Fuerte reacción del padre Francisco De Roux

El Congreso decidió sacar del Plan Nacional de Desarrollo el artículo que acogía con respeto las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Estas, sin ser legalmente vinculantes, entraban en el Plan para orientar la discusión democrática sobre los cambios institucionales indispensables para avanzar hacia un país reconciliado.

Esta decisión hace un daño enorme a la autoridad ético-política de la Comisión y deslegitima el Informe y el enorme proceso de toma de conciencia que durante cuatro años llevó al país a reconocer la necesidad de un cambio estructural para hacer realidad al acuerdo firmado en el teatro Colón. 

El daño producido por la decisión no está en atajar las recomendaciones que de diversas maneras siguen inspirando al Plan, sino en el golpe dado a la legitimidad ética pública de la Comisión. Esta fue establecida en el Acuerdo para fundar, en la búsqueda de la verdad, y no en la verdad acabada y absoluta, las transformaciones y negociaciones que el mismo Acuerdo puso en marcha al requerir que se fijaran, hacia adelante, las condiciones para la no repetición del Conflicto.

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Por esta articulación sustancial con el Acuerdo entre el Estado y las FARC-EP, la Comisión definió en la primera de sus recomendaciones el que el gobierno, que fuera elegido en junio de 2022, implementara totalmente el Acuerdo salido de La Habana.

Con la decisión tomada el pasado viernes en la discusión democrática del Congreso, la oposición al Acuerdo del Colón, que considera ilegítimas las instituciones salidas del mismo, consiguió golpear a fondo la virtud ética púbica de la Comisión. Además, logró aliar para su propósito a los congresistas que fueron determinantes en el Acuerdo del Colon, y así afectó gravemente la autoridad pública de la institución que el Estado se dio a sí mismo para escuchar con libertad a víctimas y responsables,  para tomar conciencia de la tragedia humana de cerca de diez millones de colombianos y para buscar los caminos difíciles de un cambio en serio. 

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad del Conflicto Armado Interno fue la institución en la que el Estado escuchó a las víctimas y responsables como nunca lo había hecho y en la que allegó con poder constitucional la información que fue posible sobre los derechos humanos. Fue una tarea institucional hecha con total independencia de los partidos políticos representados en el Congreso, de la rama judicial, del Ejecutivo y de las Fuerzas de Seguridad. 

Lo central de la Comisión fue la búsqueda de la verdad del conflicto y el resultado es el haber establecido, desde el dolor de la tragedia de todos los lados, de las personas sobrevivientes, las  organizaciones de la sociedad civil, los indígenas, los afro colombianos, los campesinos, los jóvenes de los barrios populares, los colombianos en el exilio, las personas LGTBQ, las organizaciones de mujeres, los niños llevados a la guerra, los territorios y en muchos casos las universidades, los militares,  y  la Comunidad Internacional, los grandes patrones estructurales que promueven el conflicto armado interno e hicieron necesario el Acuerdo de la Habana y que, a pesar del logro importantísimo del Acuerdo, continúan actuantes en el país. Todo esto para presentar, por orden del decreto 588, las recomendaciones para desactivar esos patrones o dinámicas de la violencia política en las recomendaciones para la No Repetición.

La destitución moral de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad es el núcleo de lo logrado por el Congreso que, inmediatamente, para dejar claro el propósito, creó dentro del Plan de Desarrollo una nueva comisión de la memoria y la verdad situada en el Centro Nacional de Memoria Histórica, que depende de la presidencia de la república. 

Con seguridad las negociaciones de paz en marcha, que la misma Comisión pone en las recomendaciones, necesitarán una institución que continúe la búsqueda de la verdad. Pero esta, por esencia, no puede depender de ninguna instancia del Estado y debería incluir el inmenso esfuerzo de la sociedad y del Estado hecho en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en el sistema establecido con la Jurisdicción Especial para la Paz y en la Unidad para encontrar a las personas dadas por Desaparecidos. Pero esto se excluye en el nuevo artículo. 

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad nunca buscó que sus recomendaciones obligaran al Estado de manera formal, legal, vinculante; y la formulación con la que presentó Planeación Nacional las recomendaciones en  el articulado del Plan, no tenía esa condición vinculante. 

Obviamente, al tratar de enfrentar la totalidad de las dinámicas subyacentes al conflicto armado, como se lo exigía el decreto salido del Acuerdo que crea la Comisión, esta tenía que ir más allá del mismo Acuerdo. No para vincular legalmente a las partes como ocurre en el texto del Acuerdo, sino para presentar recomendaciones que son de carácter ético político. 

La Comisión, al construir su análisis y recomendaciones desde una inmersión en la tragedia del conflicto armado interno, levantó un reclamo durísimo a la sociedad, al Estado, a la guerrilla y a los paramilitares. Con la fuerza moral que da la evidencia de la destrucción de nosotros mismos desde todos los lados, la Comisión deja en la conciencia nacional el clamor de que esto no puede seguir así si nosotros pretendemos ser seres humanos. Esto produce una vinculación moral, ético-política cuestionadora e inevitable a todos los niveles.

Esa vinculación moral fue acogida con inmensa esperanza por millones de victimas en el país y en el exilio, y fue acogida con respeto y admiración por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, las Naciones Unidas, de manera discreta y clara por el Papa Francisco, y fue recibida con esperanza por las Cortes colombianas y por el Consejo de Estado, por los embajadores de Europa y del continente que participaron con la Comisión en centenares de actos de reconocimiento de la verdad en terreno, por los rectores de universidades, por ciudades como Paris y Guernica, Madrid y Cuernavaca, y por instituciones y ciudadanos en Washington y Boston, ciudad de México y Buenos Aires, Bruselas y Londres, Barcelona y Madrid, Estocolmo y Toronto,  que al conocer el Informe y el proceso, han sentido el poder vinculante moral que logró la Comisión. 

Este vinculante moral, de cuestionamiento incómodo a la conciencia de los guerrilleros y exguerrilleros, de los paramilitares, de los partidos políticos de izquierda y derecha, de los presidentes,  los militares, las académicos, los medios de comunicación e incluso la Iglesia y las iglesias, es incómoda para todos y todas, pero eso es lo que hace una Comisión de la Verdad que, por definición, “no es políticamente correcta” ni puede negociar la verdad de nuestra tragedia humana a pesar de todo lo bueno y valioso que se ha construido en el país en cultura, instituciones y desarrollo.  Este es la vinculante moral que ha sido golpeado en el alma de Colombia por el Congreso de la República.