El presupuesto 2025 aumenta la fractura entre el presidente Petro y el Congreso

El adagio popular dice que “al desayuno se sabe cómo será el almuerzo”. Por lo ocurrido en las últimas horas, no es difícil vislumbrar las enormes dificultades que tendrá el gobierno del presidente Gustavo Petro para sacar adelante sus reformas sociales en el Congreso en los meses por venir.

En una misma jornada, ni siquiera hubo debate sobre el presupuesto de 2025 y, además, fue duramente criticado por su intención —voluntaria o no— de hacer un recorte a la Registraduría Nacional en vísperas de las elecciones.

Algunos de los más implacables contradictores del presidente Petro han alimentado la tesis de que este se quiere quedar en el poder, por lo que estaría buscando mecanismos para evitar las elecciones en 2026. En las redes sociales fue tendencia el hallazgo de la senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, de que en el presupuesto radicado en julio y al de la ponencia del lunes le habían recortado a la Registraduría unos 2 billones de pesos.

El hecho fue aprovechado por los opositores para cargar contra el mandatario. “Hoy, el mismo Gobierno lo confirma al reducir drásticamente el presupuesto del CNE y la Registraduría. Este no es el Presupuesto General de la Nación, sino el Presupuesto General de la Reelección de Petro. Protegeré los recursos para que haya elecciones libres”, dijo el senador David Luna, de Cambio Radical.

Divorcio absoluto entre Petro y el Congreso

Su afirmación muestra el grado de polarización existente. “Las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo están en su peor momento”, sentencia Yann Basset, doctor en Ciencias Políticas de la Sorbona. Para él, esta serie de hechos muestra una enorme desconfianza entre los dos poderes, lo que sin duda impone un manto de incertidumbre sobre esta legislatura.

Una legislatura, la tercera, que es absolutamente decisiva, ya que en la siguiente todos los actores políticos se pondrán en modo campaña, por lo que lo que no se haga ahora será casi imposible de lograr al final.

Basset, también docente de la Universidad del Rosario, dice que aunque la expedición del presupuesto se puede hacer legalmente por decreto, “no es usual” y pone en evidencia las dificultades para acercar a las partes.

“En la forma como se hizo, realmente no hubo muchos esfuerzos de negociación, de lado y lado, para poder llegar a posibles acuerdos. Esto augura muchas dificultades para otros textos en los que el gobierno sí necesita la aprobación del Congreso”.

Esto afecta a la nueva versión de la reforma de la salud, la reforma laboral y, eventualmente, la reforma tributaria. Si bien el gobierno puede aprobar el presupuesto por decreto, probablemente se presentarán nuevos problemas, dice el docente.

El efecto real es el desafortunado enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo, que deja en el medio la gestión institucional, advierte Carlos Arias, profesor de la Universidad Externado.

“Además, la narrativa de que no lo dejan gobernar será impulsada por el presidente, quien no será contrarrestado de manera eficiente por el Congreso, porque la oposición se deja arrastrar por las cortinas de humo mediáticas que despliega el presidente en X (anteriormente conocido como Twitter). Nos encontramos en un escenario poco productivo para la creación de políticas públicas, pero lamentablemente marcado por una fuerte confrontación”, dice.

En efecto, las comisiones económicas del Congreso reafirmaron este martes que no estaban de acuerdo con el presupuesto presentado por el gobierno del presidente Petro para 2025, y ni siquiera le dieron debate.

El Gobierno Nacional denuncia un saboteo

“No permitir que este gobierno avance y sabotear una propuesta de cambio que busca cerrar las brechas y atender a los sectores más marginados y empobrecidos de la población colombiana no es el camino”, afirmó el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López. “Esta no es la forma en que el Congreso debe responder a los más necesitados”, agregó uno de los más fieles defensores del mandatario.

Se trata de una narrativa en la que el Gobierno se presenta como víctima, con la tesis de que su intención es ayudar a los pobres, pero los más poderosos no lo permiten.

Argumento que va en línea con lo expuesto por el presidente Petro durante la noche del domingo, cuando en una alocución dijo que su interés era llevar a cabo profundas reformas, pero que “en el camino del cambio aparecen poderes inmensos, estatales, sociales o políticos tratando de impedirlo; nos acorralan a veces, nos amenazan, nos derrumban decretos, paralizan por meses los proyectos de ley. Pero insistimos y avanzamos”.

El analista Gabriel Cifuentes subraya que desde el gobierno de Pastrana no se había tenido que decretar una ley de presupuesto, y no cree siquiera que haya antecedentes de un trámite donde ni siquiera se apruebe en primer debate de las comisiones económicas conjuntas.

Eso ya es llamativo, porque por lo general las leyes de presupuesto suelen considerarse leyes de trámite, sin grandes dificultades. Siempre hay discusiones sobre montos y distribución de partidas, que le sirven al gobierno para tener un cierto manejo político, pero, ante el riesgo de que el presupuesto salga por decreto, los congresistas suelen darle trámite.

Lo anterior indica varias cosas: “El decreto saldrá tal como se presentó en julio por parte del gobierno, es decir, con las partidas y montos originalmente diseñados, los cuales parten de un cálculo desfinanciado y que exigirá o una reforma tributaria —que, dada la temperatura política, es poco viable— o mayores ajustes y recortes, sobre todo en materia de inversión”, dice Cifuentes. Esto sin contar el inminente riesgo de que se quiera evadir la regla fiscal, lo cual sería muy delicado.

El presidente Petro expedirá el presupuesto por decreto

Para este experto, tanto el Congreso como el gobierno se equivocan. El Congreso, al romper quórum y no llegar a un acuerdo, le deja vía libre al gobierno para que el presupuesto salga por decreto, algo de por sí inconveniente e indeseable. Lo mejor habría sido que se tramitara con los ajustes propios que puede hacer el Congreso en su discusión.

“Pero, por otro lado, el gobierno también se equivoca. Mostró su incapacidad de concertar y conciliar; primó su terquedad y ese talante de que los acuerdos solo son válidos cuando responden a la visión del gobierno. No hay consensos, hay imposiciones. Algunos podrían llegar incluso a pensar que el gobierno prefiere que el presupuesto se haya caído, así puede emitirlo como quiera por decreto”, dice el analista.

¿Qué pasa ahora? Saldrá un presupuesto desfinanciado, y el gobierno pasará una ley de financiamiento, más conocida como reforma tributaria, para tapar el hueco, que no es de 12 billones de pesos, como lo ha dicho el ministro de Hacienda, sino más cercano a los 40 billones de pesos, cifra que es imposible de cubrir incluso en el improbable caso de que le aprobaran la reforma tributaria, estiman los analistas.

El gobierno tratará de presionar al Congreso para que le apruebe la ley de financiamiento y así cubrir parcialmente proyectos de inversión en los que puedan tener interés los parlamentarios de las regiones.

Asimismo, intentará flexibilizar la regla fiscal, lo que coincidirá con un año electoral, donde muy probablemente esa bolsa de gastos generales del Ministerio de Hacienda, que no tiene una destinación específica, se trasladará a las entidades encargadas de los subsidios directos, lo que podría llevar al uso del presupuesto con fines políticos. Es probable que se hagan recortes en proyectos estratégicos de mediano y largo plazo para el desarrollo del país.

En resumen, más allá de las hipótesis sobre lo que sigue, lo que sí es cierto es que lo ocurrido con la ley de presupuesto es una muestra de las enormes tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, la división entre Cámara y Senado y el ambiente enrarecido de una tercera legislatura de la que se espera muy poco en cuanto a la agenda legislativa.

El presidente insiste: no lo dejan gobernar

En medio de este panorama de ruido institucional, el gobierno reiterará que hay un bloqueo y que no lo quieren dejar gobernar, lo que refuerza su teoría de una gran conspiración para asestarle un golpe blando. Mientras que en el Ejecutivo señalan al Congreso como responsable de lo sucedido, las voces desde el parlamento tienen un argumento totalmente contrario.

“Pareciera que el plan A del Gobierno siempre fue aprobar el presupuesto por decreto. Con la peor ejecución presupuestal en 20 años, presentaron un Presupuesto General de la Nación desfinanciado, incluyendo el recaudo de una reforma tributaria sin aprobar, y no aceptaron ninguna propuesta intermedia para consensuar el monto global”, dice la representante a la Cámara Jennifer Pedraza de Dignidad y Compromiso.

“Negamos el presupuesto de Petro y salvamos los recursos para las elecciones de 2026. Buenas noticias para Colombia”, resumió Miguel Uribe, del opositor partido Centro Democrático. Para este legislador, no hay dudas de la intención del Pacto Histórico de obstaculizar las elecciones de 2026. “Petro quería quitar los recursos para que no hubiera elecciones”, sentencia.

En el escenario hay dos temas clave. Uno es el económico. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha tratado de bajar la temperatura al asunto. “De acuerdo con lo que pasó hoy, el presupuesto de 2025 sale por decreto y es lo que el Gobierno radicó: 523 billones de pesos”, afirmó. “Lo que dice la norma es que, dado que no se hizo debate en primera vuelta, no hay ajustes ni modificaciones al proyecto radicado por el Gobierno”.

La situación sin precedentes de no haber aprobado, el 15 de septiembre, ningún tope de ingresos y gastos en el Presupuesto General de la Nación —como lo exige la ley— demuestra que ni en el Congreso ni en la opinión pública hay suficiente confianza en las cuentas del gobierno ni en su capacidad para dinamizar la economía. Esto es especialmente crítico en un momento en que el país necesita con urgencia superar el escenario de desaceleración, dice Elkin Suárez, economista de la Universidad Nacional, en un artículo publicado en Razón Pública titulado Reformas sociales: claridad sobre recursos y presupuesto.

Un aspecto para rescatar: hacer bien las cuentas

También hay quienes consideran que lo sucedido encierra aspectos positivos. “El rechazo del presupuesto por parte de las comisiones económicas al gobierno es un mensaje importante de seriedad, al no avalar una propuesta de presupuesto desfinanciada, y de no aceptar tampoco una propuesta de ley de financiamiento para cubrir el faltante del presupuesto”, dice la analista María Jimena Escandón.

Este es el nuevo capítulo en este frente. Creo que tampoco va a pasar en el Congreso esta propuesta gubernamental y, en este caso, la discusión es más técnica que política. El gobierno no ha dado señales de querer disminuir el gasto, y plantear que sean los contribuyentes quienes financien los 12 billones que faltan no es serio.

Para Escandón, no se trata de que el Congreso le esté sacando los dientes al gobierno, sino que, al igual que con la reforma a la salud —en la que no existía aval fiscal— lo adecuado era su archivo. Esto no significa la estructuración de un golpe blando. Esto es independencia de poderes, rigor técnico, responsabilidad fiscal, de la que Colombia siempre se ha preciado, y es importante mantener esa línea.

El presidente Petro enfrenta un camino largo con la expedición del presupuesto por decreto, pues seguramente vendrán demandas de constitucionalidad en la Corte Constitucional. Es un capítulo triste, ya que el país necesita concentrarse en temas de fondo y no quedarse en una discusión que pudo resolverse mediante el diálogo y el consenso, dice la analista.

El segundo tema es el político. Como se ha visto, este está sacudido por el ruido de ambas partes, lo que impide vislumbrar soluciones a los problemas que los ciudadanos esperan que resuelvan sus representantes políticos.

Esto, por supuesto, también traerá consecuencias en la ralentización del trámite de las reformas del gobierno en el Congreso y de la agenda de los congresistas, ad portas de una campaña electoral. De hecho, ya hay analistas que dicen que todo esto marcó el inicio de la carrera hacia las elecciones de 2026.