El taxista que se volvió el zar del tráfico de migrantes en el departamento de Antioquia

La vida de Cristian Camilo Rivera cambio hace tres años. Pasó de ganarse la vida como conductor de taxi en Medellín, a conformar una red criminal encargada del transporte y alojamiento de migrantes ilegales. El hombre, junto a otros siete integrantes, conformaron los Andariegos, banda dedicada al tráfico de migrantes hacia los Estados Unidos.

Las autoridades identificaron que, gracias a las ganancias del negocio ilegal, Rivera paso de vivir en una zona humilde de la ciudad, a un conjunto cerrado en Sabaneta, Antioquia. El nuevo lugar de residencia tenía un costo cercano a los seiscientos millones de pesos.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, la estructura criminal tenía enlaces con conductores de buses, carros particulares, dueños de hoteles y lanchas. 

“Se logró detectar que adquirió varios vehículos de servicio público, una camioneta de alta gama avaluada en 200 millones de pesos y un apartamento en el municipio de Bello, Antioquia, registrados todos a nombre de otras personas, a la fecha estaba negociando para adquirir una finca por más de 2.000 millones de pesos, la cual pretendía pagar con dinero producto del tráfico de migrantes”, afirmó el coronel Edwin Masleider Urrego Pedraza, director de la Dijin.

Las rutas por las que movilizaban los migrantes

La organización criminal se dedicaba al tráfico de migrantes provenientes de países como Cuba, Haití, China, Somalia, Nigeria, Angola, Pakistán, India y Bangladés, los cuales ingresan al país principalmente por la frontera con Ecuador. Una vez estaban en Colombia, eran transportados vía terrestre por integrantes de la organización. 

La investigación determinó que las personas eran transportadas en buses de servicio público y en automóviles particulares. Los migrantes pasaban por la vía que de Cali conduce a Cartago, Valle del Cauca; pasaban por La Virginia y Pereira, en Risaralda; y luego por Medellín, hasta Necoclí, Antioquia. Desde ahí, la travesía continuaba por vía fluvial hasta llegar a Capurganá, en el departamento del Chocó. En ese punto se daba el paso a Centroamérica, en donde continuaban su rumbo hasta los Estados Unidos.

Como parte del negocio ilegal hospedaban en lugares de confianza a las víctimas para preservar su clandestinidad y ante el temor de ser descubiertos por las autoridades. También cambian constantemente de números telefónicos y hacían la coordinación de manera personal o mediante aplicaciones de mensajería instantánea.

La segunda ruta, que era más exclusiva, se ofrecía a ciudadanos asiáticos, los traían desde Ecuador hasta Bogotá, para trasladarlos en avión hasta San Andrés. Desde la isla, los transportaban en lancha hacia Nicaragua. El costo de estetrayecto era de 3.000 dólares por persona.

Las interceptaciones de la Policía

Los ocho capturados fueron presentados ante un Juez de control de garantías y la Fiscalía General de la Nación que les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes. Entre las pruebas, están interceptaciones realizadas por las autoridades.

En una de ellas, se le escucha a Rivera dando órdenes para la salida de migrantes hacia Centroamérica:

Cristian Rivera: Estamos de buenas, transportando a un grupo de chinos, los estoy recogiendo en Tulcán y los traigo hasta Bogotá en particular.

Andrés (socio): En Bogotá tenemos la línea que los puede montar hasta San Andrés

Cristian Rivera: En San Andrés, en lancha hasta Nicaragua, les cobramos hasta 2.500 dólares en paquete, porque usted sabe que está muy costoso, y me dicen que están pasando hasta los venezolanos. Están pasando por ahí en ese precio, porque a los venezolanos les están cobrando 1500. Que más quiere huevón.