Presidente Gustavo Petro rechazó solicitud de destinar 2,5 billones de pesos para el aseguramiento de salud

Esta semana, un grupo de exministros, excodirectores del Banco de la República y expertos en el área de la salud publicaron una carta abierta dirigida al ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, en la que le solicitan trasladar de forma urgente 2,5 billones de pesos al presupuesto destinado al "aseguramiento, reclamaciones y servicios integrales en salud". Sin embargo, el presidente Petro rechazó la propuesta, pues justificó que la UPC superó la inflación este año y que hay dineros de la salud perdidos. 

“No señores. Este año la UPC para EPS creció 12 por ciento, 6 por ciento por encima de la inflación. Hay decenas de billones de pesos de reservas técnicas extraviadas”, trinó en su cuenta X el jefe de Estado.

En su momento, el Ministerio de Salud explicó que el incremento de la UPC sería de 6,71 por ciento, pero que decidió aumentarlo con base en el IPC proyectado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (9,73 por ciento), lo que correspondió a un 3,02 por ciento adicional. A esto se sumó la actualización del Plan de Beneficios en Salud, con la inclusión de tecnologías que representan un 2,28 por ciento.

Por otra parte, el pronunciamiento de los expertos se dio después de que la Contraloría publicara un nuevo informe en el que reveló que algunas EPS se habrían gastado una parte de los recursos de la Unidad del Pago por Capitación (UPC) que el Gobierno les giró en el año 2020, durante la pandemia del covid-19. Se habrían usado 6 billones de pesos para pagar deudas viejas, mientras que más de 5 billones de pesos no tienen soportes de gastos. Estos recursos tienen por norma una destinación específica, que es la atención en salud y, por eso, no podían gastarse en otros fines. 

Las advertencias de los exministros y expertos en salud

Los más de 160 firmantes de la misiva habían señalado que el aseguramiento en salud “no cuenta con los recursos necesarios para cubrir el compromiso gubernamental de girar el valor de UPC y presupuestos máximos aprobados para el año 2024”. Además, aseguraron que el "empleo inapropiado" de los recursos gestionados por el Ministerio de Salud para financiar personal e infraestructura en las regiones habría generado afectaciones en el acceso de los ciudadanos a su derecho fundamental a la salud.

"Los recursos remanentes son necesarios para el financiamiento de la UPC al cierre del año. A la fecha, y de conformidad con el ritmo de gasto al mes de mayo, se requerirá una incorporación adicional mínima de 2,3 billones de pesos a este rubro. La UPC financia más del 97 por ciento de los servicios de salud y es la garantía del derecho fundamental", se lee en la carta.

Según los firmantes, a la fecha se han girado 1,6 billones de pesos y se registra una disminución en su apropiación de 900.000 millones de pesos, que aún no se sabe a qué rubro será destinado. Por tanto, solo quedan 2,5 billones de pesos disponibles.

“De no efectuarse este traslado, el derecho a la salud estará gravemente comprometido en la segunda mitad del año, en un contexto fiscal adverso con recortes y aplazamientos adicionales”, advirtieron.