El megaproyecto que tiene en vilo a Sesquilé entró en obra

La primera etapa del proyecto Sabana de Sesquilé, que cambiará para siempre la fisonomía del pueblo, ha entrado en construcción. Serán 1.300 apartamentos, distribuidos en varias torres, que aumentarán ostensiblemente la densidad poblacional del municipio.

El proyecto ha causado controversia justamente por eso. Sesquilé es una pequeña población cundinamarquesa, a 57 kilómetros de Bogotá,  cuyo número de habitantes en el casco urbano no supera los 3.000. Concejales del municipio han asegurado que un proyecto de esta magnitud duplicaría el número de habitantes, y han insistido en que Sesquilé no cuenta con la infraestructura necesaria para atender las demandas de los nuevos pobladores.

Juan Manuel González es el representante legal del proyecto, cuya construcción está a cargo del Grupo Solerium y Valesma S.A.S. Esta última sociedad tiene como una de sus accionistas a Beatriz del Socorro Gutiérrez Robayo, hermana de Carlos Gutiérrez Robayo, cuñado de la primera dama Verónica Alcocer.

González le dijo a CAMBIO que el proyecto se ha realizado ciñéndose al ordenamiento jurídico. La obra se construirá en un lote de diez hectáreas que hasta el año 2019 era de vocación agrícola. En decisión aprobada por el anterior Concejo del municipio, dicho predio fue incorporado al casco urbano de Sesquilé y ya cuenta con licencia de urbanismo. “Se trata de un desarrollador serio que no hace otra cosa que cumplir con la ley, que tiene unos derechos otorgados por una licencia expedida por el municipio. Es un proyecto serio y hay una gran cantidad de personas que ya han comprado”.

González le dijo a CAMBIO que el proyecto ya cuenta con licencia de urbanismo, por cuenta, entre otras cosas, de una posible omisión de la actual Alcaldía.

Según afirma el representante legal de la constructora, ellos presentaron los documentos exigidos por ley para que el municipio les aprobará la licencia de construcción.

Sin embargo, el municipio no respondió a la solicitud, lo cual dio lugar a una figura jurídica conocida como el silencio administrativo positivo. Esta figura se aplica cuando la entidad estatal no responde en los términos de ley a una solicitud y se da por entendido que la solicitud fue resuelta de manera favorable al peticionario.

De esta manera, los constructores radicaron la escritura de la licencia de urbanismo ante un notario, como está previsto en la ley.

Voceros de la Alcaldía le aseguraron a CAMBIO que la administración municipal había demandado la validez de la licencia de urbanismo, pero, en entrevista con el representante legal de la constructora, este aseguró que no habían sido notificados de demanda alguna. “Esa licencia de construcción (inscrita ante notario) produce todos los efectos jurídicos y debe ser respetada tanto por los funcionarios públicos como por los privados”, dijo González.

Casos recientes, como el de Cajicá, otro municipio de la sabana cuyos habitantes tienen problemas de suministro de agua potable, han puesto en alerta a concejales de Sesquilé. Aseguran que en el municipio no hay agua suficiente para tanta gente y por eso se oponen al megaproyecto urbanístico.

Al respecto, el representante legal de los constructores dijo que el caudal de agua para abastecer al conjunto quedó garantizado con una resolución expedida por la empresa de servicios públicos del municipio que le dio viabilidad a la petición de servicios públicos hecha por los constructores.

También dijo que construirán una planta de tratamiento de aguas residuales y que canalizarán de manera debida una importante escorrentía de agua que desciende por el predio cada vez que llueve.

Aunque aparentemente no hay obstáculos jurídicos para suspender la construcción de la obra de apartamentos, un grupo de concejales prepara acciones jurídicas para intentar suspender el megaproyecto.

En una intervención ante el Concejo de Sesquilé, difundida en redes sociales, el abogado González lanzó una enfática advertencia a las autoridades civiles del municipio: “Si este proyecto no se desarrolla, y peor, no se desarrolla porque sigan atacando el proyecto de manera ilegítima a través de actos ilegítimos, el municipio pierde. Si se declara la nulidad, pierde, tiene que pagar, tiene que pagar”.