La finca de un paramilitar que un delegado de la SAE no quiere entregar a las víctimas

Un delegado de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), responsable de la gestión temporal de bienes incautados, se ha negado a entregar una finca que pertenecía a un paramilitar al Fondo para las Víctimas.

El individuo en cuestión es Antonio Bustos Sánchez, quien actúa en representación de Inversiones Rodríguez Fuentes y fue designado por la SAE como depositario de la finca La América, valuada en 26.000 millones de pesos y anteriormente propiedad del paramilitar y empresario Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, conocido como comandante Barbie.

El predio se encuentra ubicado en una zona fértil para la producción de aceite de palma, en el municipio de Chimichagua, departamento del Cesar. Dado que perteneció a un paramilitar, la ley dictamina que este tipo de bienes deben ser entregados a las víctimas. Sin embargo, Bustos, en su calidad de delegado, presentó una objeción ante la Sala de Justicia y Paz en Barranquilla para evitar dicha entrega.

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Esta situación fue revelada por La W Radio, que también informó que la solicitud de Bustos fue inicialmente rechazada por Justicia y Paz. El organismo ordenó investigar las razones detrás de esta acción del delegado. A pesar del fallo del tribunal, Bustos continuó insistiendo en que la finca no sea entregada, y será la Corte Suprema de Justicia quien en última instancia defina el proceso.

El hombre también ha sido objeto de críticas por su gestión en la administración de La América, debido a las sospechas de un arrendamiento a un precio notablemente bajo, lo que podría haber causado un posible detrimento patrimonial al Estado. Se sospecha que el individuo alquiló algunas de las 1.400 hectáreas de la propiedad a un costo inferior a 5.000 pesos mensuales por hectárea.

Según el medio citado, estas hectáreas se destinaban a la plantación y extracción de aceite de palma, una actividad económica sumamente rentable. Sin embargo, con las tarifas establecidas por Bustos, el Estado solo obtenía ganancias de 60.000 pesos al año por hectárea arrendada. La Sala de Justicia y Paz ha solicitado investigaciones exhaustivas sobre este asunto.

La entrega de estas tierras a las víctimas ha enfrentado obstáculos que no solo provienen del delegado. A pesar de que Justicia y Paz dictaminó que el predio debía ser declarado improcedente para la acción de extinción de dominio, con el fin de entregárselo al Fondo de Víctimas, el juez José Ramiro Guzmán Roa, quien pidió devolver todas las propiedades al comandante Barbie en diciembre según Noticias Caracol, ignoró esa orden. 

Lo que se sabe hasta el momento es que a pesar de las decisiones judiciales y las órdenes de entrega de la finca al Fondo para las Víctimas, esta sigue en manos de la SAE, bajo el argumento de estar en "administración directa".