Estos son los crímenes por los que la JEP imputó a diez excombatientes de las Farc
Crédito: Cortesía JEP
La JEP imputó por crímenes de guerra y lesa humanidad en contra de comunidades étnicas y campesinas en el Norte del Cauca y sur del Valle del Cauca a diez antiguos miembros de las Farc.
Por: Santiago Luque Pérez
Por primera vez la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a antiguos miembros de las Farc por reclutamiento de menores, en total fueron 14 los crímenes de guerra y lesa humanidad atribuidos. Los procesados por el tribunal de justicia transicional son diez antiguos miembros de dos columnas móviles que operaban en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca.
Entre los delitos están ataques contra la población civil, empleo de minas antipersona, asesinatos y desapariciones de líderes de comunidades étnicas y campesinas; y persecución, reclutamiento y utilización de niñas y niños.
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Para el tribunal el éxito del plan del Comando Conjunto de Occidente de las Farc “exigía el sometimiento de los pueblos indígenas y afrocolombianos para los fines de la organización y ello, por supuesto, desconoce su autonomía y autodeterminación”. El auto asegura que la guerrilla buscaba romper los tejidos sociales, fracturar las urdimbres comunitarias y obstaculizar los procesos organizativos propios.
Frente a esta decisión se presentaron tres salvamentos parciales de voto. Según la JEP, las magistradas Lily Andrea Rueda, Julieta Lemaitre y Catalina Díaz Gómez no encontraron concordancia entre los hechos descritos en la ponencia y la calificación jurídica propuesta.
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La JEP aseguró que se han logrado avances y declaraciones en la justicia transicional que no habían ocurrido en la ordinaria, pues algunos de los comparecientes ya habían pasado por los estrados judiciales.
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“Comparecientes que estuvieron privados de la libertad por delitos menores (...) han reconocido en sus versiones ante la JEP crímenes mucho más graves, como su participación en tomas a municipios, reclutamientos de niños y niñas, utilización de minas antipersona y asesinatos, por los cuales nunca fueron investigados”, aseguró el magistrado Raúl Sánchez.
Los diez comparecientes imputados por perpetrar crímenes que violaron gravemente las
normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) son: Diego Ardila Merchán, José Gregorio Lasso Céspedes, Efrén Núñez Pulido, Remigio Valero Ríos y Gloria Ramírez Basto, quienes hicieron parte de la comandancia de la columna móvil Gabriel Galvis. También Reinel Natalio García Mujica, Braulio Vásquez Fonseca, James Castro Jaramillo, Heriberto Reina Suaza y José Antonio Muñoz, quienes formaron parte de la columna móvil Jacobo Arenas.
Desde la JEP aseguraron que se está tramitando un incidente de régimen de condicionalidad en contra del compareciente Reinel Natalio García Mujica. “Se ha recibido información en donde esta persona no habría cumplido con el Acuerdo de Paz y eso es lo que se debe investigar para saber si la información es cierta o no”, dijo el magistrado Sánchez.
Si se comprueba que el imputado se alzó en armas y delinquió después del primero de diciembre de 2016, será excluido de la justicia transicional.
Qué sigue en el caso
Los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y conductas o rechazar las imputaciones. También en este tiempo las víctimas acreditadas y el Ministerio Público podrán presentar observaciones frente al auto.
Al terminar este periodo se recibe la respuesta de los comparecientes. En caso de que acepten los cargos y haya voluntad, reconocimiento y aporte a la verdad plena, se realizará una audiencia en la que la JEP adoptará una resolución de conclusiones y posteriormente se impondrá una sanción, si es el caso, la cual debe ser consultada con las víctimas, debe tener un propósito reparador e implica restricciones efectivas de la libertad y otros derechos.
En cambio, en caso de que los comparecientes nieguen su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.
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La Sala de Reconocimiento de la JEP aseguró que durante 2023 emitirá otros autos de determinación de hechos y conductas sobre otros responsables de las estructuras de las Farc.
