presidente Gustavo Petro rechazó el delito y dijo que “el reclutamiento forzado de niños y niñas es un delito execrable” y catalogó a los grupos que lo hacen como “débiles” y “violadores de los derechos humanos".
Para tratar de contrarrestar el reclutamiento de NNA, el Gobierno nacional, a través de distintas instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), adelanta estrategias en el país.
La Defensoría ha insistido en que las niñas, los niños y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional, “por lo que sus proyectos de vida deben estar por fuera de cualquier práctica relacionada con la guerra; el reclutamiento no es una opción de futuro para ellos”. Y, por otro lado, está la discusión del tema en las distintas mesas de diálogo que adelanta el Gobierno con varios de estos grupos armados. Hasta ahora, sin embargo, estas estrategias parecen no tener buenos resultados.
