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Falsos positivos: Álvaro Uribe salió a descalificar a abogados que lo denunciaron ante justicia argentina
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Un grupo de familias de víctimas de falsos positivos, acompañadas por un colectivo de abogados y organizaciones internacionales, presentaron una denuncia en contra de Álvaro Uribe ante la justicia argentina por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante su mandato.
Por: Carolina Calero

Luego de que varias familias, en conjunto con tres organizaciones de derechos humanos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Corporación Jurídica Libertad, presentaran una demanda ante la justicia argentina en contra de Álvaro Uribe Vélez por los falsos positivos durante su gobierno, el exmandatario respondió con un trino en su cuenta de X.
En su publicación, Uribe dice que el mismo colectivo de abogados que siempre ha creado "infamias" a su nombre, ahora quiere llevarlo ante la justicia argentina.
En contexto
En el tuit, Uribe hace referencia al macrocaso 07, que trata sobre el "reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado". Este caso se relaciona con las acusaciones hechas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en contra de las declaraciones de Elí Mendoza, también conocido como Martín Sombra, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En su declaración, Mendoza presenta una versión de los hechos que difiere de la confesión que hizo en su momento Carlos Castaño, donde confirmó la muerte de 49 personas en la masacre de ese municipio en 1997. Así mismo, durante los últimos 26 años, se han condenado a 24 miembros de grupos paramilitares y seis militares por su participación en la masacre.
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¿Cuáles son los argumentos para la demanda en Argentina?
Los familiares de las víctimas de falsos positivos han recurrido a la justicia argentina en busca de justicia, ya que consideran que en Colombia no se ha obtenido una respuesta adecuada. Los casos denunciados abarcan el periodo de 2002 a 2008, durante el mandato de Álvaro Uribe como presidente.
Los demandantes alegan que el expresidente tenía conocimiento temprano de la práctica de ejecuciones extrajudiciales, no tomó medidas adecuadas al respecto y desestimó y desacreditó las denuncias. Incluso, a pesar de saber que sus tropas estaban matando civiles, las presionó para aumentar el número de bajas, considerándolo un indicador clave de éxito en su política de Seguridad Democrática.
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