Elecciones 2023: ¿qué le pidió la Defensoría del Pueblo a la CIDH?

Esta semana se volvió a reunir la Comisión Nacional de Garantías Electorales para hablar sobre el seguimiento y medidas tomadas en los territorios por falta de seguridad. Incluso, las autoridades han encontrado varios cargamentos que, presuntamente, serían de grupos armados ilegales para atentar en el marco de las elecciones locales. 

Debido a lo anterior, y el recrudecimiento del conflicto en el Cauca, Carlos Camargo, defensor de Pueblo, dio a conocer que envió un requerimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se proteja la vida de las personas que se encuentran ejerciendo un cargo público o que están aspirando a uno.

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“Le hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para que sean protegidos los derechos a la vida, integridad personal y políticos de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y personeros, así como de candidatas y candidatos a las elecciones regionales, que serán celebradas en octubre de este año”, indicó Camargo. 

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De acuerdo con el funcionario, estas medidas son de extrema urgencia, pues afirmó que en lo que va del año 35 servidores públicos y 42 candidatos han sido amenazados por grupos armados en Caquetá, Norte de Santander, Chocó, Nariño, Putumayo, Bolívar, Arauca, Cauca, Guaviare, Huila, Tolima, Meta, Antioquia y Valle del Cauca.

“Las medidas cautelares solicitadas tienen carácter extremo, urgente y prioritario, dada la inminente amenaza en la que se encuentran servidores públicos y participantes en la contienda democrática”, agregó el defensor. 

Sumado a las múltiples amenazas de muerte y la falta de garantías para ejercer política en el país, la Defensoría ha identificado 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo alto "lo cual quiere decir que hay altas probabilidades de la ocurrencia de hechos vulneratorios de los derechos humanos", según documento la institución. 

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Camargo espera que con dicha petición se logre mitigar y anticipar a las posibles violencias que pueden ejercer las personas en sus territorios.

“A todos, absolutamente a todos, se les debe respetar y garantizar la vida. Por eso le solicitamos a la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para los servidores públicos y candidatos que están en riesgo por cuenta del accionar de los actores armados. De la Comisión esperamos una respuesta satisfactoria porque nuestro objetivo misional es anticiparnos, mitigar y contrarrestar las posibles afectaciones que se puedan presentar en el previo y durante la jornada electoral. La vida y los derechos políticos de los ciudadanos tienen que ser salvaguardados”, ratificó.