El proyecto que amenaza con dejar sin agua a Sesquilé
Predio donde se proyecta construir 1.500 apartamentos
Crédito: Fotografía: Cambio
Un proyecto de apartamentos que duplicaría el número de habitantes en el casco urbano del municipio tiene en alerta a sus habitantes. La licencia, sobre la que existen cuestionamientos jurídicos, fue otorgada a una empresa de la hermana del polémico Carlos Gutiérrez Robayo, cuñado de la primera dama, Verónica Alcocer.
Por: Iván Serrano
Sesquilé es un apacible municipio ubicado a 45 minutos de Bogotá, por la vía que conduce a Tunja, conocido por haber sido uno de los más importantes territorios muiscas y por ser el lugar donde se encuentra la mítica laguna de Guatavita.
Sus habitantes, con orgullo, afirman que tienen en ella un tesoro muy diferente de los tunjos y de las guacas, y que en el pueblo disfrutan de aire limpio, paisajes bonitos y una vida tranquila. No obstante, tanta dicha podría estar amenazada.
Sesquilé cuenta con 3.000 habitantes en el casco urbano, pero un proyecto de apartamentos, cuya licencia de construcción ya fue aprobada, podría duplicar súbitamente el número de residentes. El proyecto se llama Sabana de Sesquilé y contempla la construcción de 1.800 apartamentos, en los que caben más de 5.000 personas. Ese aumento en la tasa de habitantes preocupa a los actuales pobladores de Sesquilé, porque todo indica que el municipio no cuenta con el agua suficiente para abastecer una demanda de esa magnitud. Tampoco tiene la infraestructura pública (colegios, hospitales, vías) suficiente para atender a los nuevos residentes.
El volteo de tierras
El terreno sobre el que se desarrollará el proyecto es un lote de diez hectáreas ubicado a 600 metros del casco urbano del municipio. Está situado sobre una colina y tiene una maravillosa vista panorámica sobre el norte de la sabana.
Por años, fue un predio de vocación agrícola, pero en 2019, mediante un acuerdo municipal presentado por la Alcaldía y aprobado por el Concejo, se modificó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) y se incorporó el lote al perímetro urbano para el desarrollo de vivienda de interés social y prioritario. El acuerdo se aprobó de manera exprés.
No les llevó a los concejales más de 17 días dar vía a la urbanización. Además, el proyecto ni siquiera fue dado a conocer entre la comunidad. Eso afirman los integrantes del Consejo Territorial de Planeación del municipio. Los consejeros aseguran que el anterior alcalde Nelson Uriel Robayo, quien falleció en 2021 a causa del covid, nunca presentó, ni ante el cabildo municipal ni ante la comunidad, cifras que demostraran el déficit de vivienda y la necesidad de dicho proyecto.
El municipio no cuenta con la disponibilidad inmediata de acueducto y alcantarillado para abastecer al conjunto de edificios. Incluso, los habitantes de la vereda Boitivá, lugar en donde se construirán los apartamentos, no cuentan con disponibilidad de agua de manera permanente. En épocas de sequía, hay cortes del servicio hasta cinco veces por semana, situación que los obliga a comprarle al municipio agua en carrotanques.
Por estas razones, un grupo de ciudadanos demandó el PBOT en 2021. Ese mismo año, un juez de Zipaquirá dictó medidas cautelares que suspendían los efectos del PBOT, pero asesores jurídicos de la actual Alcaldía apelaron la decisión y las medidas cautelares fueron revocadas en marzo del año pasado.
La importancia ambiental del predio
El predio, de diez hectáreas, se llama Valparaíso y está protegido en su calidad de área ambiental agrológica en el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del río Bogotá. Imágenes aéreas captadas por CAMBIO dan cuenta de la presencia de cuerpos de agua en el predio, tal como lo hizo notar la CAR en un oficio enviado al alcalde de Sesquilé, Orlando Díaz, en diciembre de 2021, en el que "recomienda a la administración municipal adelantar las acciones pertinentes para la protección y uso sostenible de estos drenajes naturales, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente".
Videos y fotografías captadas por los vecinos, dan cuenta del caudal que desciende por el predio en temporada de lluvias.
También hay una controversia por la existencia de un documento expedido por Acuases, empresa de acueducto municipal. Se trata de la resolución 053 de 2018, emitida el 17 de abril de 2018, con la cual se expidió la licencia de urbanismo del proyecto. El contenido de la resolución que tienen los concejales es diferente al que aparece en el expediente de la licencia. No es un hecho menor porque, gracias a está resolución, que otorga viabilidad parcial en materia de acueducto y alcantarillado para la construcción de 1.500 viviendas, fue que finalmente se le concedió la licencia al lote.
El concejal de Sesquilé Sergio Sánchez puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía, que tendrá que investigar si en este caso se configura una posible falsedad en documento público. “Encontramos que la firma del gerente es diferente en las dos resoluciones; y que, en la parte resolutiva, una tiene seis artículos y la otra, cuatro. Vaya sorpresa, los artículos eliminados tenían que ver con la conexión de acueducto y alcantarillado”, le dijo Sánchez a CAMBIO.
Los beneficiados
Los dueños del predio son los señores Luis Alberto García y Álvaro Andrés Otálora. Ellos compraron el predio en 2017 por 1.000 millones de pesos. Dos años después, y gracias al cambio del uso del suelo, el lote pasó a valer unos 27.000 millones de pesos. Al menos eso es lo que calculan concejales de Sesquilé.
La licencia de urbanismo fue expedida a nombre de Valesma Compañía de Inversión S.A.S. Los socios de Valesma son José Eduardo Lozano Velásquez y Beatriz del Socorro Gutiérrez Robayo. Esta última es hermana de Carlos Gutiérrez Robayo, cuñado de la primera dama, Verónica Alcocer. Carlos Gutiérrrez ha estado envuelto en varios escándalos. Entre ellos se destaca la construcción de un edificio de apartamentos en inmediaciones del humedal La Conejera durante la alcaldía de Petro. También ha sido vinculado a la red de empresas relacionadas con el extraditado Alex Saab. Recientemente, la periodista Paola Herrera reveló la relación de Carlos Gutiérrez con la empresa encargada de la exportación de ganado vivo que terminó involucrada en el hallazgo de un cargamento de cocaína por autoridades españolas.
La señora Beatriz del Socorro Gutiérrez es, además, socia con su hermano en la empresa Brunswick Holdings Corporation. Dicha empresa, con sede en Islas Vírgenes, hace parte del conglomerado de empresas ocultas que fue revelado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en los Panamá Pappers.
Actualmente, la sala de ventas del proyecto Sabana de Sesquilé funciona a siete kilómetros del lote, en el municipio de Gachancipá. CAMBIO fue hasta el lugar y pudo constatar que los apartamentos ya están a la venta. Cuando se les preguntó a los vendedores por la disponibilidad del servicio de acueducto, dijeron que el proyecto cuenta con viabilidad de servicios públicos otorgada por la empresa de acueducto de Sesquilé.
Qué dice el municipio sobre Sabanas de Sesquilé
Voceros de la Alcaldía le dijeron a CAMBIO que la licencia de urbanismo fue otorgada en virtud de la llamada Ley Lleras. Dicha ley permitió incorporar, de manera excepcional, predios al casco urbano de los municipios para la construcción de viviendas de interés social e interés prioritario.
Los funcionarios advirtieron, sin embargo, que el predio no cuenta con disponibilidad de conexión inmediata de acueducto y alcantarillado y que, para que esta les sea otorgada, los constructores deben ejecutar obras que garanticen el suministro de agua potable, así como la construcción de una red de alcantarillado.
Actualmente existe una controversia entre el municipio y los constructores. Después de obtener la licencia de urbanismo, que da cuenta de que en ese lote, efectivamente, se puede construir, procede pedir la licencia de construcción. Los constructores solicitaron dicha licencia al municipio, pero aparentemente no recibieron respuesta, o no la recibieron suficientemente. En consecuencia, se ampararon en una figura jurídica llamada el silencio positivo, que ocurre cuando una entidad del Estado no da respuesta y, por ende, dicho silencio es interpretado a favor del peticionario, y acudieron a una notaría para formalizar la licencia de construcción. El municipio, entones, demandó la maniobra jurídica de los constructores.
Ahora la Justicia deberá definir la legalidad del POBT y también la legalidad de la licencia de construcción. En la sala de ventas del proyecto aseguran que ya hay suficientes apartamentos vendidos sobre planos y que el proyecto cuenta con viabilidad económica.
Concejales del municipio y miembros del Consejo Territorial de Planeación le enviaron un oficio a la magistrada Nelly Villamizar, autodenominada madrina del río Bogotá y quien está encargada de velar por el cumplimiento de la sentencia que obliga a la descontaminación y protección del río, para informarla de la situación, pero dicen que a la fecha no han recibido respuesta.
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Otros municipios de la región, entre ellos Cajicá, ya viven los rigores de la falta de agua debido a la explosión de construcciones por cuenta del volteo de tierras en la sabana.