Empresa de camionetas blindadas le habría 'metido gato por liebre' al Gobierno

Este miércoles, en El Reporte Coronell de W Radio, el periodista Daniel Coronell habló de una polémica respecto a vehículos alquilados por el Gobierno nacional.

Durante la administración del expresidente Iván Duque, una compañía alquiló carros que, supuestamente, eran blindados a la Unidad Nacional de Protección (UNP). No obstante, dichos vehículos eran "maquillados": realmente no satisfacían las características necesarias para salvaguardar la integridad de aquellas personas que tenían asignadas.

Neostar Seguridad de Colombia Limitada, encabezada por el empresario Alan Perlman, fue la empresa involucrada en las irregularidades. "Para el momento en el que empezaron las denuncias, la empresa del señor Perlman había celebrado ocho contratos de alquiler de vehículos blindados", asegura Coronell.

La situación se conoció luego de que dos personas que estaban bajo protección notaron que los vehículos otorgados por la UNP en realidad no eran blindados. Para notar el engaño se basaron en detalles del tanque de gasolina y el peso de los vehículos.

Los dos afectados fueron Rafael Guarín Cotrino, exconsejero presidencial para la Seguridad Nacional, y un primo del expresidente Álvaro Uribe. El primero se dio cuenta de las irregularidades en 2020 y el segundo, en 2019.

El exconsejero, tras darse cuenta, emitió una misiva a Daniel Palacio, quien era el director de protección encargado y que luego encabezó el Ministerio del Interior. La comunicación decía:

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"La camioneta asignada para mi protección por la UNP no cuenta con blindaje total. Exclusivamente los vidrios tienen blindaje".

Luego de la denuncia, el caso llegó hasta la Fiscalía. Según el reporte, "uno de los falsos vehículos blindados estaba asignado a Piedad Córdoba y otros a defensores de derechos humanos". Por esto, Coronell sugiere que el fraude en cuestión, que comprometía la integridad de los afectados, no tenía preferencias políticas.

La Fiscalía inició en 2019 el trámite de la denuncia por estos hechos, la cual fue interpuesta por la abogada Nataly Hernández a nombre de la UNP.

Por otra parte, se debían demostrar las irregularidades de los vehículos respecto a su falta de características que garantizaran seguridad para los protegidos. Dicha demostración técnica requería desmantelar las camionetas y un análisis balístico de las partes susceptibles a blindarse.

Sin embargo, realizar el proceso de desarmado es difícil, ya que en el país hay pocas compañías blindadoras capaces de desmantelar un vehículo para comprobar si este resiste impactos de proyectiles. Por este motivo, la Fiscalía terminó acudiendo a Neostar, que no solo alquilaba carros, sino que también les ponía blindaje.

Por otra parte, Coronell también asevera que había una irregularidad extra: la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad no había autorizado con anterioridad el blindaje de varios de los vehículos.

Así las cosas, el ente investigador incautó seis camionetas, pero aún son decenas las que permanecen activas en la UNP, en teoría, protegiendo la vida de personas amenazadas, según el periodista.

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"Uno de los peritos investigadores asegura en un documento que los pretendidos blindados tienen la misma seguridad de un carrito Spark. No resistirían un ataque a bala (...) Todo era mentira".

El proceso se le asignó a Mario Barahona, fiscal ante el CTI. No obstante, aún no hay decisiones determinantes al respecto y los investigadores creen que próximamente se archivará el caso.

En este momento está abierto un proceso en la UNP para alquilar más camionetas blindadas y la empresa del señor Perlman está participando sin ningún problema.

Para escuchar por completo El Reporte Coronell y conocer los detalles que revela, consulte el siguiente video: